El Congreso vetó el 90% del Presupuesto 2026, el mayor rechazo en quince años. No es un episodio aislado ni una disputa parlamentaria más, sino la confirmación de que el gobierno perdió control sobre su relato y sobre su gestión.
Un presupuesto debería ser el instrumento más técnico de la política, pero este se presentó como un texto ideológico, lleno de prioridades simbólicas y con escasa viabilidad operativa. El Congreso no lo rechazó solo por cálculo partidista, sino porque también faltó rigor técnico para sostenerlo.
¿Fue un veto político o técnico? Las dos cosas. La oposición aprovechó el momento, pero el gobierno le ofreció el pretexto perfecto. Lo que debía ser un ejercicio de planificación terminó convertido en una batalla por credibilidad. Cuando la gestión pierde consistencia, las decisiones dejan de evaluarse por sus resultados y comienzan a juzgarse por su fe.
En lo inmediato, el rechazo se explica por dos fallas evidentes: un error político de origen y un error técnico innegable. El primero se encarna en el debut de Nicolás Grau, nombrado no por mérito profesional, sino por afinidad personal. Boric se dio el lujo de tratar el gabinete como un espacio de confianza, no de competencia, reforzando la percepción de que la gestión se subordina a la camaradería ideológica.
Esa práctica, sostenida en el tiempo, transformó los ministerios en lo que parecieran ser zonas de confort político más que en centros de gestión. Lo que en su momento pudo parecer un gesto de lealtad hoy refleja el aislamiento del gobierno frente a la realidad administrativa.
El segundo error, técnico, se evidenció con el caso de Diego Pardow. Un ministro incapaz de advertir un error básico en una fórmula tarifaria terminó revelando la precariedad del control interno del Estado. No fue un desliz menor, sino la señal de un gobierno sin filtros profesionales sólidos. El episodio no se cerró con su salida: dejó instalada la duda sobre cuántos errores similares permanecen invisibles. En un aparato estatal donde la supervisión es débil, cada falla se multiplica. Y en materia fiscal, esa mezcla de confianza política y falta de competencia técnica erosiona la credibilidad con rapidez.
Estos errores no son casuales. Responden a una forma de gobernar que privilegia la afinidad sobre el mérito y la convicción sobre la evidencia. Es un patrón que se repite en cada ministerio, en cada decisión presupuestaria y en cada proyecto que el Congreso termina bloqueando. El problema no es solo que el gobierno se equivoque, sino que insista en los mismos errores con la justificación ideológica de estar “haciendo lo correcto”.
Según las encuestas, Boric tiene entre 25% y 30% de aprobación y Jara apenas roza el tercio en intención de voto. El desgaste no se explica solo por la coyuntura, sino por la pérdida de confianza en la capacidad de gestión. El Ejecutivo parece más concentrado en sostener su identidad que en diseñar políticas públicas eficaces. Cada decisión pasa por el filtro de la conveniencia narrativa, no por el impacto real que pueda tener. La distancia entre discurso y resultado explica por qué el presupuesto se transformó en un punto de ruptura.
La sobreideologización ha marcado el cuatrienio completo. Se mantuvieron las fronteras abiertas mientras aumentaba la inseguridad, se repitieron dos procesos constituyentes fallidos y se insistió en agendas simbólicas por sobre las urgencias prácticas. La gestión pública quedó subordinada a causas que dividen más de lo que resuelven. El gobierno dejó de mirar el panorama general para enfocarse en los temas que le rinden políticamente dentro de su propio bloque.
Quizás los resultados no habrían sido tan negativos si al menos hubiese existido solvencia técnica, pero tampoco la hay. La subejecución ha sido crónica y la planificación presupuestaria perdió rigor. El caso de Pardow es solo uno de varios. La Dirección de Presupuestos pasó de ser un organismo técnico a ser la prolongación de la voluntad política del Ejecutivo. Esa pérdida de independencia deteriora la calidad de la información fiscal y vuelve al Estado menos predecible, menos creíble y, en consecuencia, menos eficaz.
La victoria improbable de Boric —justo después del plebiscito constitucional de 2020 y la elección de constituyentes en 2021— fue interpretada como un mandato moral más que como una oportunidad política. Por lo mismo, nunca se tomó en serio la importancia de administrar bien el Estado. El gobierno confundió ética con gestión y discurso con capacidad. La improvisación se hizo norma, en un contexto donde la ideología desplazó la competencia. El resultado fue la consolidación de una cultura de gobierno sin estándares ni prioridades claras.
Así, el veto al Presupuesto 2026 no es una sorpresa ni una anomalía. Es la consecuencia natural de un ciclo que mezcla convicción ideológica con debilidad técnica y aislamiento político. Lo que el Congreso rechazó no fue solo una propuesta fiscal, sino una concepción del poder centrada en la afirmación ideológica más que en la gestión efectiva del Estado.
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¿Por qué solo el voto útil podría salvar a Evelyn Matthei? Por Jorge Schaulsohn (@jschaulsohn).https://t.co/q5v3EheFJh
— Ex-Ante (@exantecl) October 31, 2025
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