Septiembre 29, 2025

Departamento de Estado advierte que la permisología ha golpeado el clima de inversiones en Chile

Ex-Ante
Trabajadores revisan restos arqueológicos encontrados durante la construcción de la Línea 7 en 2023. (Metro de Santiago)

“Las ineficiencias sistémicas explican la complejidad del sistema de permisos de Chile, que afecta por igual a los inversores nacionales y extranjeros”, dijo el informe sobre clima de inversión 2025 del Departamento de Estado estadounidense, que valoró la tramitación de la ley de autorizaciones sectoriales, publicada este lunes.


Por qué importa. La advertencia que el Departamento de Estado estadounidense hizo sobre las “ineficiencias sistémicas” del sistema de entrega de permisos en Chile en su informe sobre clima de inversión de 2025, mostró cómo lo que internamente se conoce como “permisología” está afectando la imagen del país en el exterior.

  • Estos permisos abarcan desde autorizaciones del Consejo de Monumentos por presuntos hallazgos de restos arqueológicos, hasta compensaciones por daños medioambientales y trámites municipales, entre otros.
  • La advertencia de Estados Unidos está contenida en el capítulo chileno del reporte publicado este mes, que en 28 páginas describió a Chile como un país atractivo para invertir, pero con desafíos pendientes.
  • En uno de sus puntos, el informe destacó la tramitación de la nueva ley de autorizaciones sectoriales, que fue publicada este lunes en el Diario oficial. El documento es previo a su promulgación.
  • La nueva norma busca reducir entre un 30% y 70% los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales, modernizando 380 autorizaciones que dependen de 37 servicios públicos, dijo el gobierno.

Las críticas a la permisología. “Las ineficiencias sistémicas explican la complejidad del sistema de permisos de Chile, que afecta por igual a los inversionistas nacionales y extranjeros”, dijo el documento.

  • “Un informe de 2019 de la Comisión Nacional de Productividad, órgano asesor presidencial en materia de normativa y políticas públicas, identificó varios desafíos”. Entre ellos están los siguientes:
  • “La existencia de recursos humanos, materiales e información insuficientes; plazos imprecisos para otorgar los permisos; regulaciones inconsistentes, y falta de coordinación entre diferentes agencias”.
  • “Estos factores redundan en la falta de previsibilidad para la admisibilidad, otorgamiento y revocación de permisos”.
  • “Si bien, según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), las tasas de cumplimiento normativo en Chile son generalmente altas, el enfoque de los reguladores sigue siendo punitivo y se centra en la inspección, en lugar de en la prevención y el fomento del cumplimiento”, dijo también el informe.
  • “Cada institución con responsabilidades de aplicación de la normativa tiene sus propios procedimientos de sanción”.
  • “La Ley 19.880 de 2003 establece los principios de revocación y el recurso jerárquico contra las decisiones de la administración. Un acto administrativo puede impugnarse mediante la interposición de un recurso ante los tribunales ordinarios de justicia o por vía administrativa, mediante una petición dirigida a la Contraloría General de la República”.
  • “Las partes afectadas también pueden interponer un recurso formal ante el Tribunal Constitucional contra una normativa específica”.

Otras advertencias del informe. Además de la permisología, el informe reiteró cuestionamientos a la reforma de pensiones: “las empresas han expresado su preocupación sobre cómo se implementará un nuevo mecanismo destinado a fomentar la competencia”, dijo el documento en relación con la incorporación de actores diferentes a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).

  • En enero, el American Council of Life Insurers (ACLI), —que representa a 280 aseguradoras estadounidenses, incluidas las controladoras de AFP chilenas como Principal Financial Group (AFP Cuprum), MetLife (AFP ProVida) y Prudential Financial (parte de AFP Habitat)—, había expresado su preocupación por la reforma.
  • Advirtió entonces que la propuesta de licitación del stock de afiliados podría constituir una “expropiación de inversiones” y violar tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile.
  • El documento también mencionó tareas pendientes en cuanto a derechos de autor —“Chile no ha cumplido plenamente con sus obligaciones en materia de propiedad intelectual establecidas en el Tratado de Libre Comercio — y advirtió sobre la penetración del crimen organizado.
  • “En los últimos cinco años, organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua comenzaron a establecer operaciones en Chile, en muchos casos lideradas por migrantes que ingresaron ilegalmente”, dijo el informe.

Lea el informe:

 

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