Abogado de dueños de terrenos tomados en San Antonio: “Nos parece una vergüenza la respuesta del gobierno”

Diego Pereira -abogado de los dueños de los terrenos de la megatoma de Cerro Centinela- afirma que el gobierno ha dilatado la solución, pese a que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya dio el cúmplase del desalojo. La usurpación de los terrenos, donde se instalaron 10 mil personas, lleva seis años. “En los hechos lo único que se logró en los seis meses de conversaciones con el Gobierno en la mesa técnica fue ganar tiempo”, afirma.

-La resolución de la Corte ordena el cúmplase y obliga al gobierno a instalar un albergue transitorio para proceder al desalojo. ¿Exigirá a las instituciones que informen de los avances en la constitución de los albergues y se fije una fecha para la expulsión de los pobladores?

-La Corte de Apelaciones de Valparaíso ya ratificó el cúmplase de esta medida. Pero en los escritos presentados ante esta instancia por parte de distintos organismos públicos, estos informaron que no están las condiciones para implementar esta resolución de la justicia.

-¿De qué manera piensan responder a esta suerte de inmovilismo?

-Nos parece una vergüenza esta respuesta, ya que el Gobierno ha tenido más de un año y medio desde la primera resolución judicial a firme de desalojo para preparar un albergue y cautelar la dignidad de las personas. Por esta razón, el viernes pasado solicitamos a la Corte que se aperciba a los ministerios involucrados a cumplir con lo resuelto y se establezca una fecha específica para el desalojo.

-¿Cree que el gobierno ha buscado prolongar el tema y no ha generado las condiciones para un acuerdo, porque quiere postergar una solución hasta la próxima administración?

-No juzgamos las intenciones detrás de los actos del Gobierno, pero en los hechos lo único que se logró en los seis meses de conversaciones con el Gobierno en la mesa técnica fue ganar tiempo, validando de alguna manera el delito de usurpación, al organizar a los usurpadores en cooperativas.

-La toma de Calicheros finalmente fue desalojada y demolida. Aunque no se basó en el derecho de propiedad, sino en la irregularidad de las construcciones. ¿Ven como un ejemplo positivo lo que sucedió en Quilpué?

-Lo sucedido en Quilpué es un ejemplo de que los fallos de la justicia deben ser cumplidos y que su ejecución corresponde al Estado. En ese caso, el fallo se originó en lo irregular de las construcciones, pero en el nuestro se ordena el desalojo porque la justicia comprobó que se trata de una usurpación ilegal que priva a los legítimos propietarios del derecho a disponer de su propiedad.

  -La usurpación en San Antonio lleva seis años. ¿Cómo esperan que el Estado cumpla con el fallo de la justicia, que dispone la devolución de la propiedad, dado el tamaño de esta toma? ¿Lo ven viable, con todas las aristas políticas involucradas, que incluso han impactado en el debate presidencial?

-Las resoluciones de la justicia en un Estado de Derecho deben ser cumplidas. El gobierno tiene la obligación de hacer efectivo el desalojo, “de manera paulatina y razonable”, como dice el propio fallo. Celebramos como un avance en este sentido las recientes declaraciones del ministro de Seguridad, Sr. Luis Cordero, quien ha expresado que harán cumplir el fallo, y de la subsecretaría del Interior, la que informó a través de un comunicado el pasado viernes que el gobierno está trabajando en “establecer y coordinar las condiciones” para llevarlo a cabo.

-¿Qué opina sobre los dichos de Carlos Montes respecto de que un dueño de los terrenos era cercano a la campaña de Jeannette Jara? 

-No tengo antecedentes de esto y no veo qué relación pueda tener con el caso. Lo único concreto es que los propietarios han hecho todo lo que está a su alcance ante la justicia y el gobierno para que se les restituya su terreno y se respete el Estado de Derecho. Eso es lo relevante aquí.

-¿Cómo evalúa la gestión del ministro? 

-No quiero personalizar, pero evaluamos que el Ministerio ha dilatado el problema sin dar solución ni a los tomadores ni a los legítimos propietarios del terreno.

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