Los jefes de las 16 regiones del país, que por primera vez están siendo elegidos por votación popular, no cuentan con las mismas atribuciones que los actuales intendentes —designados por el Presidente-, y el jefe de Estado mantendrá competencias a través de un nuevo cargo bautizado como “delegado presidencial”. Por lo mismo serán inevitables los focos de tensión y conflictos de competencia. Más allá de sus atribuciones legales -que muy probablemente serán modificadas- el peso específico de los gobernadores estará dado por su respaldo en las urnas. En el caso de la RM, por ejemplo, el electo será la persona con más votos después del Presidente.
Cuestionamientos a la ley. La calidad de la ley vigente cuyo objetivo sería avanzar efectivamente en descentralización y en acercar el poder a la ciudadanía ha sido objeto de controversia. Existe consenso en que para que funcione bien habrá que modificarla. El problema es que, según lo señaló un ex subsecretario “vendieron una revolución descentralizadora, que en la práctica, tal como está en la normativa ahora, no se logrará”.
Tensión y conflicto. “La presencia de dos ejecutivos en la región va a ser muy complicado. Va a generar una tensión y conflictos de competencia. Y va a generar grandes expectativas de los ciudadanos hacia los gobernadores. Por eso debe considerarse este modelo en rodaje, necesita acomodarse en el tiempo”, explica Irarrázabal.
Solicitud de competencias. El gobernador puede pedir al Presidente que se le transfieran competencias para llevar adelante sus planes. Pero a la hora de hacer estas solicitudes, la actual disposición es vaga en relación a cuánto tiempo se puede demorar el Presidente en responder. Eso se está tratando de arreglar con una ley corta.
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