José Antonio Kast llega con un mandato claro: actuar rápido para restaurar el orden. La ciudadanía que lo apoyó en la elección no le pidió diagnósticos, sino resultados rápidos y permanentes. Sin embargo, ¿cómo puede Kast tomar decisiones estructurales sin conocer con precisión la profundidad real de los problemas heredados? Prometer, por ejemplo, recortes drásticos del gasto público sin saber con exactitud el déficit efectivo puede transformar lo que hasta ahora se ha interpretado como una señal de firmeza en un problema político mayor.
Kast ganó, en gran medida, gracias a su propuesta de un gobierno de emergencia. Pero ello no explica la victoria por sí solo. Si bien buena parte del electorado que lo apoyó lo hizo por su promesa de entregar resultados concretos, incluyendo deportaciones y mayor presencia policial, otra parte del electorado lo hizo simplemente porque era mejor que la alternativa del frente que no proponía nada relevante. Ambos electorados, tanto el que votó convencido como el que lo hizo por descarte, no quieren excusas ni improvisaciones.
El propio Kast ha advertido que no existen soluciones mágicas y que los cambios profundos, visibles en el largo plazo, toman tiempo, pero aquí surge el problema central: ¿cómo decidir qué reformar, qué recortar, y qué priorizar sin saber con precisión el estado real del aparato público que se recibe?
El gobierno saliente deja una narrativa optimista, autocomplaciente. Pese a haber contribuido al deterioro, y a haber conducido el país a través de tres años extraordinariamente malos, ahora destaca la estabilidad macroeconómica lograda y la inflación normalizada. La Ministra Vallejo dice que Chile aparece lejos del colapso, pero es claro que su opinión no toma en cuenta la sensación ciudadana, que siente que, bajo este gobierno, la inseguridad se ha vuelto parte de la rutina, las fronteras se han debilitado y el Estado se ha vuelto selfserving e ineficiente.
Esta brecha, entre relato y experiencia cotidiana, alimenta la desconfianza en una situación que ya es mala, y hace necesario fijar una forma para establecer hechos con certidumbre.
Por lo mismo, la salida más razonable para Kast no es elegir entre acción o diagnóstico, sino ordenarse en fases que permitan avanzar de inmediato en aquello que satisface a la base dura sin alienar a los votantes moderados que se sumaron en segunda vuelta
Por ejemplo, aplicar mano dura en seguridad mientras se mantienen temporalmente los programas sociales que abren focos de conflicto.
En crimen y migración, efectivamente, no cabe esperar. Son temas urgentes, visibles y con amplio consenso ciudadano para medidas más estrictas. Mayor control fronterizo, deportaciones más rápidas dentro del marco legal y un refuerzo claro de la presencia policial son acciones que pueden implementarse desde el primer día.
Reforzar el paso Colchane, aumentar recursos para el control terrestre o incluso implementar “corredores humanitarios” que faciliten expulsiones ordenadas son ejemplos de medidas concretas que permiten generar victorias tempranas y recuperar la sensación de autoridad del Estado.
Todo lo demás, sin embargo, necesita una auditoría general. No como excusa para ganar tiempo, sino como condición mínima para conducir reformas responsables, que además encuentren apoyo ciudadano. Una examinación amplia e incluso externa del Estado, que revise contratos, transferencias, programas y estructuras ministeriales, no solo permitiría contar con un diagnóstico real antes de tomar decisiones con efectos duraderos, sino también explicarle a la ciudadanía por qué determinadas medidas de austeridad son necesarias y en qué se justifican.
En el ámbito económico existe consenso en que el crecimiento es bajo y que la inversión privada sigue débil, incluso cuando la bolsa muestra repuntes puntuales. El problema no es la ausencia de datos, sino la falta de confianza en que esos datos permitan una lectura completa y compartida del punto de partida fiscal.
Declaraciones contradictorias, correcciones sucesivas en proyecciones oficiales y episodios como la salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda han instalado una duda razonable sobre cuán ordenada y transparente fue la gestión de las cuentas públicas en el tramo final del gobierno. En ese contexto, una auditoría no apunta a descubrir irregularidades, sino a despejar incertidumbre antes de definir una estrategia que se pueda proyectar con confianza en el tiempo.
A esta incertidumbre se suma el aumento significativo del gasto público y el crecimiento sostenido de la deuda, producto de sucesivos incrementos presupuestarios durante el gobierno de Boric. Parte de ese aumento se puede explicar por coletazos de la pandemia, la crisis social o el contexto inflacionario. Sin embargo, sin una auditoría resulta difícil distinguir con precisión cuánto de ese gasto fue estrictamente necesario y cuánto responde a prioridades de los gestores de turno o su asignación ineficiente de recursos. Ajustar sin esa distinción puede terminar afectando áreas sensibles mientras se mantienen intactos focos de ineficiencia.
La corrupción es otro ámbito donde la auditoría se vuelve imprescindible. En los últimos años han estallado escándalos notorios, especialmente ligados a fundaciones “sociales” que recibieron transferencias millonarias con graves irregularidades.
Casos como Democracia Viva o ProCultura no solo dañaron la imagen del gobierno, sino que expusieron debilidades estructurales en los mecanismos de control del Estado. Aun no existe certeza legal sobre si estos casos son episodios aislados o la manifestación de un mecanismo intencional. Una revisión exhaustiva podría revelar la magnitud real del aparente fraude.
Finalmente, el tamaño del Estado concentra críticas persistentes. Se habla de burocracia inflada, de operadores políticos y de “amarres” que pretenden premiar trabajadores por su momento de ingreso, sin considerar que puedan implicar duplicidad de funciones o servicios innecesarios. Sin cifras precisas y sin un mapa claro de funciones, dotaciones y resultados, cualquier intento de reducción puede volverse arbitrario o injusto, afectando a quienes más depende del servicio público.
Una auditoría general permitiría resolver el problema de fondo. Transparentaría la herencia recibida del gobierno de Boric ante la ciudadanía y entregaría información para actuar con fundamentos. Esto no solo ayudaría a moderar expectativas de manera realista, sino que evitaría decisiones apresuradas, como eliminar servicios o cargos públicos, que sí podrían estar cumpliendo funciones críticas.
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