Todo indica que el “caso Hermosilla” nos tendrá un buen tiempo discutiendo distintas temática a raíz de la información que se vaya levantando de su investigación. Si la semana pasada se trataba del renunciado Director General de la PDI, hoy se habla sobre su posible recomendación o intervención en favor de actuales ministros de Cortes.
No se trata de un tema nuevo, ya el 2019, con posterioridad del escándalo que se suscitó en la Corte de Apelaciones de Rancagua, el gobierno de turno indicó que presentaría una reforma constitucional en la cual se excluiría al Presidente de la República del nombramiento de jueces y se crearía un Comité de Nombramiento de Jueces y de Selección de Fiscales. De este modo, se buscaba restringir la participación del Ejecutivo -salvo en el caso de la Corte Suprema donde también participa el Senado- y otorgar procedimientos más transparentes y criterios más objetivos, basados en competencias, más que en recomendaciones.
Algunos parlamentarios también se han pronunciado y creen que, más que restringir la participación del poder político, se debiera prohibir el “lobby” de abogados/as para evitar la posible futura captura o devolución de favores.
Uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho y garantía de uno de los principios básicos de la democracia -la igualdad ante la ley- es un Poder Judicial independiente e imparcial, tanto de presiones políticas, de privados y de grupos de interés. Por eso, su sistema de ascensos, nombramientos, calificaciones y remoción se convierten en una piedra angular para velar por esta independencia e imparcialidad.
Precisamente el Estado de Derecho es una de las dimensiones que nuestra región ha visto decaer en los últimos años. Si miramos el reporte del Estado Global de la Democracia del año 2023, de IDEA Internacional, de 27 países evaluados en las Américas, 12 se encuentran bajo el promedio global en esta categoría y se trata de una categoría que ha experimentado, en general, descensos en países con deficiencias institucionales.
Hemos visto como en algunos países el poder político intenta cooptar o neutralizar al Poder Judicial -como El Salvador y Guatemala, por nombrar algunos- y, lo mismo, con redes de crimen organizado. Así, sin ir muy lejos, el año pasado se detuvo a ocho jueces, un político y varios funcionarios judiciales de Ecuador por presuntos lazos con el narcotráfico, que habría entregado finos licores, joyas y fajos de billetes a cambio de favores en los tribunales.
Nuestro sistema no está libre de esto, si bien el Poder Judicial y nuestra judicatura se ha mantenido bastante al margen de este tipo de escándalos y su independencia está bien evaluada en diversos indicadores internacionales, ha habido propuestas para continuar con su fortalecimiento y hacerse cargo de constantes riesgos que van mutando.
La propia Corte Suprema se ha pronunciado al respecto y de hecho reconoce que el sistema actual “podría permitir algunos espacios de opacidad” y fue tema de debate y de propuestas en ambos procesos constitucionales fallidos, intentado separar la función jurisdiccional de la disciplina interna y evaluaciones.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados también se ha pronunciado al respecto. Y si bien no hay una única propuesta de consenso, varias de ellas apuntan a generar un mayor blindaje de influencias o capturas externas a quienes tienen el rol disciplinario, de ascensos y remociones. Para el Poder Judicial, este es el poder político, para algunos parlamentarios, de quienes litigan.
Es de esperar que saquemos lecciones de las crisis y que la reforma, respecto de la cual hay bastante consenso, se discuta de manera seria, con evidencia y el sentido de urgencia que requiere.
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