La sanción que el gobierno de Trump impone a Chile por vía de la revocación de visas a tres funcionarios públicos del sector Telecomunicaciones requiere atenta lectura.
La administración Trump -según tuiteó el secretario de Estado Marco Rubio- considera que estos chilenos habrían actuado “en contra de los intereses de EE.UU,”. El anuncio oficial no dio nombres de afectados, pero los acusó de “socavar la seguridad regional” en “nuestro hemisferio”: esto es, a sabiendas haber dirigido, autorizado, financiado, apoyado significativamente y/o realizado actividades que “comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones”. Rubio agregó que la sanción a estos chilenos “protege la prosperidad económica de EE.UU.”, sin explicar cómo se vincula la riqueza de Estados Unidos a la seguridad de la región.
La verdad es que aunque a primera vista toda sanción trumpista podría entenderse como castigo al Presidente Boric -vocal en su oposición a su homólogo norteamericano-, la motivación real de esta medida es otra. Y más que un castigo, se trata de una advertencia.
El gatillante es un proyecto de cable interoceánico Chile-Hong Kong, que promueve la mayor telefónica china, y que se encuentra en evaluación por parte de Chile. El embajador de Trump en Chile ha expresado su rechazo a la idea: tuiteó que el proyecto sería “redundante” frente a otro ya aprobado (el cable Humboldt, que financia Google). Este embajador habría además alertado al gobierno de Boric sobre un supuesto espionaje que respecto al proyecto del cable la inteligencia estadounidense habría detectado. El gobierno respondió a esa alerta por vía del Ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien pidió a la Agencia Nacional de Ciberseguridad investigar el supuesto espionaje.
La reacción de Cordero es reflejo de que más allá de dimes y diretes presidenciales durante este primer año de Trump II, el diálogo entre diversos ministerios de los gobiernos de ambos países -incluyendo materias de seguridad- sigue siendo fluido. De otra forma, no podría explicarse la mantención de la exención de visa para chilenos (Visa Waiver), un privilegio que EE.UU. extiende sólo a socios confiables, siendo Chile el único país latinoamericano de esa lista. Lo mismo vale para las negociaciones comerciales que ha sostenido SUBREI en el último año en vistas a mantener nuestro TLC, que lleva 22 años en vigor y es uno de sólo 14 acuerdos económicos que EEUU tiene con otros países.
¿Es esta sanción a Chile la consecuencia obvia de una tirria trumpista? La verdad es que no somos tan especiales. Hace algunos meses, Washington revocó progresivamente visas de al menos 14 figuras de Costa Rica: un país bien gobernado, estable y cercano a EE.UU. La razón habría sido forzar en ese país la exclusión de China en los planes de implementación de la red 5G. El expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, magistrados que revisaban el tema, parlamentarios que expresaron haber sido presionados por la Embajada de EE.UU. en ese país, y el representante de la empresa Huawei en San José, fueron afectados. El secretario Rubio había previamente amenazado con sancionar a costarricenses “que no están trabajando a favor del bienestar del pueblo y el interés nacional de su país” al “colaborar con actores extranjeros que representan una amenaza para la ciberseguridad”.
Rubio explicó estas sanciones argumentando el deseo trumpista de “contrarrestar la influencia corrupta de China” en la región. A juicio de EE.UU., los costarricenses afectados, en el presente o en el pasado, han actuado “en nombre del Partido Comunista Chino”, y dirigido, autorizado, financiado, apoyado o realizado “actividades que socavan el Estado de derecho en la región”. Rubio añadió que, a través de las sanciones, Trump busca asegurar “la prosperidad económica” de EE.UU. y una “rendición de cuenta” por parte de quienes “colaboran con China, desestabilizando nuestro hemisferio”.
La sustancial coincidencia entre las sanciones adoptadas contra personeros de Costa Rica y de Chile pone en evidencia que la acción de EE.UU. respecto de nuestro país no se trata de un castigo a un gobierno saliente, por más que a estos funcionarios (pronto, ex funcionarios) y sus parientes (por cierto inocentes) se les impida entrar a EEUU (ningún extranjero tiene el derecho de entrar a otro país; la entrada al territorio nacional es siempre prerrogativa soberana).
Estas sanciones a chilenos constituyen en realidad una expresión concreta, para nuestro país y nuestra región, de la “doctrina Donroe”, vertida en la Estrategia de Seguridad Nacional oficial de la administración Trump II. En ella EE.UU. reivindica a América Latina como su “hemisferio” (“patio trasero”), fijando como meta la restauración de su preeminencia: “En nuestro Hemisferio negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales”, establece el documento.
Se trata de la implementación local de una estrategia global, que puede ampliarse a otros países, y donde la gravedad reside no en el hecho de que algunos connacionales no puedan entrar a EE.UU.; sino en la presión que ejerce una superpotencia sobre países más pequeños, de economía abierta, para cumplir sus dictámenes y así asegurar “por las buenas o por las malas” -en palabras del propio Trump- su predominio en las áreas geográficas e industrias de su interés. Es cosa de preguntar cómo ha sido el último año para algunos de nuestros socios más cercanos: Canadá (el mayor inversionista extranjero en Chile), Panamá (de cuyo canal Chile es uno de los mayores usuarios), México (al que a menudo Trump amenaza con invadir), y la Unión Europea (en especial, el matonaje sufrido por Dinamarca para quitarle Groenlandia).
Chile ha construido la red de tratados económicos más amplia del mundo. Su apertura, iniciada en dictadura y cultivada en democracia, ha traído progreso material y humano. Es cierto que, como fruto de procesos nacionales de reflexión, los marcos legales para las inversiones en muchos de los países a los que queremos parecernos incluyen alguna consideración a factores de seguridad nacional. Pero los gobiernos democráticos de Chile hasta hoy han elegido mantener la regla de no discriminar según el origen de cada proyecto.
La no intervención en asuntos internos es un principio básico de las relaciones internacionales; y nuestra política de Estado en materia de comercio e inversión, mantenida a lo largo de 40 años, ha sido la apertura. Aceptar presión de cualquiera de nuestros socios, para que ese otro defina qué constituye nuestra seguridad nacional, y para que nuestros funcionarios aseguren la primacía de ese socio por sobre otros -so pena de sanciones-, sería más que quebrar un viejo paradigma de trabajo. Sería quebrar nuestra soberanía.
Y como dice una vieja canción:
Hay un límite.
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