Trasfondo: Lo que hay detrás del blindaje de La Moneda a la jefa jurídica de la Segpres por casa de Allende

El testimonio de la jefa jurídica de la Segpres Francisca Moya de que sabía que el decreto para la compra de la casa de Allende era inconstitucional, pero sin aludir a Boric, mantuvo en pie la versión de que el Presidente no fue advertido de su ilegalidad. Lo que más llama la atención es que se trata de un error por donde se le mire y que, pese a ello, la abogada recibió un fuerte respaldo del gobierno.

Blindaje al Presidente: La vocera (s) Aisén Etcheverry y el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, salieron este martes a defender a la jefa de la división jurídica legislativa de la Segpres, Francisca Moya, quien aseguró en la Comisión Investigadora de la Cámara que sabía que la compra de la casa de Salvador Allende era inconstitucional, aunque no respondió si se lo dijo al Presidente Gabriel Boric.

• De esa forma, dejó en pie la versión del gobierno de que en última instancia la grave falta fue por desconocimiento del mandatario.
• Lo señalado por Francisca Moya despierta varias dudas. Primero, como jefa jurídica de la Segpres ella es la persona encargada de velar que lo que está firmando el Presidente esté conforme la constitución y la ley.
• La jefa jurídica de La Moneda es la última persona -el último control- que se encarga de conversar con el mandatario antes de que él firme algún documento judicial, en este caso el decreto 38, que Boric firmó el 28 de noviembre de 2024.
• Presidentes anteriores, como Ricardo Lagos o Sebastián Piñera, nunca firmaban nada sin antes tener un parecer favorable de los respectivos jefes jurídicos de la Segpres. Lagos incluso llamaba al suyo, Carlos Carmona, “la República”, una broma para reflejar la importancia de su cargo. Piñera tampoco firmaba sin el visto bueno de Francisca Garcés.
• Por último, pero no menos importante, Francisca Moya es amiga personal de Boric desde hace más de 10 años y más allá de que era parte de su cargo, es sorprendente que -sabiendo que el mandatario estaba firmando algo inconstitucional -no lo haya alertado de las graves consecuencias que eso implicaría.

El extraño respaldo a Moya. Dado todo lo anterior, resulta difícil entender la razón de la defensa incondicional de la labor de Moya por parte de las más altas autoridades del gobierno.

• Durante la reunión del lunes del Presidente Boric con la directiva del PS -para aplacar la ira del partido por la destitución de Isabel Allende- el mandatario prometió sancionar a subalternos que participaron en la elaboración del decreto 38.
• También llama la atención que Moya en su declaración como testigo en la causa penal, el 20 de enero, no haya revelado que al momento de llevarle el documento al mandatario para la firma sabía que era inconstitucional.
• “No recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto de estos decretos en la sesión de la firma. Desconozco quien debió haber considerado las prohibiciones que establecía la constitución, pues desconozco quienes son las personas a quienes se les encargó planificar, analizar y materializar esta tarea”, afirmó en esa ocasión.
• Otro argumento usado para eximir de responsabilidad al gobierno fue que la Contraloría tomó razón del decreto. La pregunta es si un error de Contraloría justifica otro del Presidente.
• “La jefa de la división jurídica reiteró algo que hemos dicho como gobierno y que va en la misma línea de lo que señaló la propia Contralora en la comisión, que es que en el momento, y respecto del decreto 38. Lo que correspondía era hacer un análisis de legalidad respecto del propio decreto y eso fue ratificado por Contraloría en el proceso de toma de razón, ya a eso se refería la respuesta de la jefa de la división, y eso es consistente con lo que hemos señalado como gobierno”, dijo la vocera Etcheverry.

Falta de autocrítica. El testimonio de Moya de que no le advirtió al mandatario constituye una pieza clave para evitar que las responsabilidades sigan escalando. Está claro desde el principio que la idea de la casa museo fue de Boric.

• Pero si a eso se añadiera que desoyó las advertencias de la jefa jurídica, estaría en un problema mucho mayor: no solo habría firmado un decreto inconstitucional, sino que lo habría suscrito pese a haber sido advertido de que era irregular.
• Al ser consultada si el gobierno ha hecho una autocrítica, la vocera Etcheverry dijo lo siguiente: “El gobierno ha sido explícito en que esto no fue llevado adelante de la manera correcta, esto ha tenido por supuesto consecuencias que son muy importantes, se han hecho valer responsabilidades políticas, se están llevando adelante sumarios administrativos para determinar responsabilidades administrativas”.
• Lo anterior no incluye a las personas de mayor rango jerárquico, que no han realizado ninguna autocrítica ni ofrecido disculpas por el decreto que buscaba permitir la compra de la casa de la senadora Isabel Allende, quién sí ha pagado altos costos, al igual que su sobrina Maya Fernández, removida del ministerio de Defensa en marzo.

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