“Amarre”: Hasta 380 mil funcionarios públicos podrían beneficiarse de proyecto de Hacienda que restringe despidos

El primer choque entre el gobierno saliente de Boric y el gobierno entrante de Kast se produjo a raíz del acuerdo de Hacienda por el reajuste al sector público. El documento dificulta poner término a las contratas de los empleados del gobierno central, municipalidades y universidades estatales. “Hacienda debió haber informado el alcance y los costos de esta medida”, señala el economista David Bravo, quien realizó un cálculo del universo de potenciales beneficiados.

Lo nuevo. Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y uno de los asesores más estrechos de Kast, sostuvo este jueves que el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales sobre el reajuste del sector público de 2026 podría “dinamitar” la relación con el gobierno de Boric.

• Al margen de la cifra de reajuste, equivalente a un 3,4%, la mayor controversia la generó el punto 14 del acuerdo, que establece restricciones para despedir funcionarios públicos.
• El documento señala que en el proyecto de Ley “se incorporará una norma que dispone que la no renovación de contratas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.
• Además, en una nueva interpretación del principio de confianza legítima de los funcionarios, el acuerdo agrega: “Los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación. La Contraloría General de la República sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Beneficiados. Según las estimaciones del economista David Bravo, director de Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, se puede estimar que “el acuerdo rigidiza el estatus de contrata de casi 380 mil personas que están en el sector público”.

• Aquello, considerando que sólo en el Gobierno Central, según el informe trimestral de la Dirección de Presupuestos, para un total de 534.807 personas contratadas, 294.145 tienen estatus de contrata.
• Además en las municipalidades en 2024 había 84.656 personas a contrata. A ello habría que sumar los funcionarios bajo esta modalidad en universidades y otras reparticiones.
• “Es un número muy significativo si se considera que hoy los funcionarios de planta, que tienen mayor rigidez, del Gobierno Central y municipalidades son cerca de 245 mil personas. Ahora con el acuerdo se añade a este grupo a casi 380 mil personas adicionales”, afirma Bravo.
• “Dado que el acuerdo está suscrito por Hacienda y Dipres, habría sido útil que se pusiera un informe técnico que indicara el alcance del acuerdo y los costos hacia adelante”.

Lo que dice la ANEF. Aunque en la mesa del sector público de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) afirman que no se ha hecho un estudio sobre la cantidad de personal a contrata del Estado, estiman que los beneficiados con esta norma administrativa serían alrededor de 400 mil funcionarios.

• El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, calificó como insuficiente el reajuste al sector público pero defendió la norma para rigidizar despedidos. Señaló en Cooperativa que no se trata de un “amarre” sino que la medida busca evitar “la discrecionalidad abusiva” en los despidos.
• “Esto ha sido un planteamiento histórico de la ANEF, de toda la mesa del sector público. Y por lo tanto ahora entendemos que frente a un escenario de cambio de Gobierno nunca queremos ser botín político del gobierno de turno (…) El año 2010 nos despidieron arbitrariamente a más de 11 mil compañeras y compañeros de trabajo”, señaló.

Quiebre de confianzas. Kast ha dado señales conciliadoras tras su elección del domingo, con el 58,1% de los votos. En su discurso de triunfo, el republicano dijo que quería buscar acuerdos con la oposición.

• Ese día conversó con el Presidente Boric telefónicamente y volvieron a reunirse al día siguiente en La Moneda con un llamado a tener un traspaso de mando ordenado.
• Si embargo el documento firmado por el ministro de Hacienda Nicolás Grau el miércoles tensionó el ambiente.
• Según señaló el senador electo Arturo Squella en La Segunda “si el gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo que le convenga eso”.
• “Lo que vemos camuflado en el proyecto  de reajuste es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales. Si esto se traduce también en acelerar nombramientos u otras definiciones que en rigor le corresponden al nuevo gobierno, se configuraría un escenario que nadie quiere”.

La tesis de Dorothy Pérez. En la oposición también advirtieron que el acuerdo, al plantear los derechos de los funcionarios con dos años de servicio, intenta intervenir en el debate de la “confianza legítima”. Se trata de una interpretación jurídica que permite que si un funcionario a contrata se mantiene varios años en el Estado no puede ser desvinculado abruptamente.

• El acuerdo de Hacienda y las organizaciones sindicales contraviene el criterio de la contralora Dorothy Pérez, quien derivó los reclamos por despidos en el supuesto de la “confianza legítima” a los tribunales de justicia.
• Alfonso España, investigador de Horizontal experto en empleo público, cree que la norma de despido fundado de funcionarios no tendrá mayores implicancias.
• Sin embargo, considera que “es bastante desprolija la forma en que se busca restablecer la confianza legítima (del ex contralor Jorge Bermúdez), sin debate de fondo, sin reforma al estatuto administrativo, con parches y eventualmente generando tensiones entre la Contraloría y el Poder Judicial”.

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