El proyecto de ley para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y resolver la deuda educativa ha dejado varias preguntas. Por un lado, propone a los deudores educativos un plan de reorganización y condonación parcial de su deuda. Por el otro, establece un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior, el FES.
En cuanto a la condonación, se abandona la promesa de una universal en favor de una acotada, con una “condonación inicial” que aumenta según la proporción de cuotas pagadas sobre las pactadas. El plan introduce consideraciones de justicia que siempre emergen cuando se discute entregar beneficios a quienes voluntariamente adquirieron una obligación. Lo hace distinguiendo entre tipos de deudores según su situación académica (desertores y egresados) y crediticia (al día o en mora).
Por ejemplo, la mayor condonación (60 UF más el adicional equivalente al número de cuotas pagadas sobre el total de las pactadas) se dirige a quienes, pese a no titularse, han cumplido con sus pagos (18% del total de deudores). Dado que la deserción en educación superior es del 30% y afecta especialmente a jóvenes de bajos recursos, es razonable aliviar su carga financiera.
Por otro lado, los deudores en mora, pero egresados, también se ven beneficiados, aunque en menor magnitud: 20 UF base más el adicional por las cuotas pagadas. La mayoría de estas personas están en el mercado laboral disfrutando de los elevados retornos que tiene la titulación de educación terciaria. En Chile, los ingresos de los trabajadores titulados son 161% mayores que los de quienes solo completaron la educación escolar, el premio más alto de todos los países de la OCDE. ¿Es justo condonarles a ellos parte de su deuda?
Además, quienes decidan traspasarse al FES y, luego de la condonación, prepaguen el 75% del saldo adeudado, recibirán un subsidio del 25% remanente y su deuda se extinguirá (beneficio que existirá solo el primer año de funcionamiento del sistema).
La Dipres estima que el gasto de la condonación será de 40 mil millones de pesos el primer año, reduciéndose paulatinamente a 27 mil millones al año 10 de operación. Estos recursos tienen usos alternativos, como la mejora de infraestructura de las escuelas: este año el Ministerio de Educación destinó 53 mil millones para este fin.
¿Y qué ocurre con quienes ya pagaron su deuda? Recibirán un beneficio tributario anual de 4 UF (egresados) o 6 UF (desertores) durante 20 años. Este beneficio tributario tendrá un costo de 5.500 millones de pesos anuales.
El gobierno ha destacado el carácter voluntario del paso de los deudores CAE hacia el nuevo sistema. Pero hay una salvedad. Este traspaso será automático para quienes la garantía ya les fue ejecutada, cerca del 47% de los deudores. El gobierno debería comunicar explícitamente esta obligatoriedad —consideraciones políticas deben estar primando para esta omisión en las vocerías del oficialismo.
El segundo componente del proyecto corresponde al nuevo instrumento de financiamiento.
Se establece un impuesto a los graduados de la educación terciaria que accedan al instrumento. Los estudiantes ya no se endeudarán por el valor de la carrera a una tasa de interés; estarán obligados a contribuir mensualmente un porcentaje de su ingreso (que no superará el 8%) por un plazo máximo de 20 años, independiente del costo del programa de estudio.
En el futuro habría así un grupo de beneficiarios que “contribuirán” más que el costo de la carrera. Dado el esquema solidario del instrumento, se espera que estos “supercontribuyentes” más que compensen a los beneficiarios que retribuyan al FES un monto menor al costo de la carrera que estudiaron. Según las proyecciones de la Dipres —que asumen que el 100% de los deudores actuales se cambian voluntariamente al FES, un supuesto que no es obvio—, al año 10 de operación las contribuciones equivaldrán al 70% de los desembolsos para financiar a nuevos estudiantes, con un efecto neto negativo de 310 mil millones de pesos.
¿Cómo se cubrirá la diferencia? La Dipres estima que con menores desembolsos por recompra de cartera CAE a la banca y recarga, ahorros que equivaldrán a 733 mil millones de pesos al año 10. Otros ahorros son más discutibles. El informe financiero contempla ahorros adicionales por el aplazamiento de la extensión de la gratuidad a nuevos deciles, sumando más de 100 mil millones luego de una década de funcionamiento.
Este ahorro es, sin embargo, una ficción, pues hoy no existe en los ítems presupuestarios de Hacienda. Con todo, paradójicamente, la implementación del FES retrasará la ampliación de la gratuidad que el propio Gobierno promovió cuando sus cuadros integraron el movimiento estudiantil.
Estas estimaciones generan un escenario muy optimista para la sostenibilidad del sistema, por lo que se requiere un análisis más profundo a los supuestos y contrafactuales en los que se basan.
Pero, aunque en el papel el sistema propuesto lograría beneficios tanto para los deudores como para las arcas fiscales, lo hace al costo de incrementar severamente la estrechez financiera de las instituciones de educación superior. El atributo más cuestionable del FES es el establecimiento de regulaciones más estrictas al cobro de aranceles, prohibiendo los copagos a los estudiantes hasta el decil 9 de ingresos (hasta ahora, el CAE no establece límites de copago y la política de gratuidad los prohíbe solo hasta los estudiantes del decil 6 de ingresos).
Este cambio amenaza la sostenibilidad financiera de las instituciones, reduciendo la calidad del sistema y profundizando su segregación, pues algunas instituciones podrían no adherirse al sistema y apuntar a la pequeña elite de estudiantes que puede costear los aranceles reales sin necesidad de ayuda.
El Estado no está en condiciones de reemplazar el aporte que hacen los hogares al financiamiento de la educación superior, donde el 58% de los costos son asumidos por las familias. Sin espacio fiscal para sustituir el gasto privado, el sistema propuesto amenaza con ahogar económicamente a las instituciones de educación superior del país, especialmente a aquellas más complejas y que realizan un mayor aporte a su progreso económico.
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