Es muy positivo que haya avanzado, tanto en el gobierno como en la oposición, la idea de que el nivel de fragmentación política es excesivo, que el gran número de parlamentarios independientes profundiza el problema, que la debilidad de los partidos y las bancadas hace que predominen las conductas individuales, y que todo eso hace más difícil la construcción de acuerdos y la gobernabilidad de nuestra democracia. Hay proyectos en el Senado y en la Cámara de Diputados y felizmente se ha iniciado un debate en serio.
Ésta es mi contribución a ese debate.
1.- Propongo restablecer la prohibición de los pactos electorales para elecciones plurinominales, reservándolos exclusivamente para las uninominales (Presidente, gobernadores regionales y alcaldes). Mientras rigió esta prohibición en un sistema proporcional con distritos que elegían hasta 18 diputados, sólo había 5 o 6 grandes partidos que representaban a las principales corrientes de la sociedad chilena. Muchos partidos están hoy representados en el Congreso porque se cobijan bajo el alero de un pacto electoral, sin el cual se verían forzados a converger en grandes formaciones políticas o a periclitar. El efecto de esta medida es la reducción del número de partidos sin necesidad de alterar la voluntad popular.
2.- Restablecer los requisitos previos al 2015 (número de patrocinios equivalentes al 0,5% de los votos válidos de la última elección) para inscribir un partido político. Éstos fueron disminuidos al 0,25% para conseguir el quórum de la reforma de 2015 y es una inconsistencia que hoy sea más fácil crear un partido político que presentar una candidatura independiente. Del mismo modo, el financiamiento público debiera comenzar a regir sólo a partir del momento en que el partido cumple el requisito de votos o número de parlamentarios que establece la ley, para anular el estímulo a la fragmentación del sistema de financiamiento actual de los partidos, que por el solo hecho de constituirse, reciben aportes financieros del Estado. De no lograr el requisito para mantener su legalidad, propongo que la devolución fiscal por voto obtenido que le corresponde al partido de acuerdo a la ley vigente, no le sea atribuido.
3.- Propongo que los diputados y senadores electos que pertenezcan a partidos disueltos por no cumplir la obligación legal vigente del 5% de los votos válidos nacionales deban ingresar a un partido que mantenga su legalidad o a una bancada en calidad de independiente. También los diputados y senadores elegidos en calidad de independientes fuera de los partidos, deberán optar por ingresar a una bancada de alguno de los partidos que hayan cumplido los requisitos. Cada partido tendrá su propia bancada parlamentaria.
4.- Propongo que las bancadas parlamentarias definan ámbitos en los cuales, después de un proceso de debate democrático que incluye votación interna, pueda obligar a todos sus integrantes a actuar según las resoluciones colectivas, excluyéndose, por supuesto, los temas de consciencia y conflictos de intereses. Se debe establecer un sistema de sanciones progresivas al parlamentario -desde las multas, pérdida temporal del derecho a voz, pérdida temporal del derecho a voto, hasta la pérdida del escaño-, en casos de votaciones reiteradas sin respetar los acuerdos democráticos de su bancada.
5.- Los parlamentarios electos por un partido, en calidad de militantes o independientes, deberán permanecer dentro de dicho partido todo el periodo legislativo, pudiendo, sí, presentar su candidatura en la elección siguiente dentro de un partido político diferente o en calidad de independiente con patrocinios. A los parlamentarios cuyos partidos fueron disueltos o se presentaron en calidad de independientes se les aplicará el mismo criterio, sea que una vez electos ingresaron a un partido o a una bancada en calidad de independientes.
6.- Propongo que los recursos de que disponen la Cámara y el Senado para asesoría legislativa sean destinados mayoritariamente -en proporción exactamente inversa a la de hoy- a las bancadas en lugar de a cada parlamentario. Se trata de reforzar la instancia colectiva por sobre la individual. Hoy todos los incentivos están orientados a fomentar el trabajo individual y a debilitar el comportamiento colectivo. Los tiempos de intervención en todos los debates de la Sala de ambas cámaras -salvo unanimidad- deberían ser distribuidos en proporción al número de integrantes de cada bancada y éstas informar a quien preside la sesión quiénes son los parlamentarios que harán uso de la palabra y el tiempo que ocupará cada uno.
Estas medidas apuntan a reducir drásticamente la fragmentación actual del Congreso Nacional, tanto de partidos como de independientes, sin alterar la voluntad de los electores expresada en las urnas, y a fortalecer el actuar colectivo dentro del Congreso, hoy debilitado frente al individualismo rampante que prevalece en la mayoría de las bancadas. Ambas cosas son indispensables para mejorar sustancialmente la gobernabilidad democrática.
Adicionalmente, propongo terminar con el contrasentido de que el requisito para presentar acusaciones constitucionales, el arma de fiscalización más severa de que dispone la Cámara de Diputados, sea el patrocinio de sólo 10 miembros de la Cámara, mientras que el ejercicio de interpelación a una autoridad, herramienta de mucho menor rango y consecuencias, requiera un tercio de los legisladores. Disminuiríamos el abuso recurrente de las acusaciones constitucionales para representar diferencias políticas en lugar de transgresiones constitucionales, si eleváramos el requisito al mismo número de patrocinios que exigen las interpelaciones ministeriales.
Finalmente, propongo que la posibilidad de tramitar indicaciones o leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales o inadmisibles por la Mesa directiva del Senado o la Cámara no se someta a votación parlamentaria, sino que requiera para tramitarse la resolución favorable del Tribunal Constitucional, obligándose éste a constituirse y pronunciarse dentro de 48 horas a solicitud de cualquier parlamentario. Para terminar con el descrédito que generan las reiteradas transgresiones a las atribuciones exclusivas del presidente de la República en las materias más sensibles para el funcionamiento del Estado.
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