Liberación de sicario: suspenden a jueza Irene Rodríguez y a funcionaria judicial

La medida fue tomada por la fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco del sumario disciplinario por la inexplicable liberación del sicario Alberto Carlos Mejía, formalizado como autor del homicidio del comerciante José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Diligencias en el juzgado. La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Clara Carrasco, a cargo del sumario disciplinario por el caso de la liberación del sicario venezolano Alberto Mejía, decidió suspender de sus funciones a la jueza Irene Rodriguez y una funcionaria del tribunal, mientras se realiza la investigación por el caso.

• El pasado 15 de julio, el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, le tomó declaración a la jueza Irene Gladys Rodríguez Chávez sobre la inexplicable liberación de Mejía, formalizado como autor de homicidio por encargo contra el comerciante de barrio Meiggs, José Reyes Ossa, ocurrido el 19 de junio.
• Su liberación fue calificada como grave por el Poder Judicial donde se instruyó un sumario para esclarecer los hechos.

El oficio. La firma de la jueza está en el documento electrónico del 9 de julio enviado a Gendarmería donde se señala que “por resolución dictada con esta fecha en causa RUC 2500852513-K RIT 5507-2025 se ha ordenado oficiar a usted a fin de comunicar que se ha dejado sin efecto la[s) medida(s) cautelar(es) respecto del imputado FERRER RAMIREZ OSMAR ALEXANDER, cédula nacional de identidad número 0000000000-0”.

• “Medida cautelar que se dejan sin efecto: Prisión Preventiva y Ordena Libertad. Saluda atentamente a usted, IRENE GLADYS RODRÍGUEZ CHÁVEZ Juez 8 Juzgado de Garantía de Santiago”.
• El documento cumple con la validación electrónica al escanear el código QR del mismo.
• Según señalaron en la Corte Suprema “el equipo directivo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial CAPJ constató que -inicialmente- se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial”.
• No obstante, el fiscal Pastén señaló que se están investigando tres posibles delitos en en los hechos ocurridos: evasión del detenido por robo con homicidio, negligencia dolosa y falsificación, sin descartar ninguna hipótesis investigativa. También instruyó diligencias a la brigada del Ciber Crimen de la PDI.
• Rodríguez afirmó en su momento que “solamente puedo decir que no hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial. Es lo único que les puedo decir y me declaro inocente en ese sentido”.
• Según la magistrada, “yo decidí que ingresaran los tres (formalizados) a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice. Y eso, decreté tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería”.
• Luego se supo que el individuo de 18 años se llama en realidad Alberto Carlos Mejía Hernández y no Osmar Alexander Ferrer Ramírez, como lo identificaron durante la audiencia de formalización 9 de julio y en los sucesivos reportes del Poder Judicial y el Gobierno.
• Mejía salió del país tras trasladarse al norte de Chile en un auto de una aplicación de transportes.

Quién es la jueza. La jueza Irene Rodríguez -60 años, divorciada, tres hijos- se tituló de abogada el 20 de agosto de 1990.

• Estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso y registra a inicio de su carrera labores en la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
• Es titular del 8° Juzgado de Garantía desde 2016, llegó mediante una terna tras desempeñarse como jueza de familia en San Miguel
• Entre sus resoluciones protagonizó una controversia en 2017 al ordenar la libertad bajo fianza de varios imputados vinculados al caso del megafraude en Carabineros por $5.670 millones. Según los registros de prensa, su dictamen fue criticado tanto por el Ministerio Público como por académicos.
• Tras una extensa audiencia, la magistrada concluyó que el control de detención de los uniformados debió haber sido en tribunales de las localidades donde fueron aprehendidos.
• En su declaración de patrimonio e intereses de 2025, la jueza señala que posee un inmueble en calle Domeyko por $51,5 millones (avalúo fiscal) adquirido en 2023; un estacionamiento por $ 6 millones del mismo año; un departamento en Concón de $50 millones (avalúo fiscal) adquirido en 2019; una casa en Peñalolén de 2010 de 109 millones; dos automóviles de $9,2 y $6,2 millones de 2021 y cuotas en un fondo de inversión por $ 73.257.288 adquiridas en 2021.
• También deudas en hipotecarios y créditos de consumo por $189 millones.
• En su declaración de 2017, al ingresar al cargo, registraba la casa en Peñalolén, entonces avaluada en $50 millones y un automóvil de $8 millones.

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