Adas Gold, corresponsal de CNN, cuenta que en junio el Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo sobre el estado de salud del presidente Joe Biden, provocando críticas desde la Casa Blanca y de muchos medios, incluido CNN. Los ataques al WSJ se centraron en el uso de citas de republicanos para dañar la imagen de Biden y en la sospecha de que buscaban allanarle el camino a Donald Trump.
Las críticas hacia quienes cuestionaron la capacidad mental de Biden no cesaron hasta que se produjo su muy mala performance en el debate de la semana pasada en CNN. Fue solo entonces, ante la evidencia innegable de las complicaciones del mandatario para mantener el hilo, que la prensa y analistas cercanos a los Demócratas comenzaron a cuestionar si habían sido lo suficientemente rigurosos y objetivos al evaluar las capacidades de Biden para conducir el país.
En resumen, solo después del debate y cuando ya era tarde, surgió el mea culpa de haber intentado tapar el sol con un dedo por miedo a que las dudas sobre la salud de Biden fortalecieran a Trump.
Guardando las distancias, traigo a colación esta experiencia del norte del continente a propósito de lo que vemos en Chile, a meses de cumplirse cinco años del estallido social. En estos años, hemos visto cómo el péndulo de las preocupaciones sociales y los relatos dominantes han dado sentido hegemónico a lo que ocurrió en 2019.
En la discusión pública y en los medios, la narrativa minimiza la demanda ciudadana, esa que se expresó vehementemente en las calles sin violencia, y la reduce a un delirio pasajero instigado por la izquierda radical. La impugnación a las élites políticas y económicas casi no prevalece, como si negarlas, no hablar de ellas o esconderlas entre los problemas de seguridad, las hiciera desaparecer. Las explicaciones de lo ocurrido se centran en el “octubrismo” y en las consignas refundacionales del primer proceso constituyente, en lugar de dar algún crédito al malestar de base.
Es como si quisiéramos convencernos de que el malestar social expresado en 2019 fue un invento orquestado por lo que hemos etiquetado como “octubrismo”. Negamos esta realidad y fantaseamos con que la ausencia de protestas en las calles significa que el malestar se ha disipado. Algo similar a los demócratas norteamericanos que se ilusionaron con que si Biden no hablaba, estaba en condiciones de gobernar. Hasta que habló, porque inevitablemente tenía que hablar.
Pero la verdad, nuestra verdad, es que, parapetados tras la crisis de seguridad, hemos mantenido la basura bajo la alfombra. Chile no crece, el costo de la vida aumenta y la desigualdad de ingresos se agudiza. Educación, salud, vivienda y pensiones siguen siendo problemas sin resolver para una clase política que ha perdido el miedo a la calle y ha vuelto a lo de siempre: desacople con la sociedad, peleas adversariales, desdén por los acuerdos y trifulcas por hegemonías electorales.
Una élite política de viejo y nuevo cuño que, después de jugar con las expectativas de la ciudadanía en dos procesos constituyentes identitarios, ahora está ocupada en temas triviales y en disputas internas, en lugar de abordar los problemas reales del país.
La luz subirá bastante más de 30 pesos en los próximos meses debido a un crédito que la clase política pidió a nombre de los ciudadanos y que ahora tendremos que pagar con intereses millonarios. Esta situación despertará rabias y frustraciones con la política, por ahora aletargadas por la vulnerabilidad en materia de seguridad y la rabia contra los migrantes.
Así todo, las alzas sostenidas de las tarifas harán evidente que negar el malestar solo lo ha incrementado, tal como la negación de la salud mental de Joe Biden ha terminado agrandando a Donald Trump.
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