Quiero creer que todos estamos de acuerdo en que el crecimiento económico es clave para el desarrollo de nuestro país. Por ello, Chile como potencia exportadora dependiente de sus puertos, que mueven el 95% del comercio exterior, es hoy uno de los principales desafíos para el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Hemos escuchado y leído innumerables veces sobre la amenaza del megapuerto de Chacay en Perú para los puertos chilenos y nuestro comercio internacional. Pero me gustaría recordar algunas cifras que muchas veces pasan inadvertidas.
El puerto de Chancay fue inaugurado en noviembre del 2024 y en su primer año movió 352.591 TEUs, proyectando alcanzar 1 millón de TEUs en su tercer año. Esto hoy está muy lejos del actual potencial de San Antonio. Durante el 2025 movió más de 2 millones de TEUs, récord histórico con un crecimiento del 14% respecto al 2024, consolidándose como el principal puerto de Chile y el noveno más activo de Latinoamérica, supremacía nacional que ya se había consolidado el 2024 que le permitió regresar al Top 100 mundial en la edición 2025 del ranking de Lloyd’s List.
Pese a que Chile avanza en digitalización y en su ámbito regulatorio, la urgencia radica en acelerar obras de infraestructura, modernización y expansión. A lo que está pendiente, como los proyectos de nuevas grúas en Arica y San Vicente, las próximas licitaciones para el 2030 en los puertos de Valparaíso, San Antonio e Iquique, y los estudios para un nuevo puerto en Natales, se suman problemas de continuidad en la operación producto de las marejadas cada vez más frecuentes, restringiendo el buen funcionamiento de los principales puertos del país.
Además de las excesivas regulaciones ambientales que han puesto freno al exitosos sistema de concesiones que ha tenido Chile en las últimas décadas. Se suma a esto el factor de la seguridad por el alza de robos y delitos al sistema de transporte terrestre.
Sin duda, los puertos chilenos enfrentan desafíos estructurales frente al megapuerto de Chancay que ciertamente a mediano y largo plazo, representa una amenaza competitiva al poder reducir fletes para Brasil y atraer tránsito sudamericano. Frente a ello, sí es una urgencia extender frentes de atraque en Valparaíso y San Antonio, así como realizar inversiones en puertos como del Biobío para manejar cargas hacia y desde Argentina vía el Corredor Bioceánico, potenciando así nuestra conectividad como ningún otro país tiene en la región, ámbito en el que ya tenemos terreno ganado.
No quiero afirmar que Chile está rezagado frente a Perú, las cifras no avalan dicha sentencia por muchos instalada. Pero nuestro país vecino, que cuenta con inversión china para su puerto de Chancay, más temprano que tarde podría afectar la competitividad del comercio exterior chileno si no se actúa rápido y de manera diligente.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para nuestros vecinos y debemos considerar sus implicancias de cara a nuestras próximas concesiones portuarias. Frente al reciente fallo de la justicia peruana que, en primera instancia, resolvió restringir la supervisión estatal sobre el puerto de Chancay, se prende una alerta sobre nuestros futuros contratos portuarios para el 2030.
No es menor que incluso la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtiera de que Perú podría verse imposibilitado de supervisar uno de sus principales puertos atentando contra el derecho soberano de los países a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio.
Entonces para Kast los desafíos son múltiples y urgentes. Expertos del sector portuario recomiendan priorizar una Política Nacional Portuaria vinculante, para coordinar ministerios, regiones y privados, junto con la liberalización del cabotaje.
Además, proponen modernizar nuestra infraestructura invirtiendo en rompeolas contra marejadas, equipamiento con más tecnología, seguridad nocturna y más recursos para la vigilancia portuaria que permitiría además combatir el crimen organizado; y un mayor uso del ferrocarril para accesos logísticos eficientes. Todo esto acompañado de una extensión de contratos hasta 40 años con incentivos e impulsar una segunda etapa de concesiones con foco en innovación, digitalización y transición energética.
La Ley Portuaria del 2023, heredada de Boric, ha sido calificada por algunos como un Frankenstein burocrático que desalienta inversiones. Kast ha propuesto una nueva ley de puertos eficientes, inspirada en Singapur, con automatización y hubs logísticos en el Biobío. Para avanzar en ello serán esenciales los acuerdos parlamentarios.
Otro tema fundamental es el factor externo con la desaceleración china y la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos que ciertamente tensionan las exportaciones. Si nuestros puertos no operan al 100%, Chile pierde competitividad frente a Perú y Brasil. El nuevo presidente debe atraer inversión extranjera como los US $2.000 millones prometidos por DP World en San Antonio.
Kast tiene herramientas como acelerar las asociaciones público privadas, vía decreto supremo, para simplificar trámites, reducir burocracia y agilizar licitaciones mediante marcos normativos más flexibles, permitiendo al Estado movilizar inversión privada para nuestros puertos. También puede usar su capital político pensando en el exitoso modelo de Rotterdam, donde un diálogo tripartito y la tecnología redujeron conflictos. Chile necesita lo mismo: puertos modernos, no ideologizados.
El camino es claro. Si Kast controla este vital escenario, sin duda, podrá reactivar la economía nacional. De lo contrario, los puertos serán la gran deuda de su gobierno. Como dijo O’Higgins, el control marítimo es esencial para el desarrollo de nuestro país.
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