Luego de un año y medio de tramitación, el 1 de julio el Congreso despachó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), pero un incidente propio de la “permisología” demoró su publicación. Un grupo de 42 diputados oficialistas, alarmados por supuestas transgresiones al derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional. Con todo, en una votación dividida, el recurso fue declarado inadmisible.
Lo curioso de esta acción no radica solamente en que haya sido presentada por parlamentarios oficialistas contra una ley de su propio Gobierno, sino que también en los fantasmas que hay detrás de lo que llegaron a calificar como una “regresión ambiental”. Una de las materias que más rechazan son las técnicas habilitantes alternativas (THA), pues estiman que sería una renuncia del Estado a tutelar los bienes públicos.
Sin embargo, es difícil sostener seriamente esta afirmación cuando en Europa desde el 2006 se aplican los mismos principios, contenidos en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, sin que hayan ocurrido los descalabros que anuncian sus detractores chilenos.
Las THA se establecen como la regla general para permitir la realización de proyectos, lo que constituye una de las principales innovaciones de la LMAS. Consisten en declaraciones juradas y avisos que reemplazarán las autorizaciones previas para iniciar una actividad, siempre que puedan “resguardar de manera suficiente los objetos de protección previstos por la ley sectorial, considerando la magnitud de los riesgos asociados”.
Que no haya un acto administrativo previo para habilitar una actividad no significa que todo esté permitido, pues la utilización de las THA está sometida a una estricta normativa. Lo que se busca es transitar a una mejor regulación de acuerdo con los criterios de no discriminación, proporcionalidad, riesgo, costo efectividad, y simplicidad.
Lo anterior, va de la mano con un fortalecimiento de las fiscalizaciones posteriores, pues si se constata un incumplimiento a la normativa será posible revocar la habilitación. Además, la ley tipifica como delito la presentación de información falsa o incompleta, lo que podrá ser sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 1.000 UTM ($ 6.864.700 a $ 68.647.000).
Con las THA se busca una mejor regulación que elimine reglas innecesarias y cumpla de modo más eficiente con la protección del interés público, compatibilizando este objetivo con servicios públicos de calidad que no traben el crecimiento económico. En esta lógica de mejora, la ley establece un sistema de modernización continua obligando a los órganos sectoriales a realizar un diagnóstico al menos cada tres años para simplificar las autorizaciones y las THA.
La LMAS es un paso para proteger bienes públicos a través de mecanismos que simplifiquen los procesos reduciendo las cargas administrativas y aumentado las responsabilidades. Con todo, las aprehensiones mencionadas sugieren que su aplicación será difícil porque además de las materias que deben resolverse en reglamentos, despierta la oposición en algunos sectores, la que muchas veces se sustenta en prejuicios que olvidan que las inversiones son necesarias para un futuro más sustentable y para crear empleos.
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