Las campañas políticas no siempre respetan ciertas reglas propias de una contienda electoral transparente. Todo lo contrario, en ellas prima la lucha por el poder y el botín; cahuines y difamación, antes que propuestas y colaboración.
En estas circunstancias, no vale la pena escandalizarse porque la candidata Jeannette Jara haya decidido restarse de debates presidenciales. Si bien eso expone que no está dispuesta a ser confrontada con argumentos, será el electorado la que la juzgará en las urnas.
Asimismo, que una serie de operadores políticos haya vociferado que el candidato Kast pretendía acabar con la PGU o gobernar de espaldas al Congreso, atribuyéndole cosas que no dijo, también es parte del juego al que todos debemos estar habituados.
Sin embargo, hay transgresiones que son más graves y demandan una reacción enérgica de la ciudadanía. Se me ocurren dos en este período electoral.
La primera, protagonizada por Evelyn Matthei y los integrantes de su equipo, quienes acusaron, sin prueba alguna, a José Antonio Kast de estar tras cinco cuentas de X que buscaban instalar la idea de que la candidata tenía Alzheimer. Dijeron que eso era propio de regímenes autoritarios y anunciaron acciones legales.
Lo anterior es reprobable, al menos, por dos razones. Primero, le atribuyen a Kast una conducta sin prueba alguna. Segundo, amenazan con meter a la justicia criminal en una campaña política.
Una cosa es que se hagan correr rumores de la mano de twitteros conspiradores. Pero otra es culpar a un candidato de ser parte de esos grupos y buscar perseguirlo criminalmente en lugar de exponer la falsedad de esos rumores y conspiraciones ante la ciudadanía.
Es cierto que esa amenaza de judicialización no prosperó, pero sí dieron paso a que un grupo de parlamentarios del oficialismo le pidiera al Ministerio Público comenzar investigaciones.
Además, hay partidos que se han empeñado en llevar a la papeleta a personas que están siendo perseguidas criminalmente, con argumentos suficientes para justificar un desafuero y una prisión preventiva.
Creer en la democracia es creer que todos somos iguales ante la ley y que el fraude al fisco no le está permitido a nadie. Es creer que la defensa del Estado de Derecho es relevante y que la popularidad de una persona no justifica que pueda hacer lo que le dé la gana con sus semejantes.
Los partidos políticos deben ser responsables ante la ciudadanía de los nombres que llevan a las elecciones. Son instituciones reguladas que cuentan con múltiples beneficios por el rol democrático que deben cumplir. Si no actúan como el primer filtro de quienes llegan al balotaje, entonces, no tienen razón de ser.
Situaciones reprobables como estas son acciones deliberadas y que dan cuenta de la voluntad de algunos de capturar el Estado a cualquier precio.
Es importante castigarlos, con nuestro voto en las elecciones.
Vista preliminar a la elección de senadores. Por (@pepe_auth). https://t.co/xb8pQofzSs
— Ex-Ante (@exantecl) August 20, 2025
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El objetivo de incentivar la inversión es legítimo y necesario. Pero rebajar impuestos sin compensación no es una política; es una apuesta. Lo que diferencia a los países que se desarrollan no es la pureza de sus convicciones. Es la naturaleza de sus acuerdos.
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