El 9 de agosto, en el Teatro del Lago de Frutillar, Boric participó en un foro para la descentralización y anunció la decisión del gobierno de transferir a las regiones atribuciones “sobre más de 40 programas e instrumentos en los ámbitos de desarrollo productivo, desarrollo cultural y social y ordenamiento territorial”, según publicó ese día el sitio de Presidencia. Se indicó también que se trataba de dotar a los gobiernos regionales de herramientas para planificar estratégicamente un desarrollo para los territorios.
“Creo que el acuerdo que acaba de firmar la Directora de Presupuesto, que yo sé que no le gusta ser protagonista de estas cosas, pero que ha hecho una tremenda pega, y te felicito Javiera, porque sé también que hay muchos que dudaban en el momento cuando decidimos que una persona joven asumiera este desafío, es tremendamente importante”, indicó el Mandatario, refiriéndose a Javiera Martínez (RD).
Y añadió lo siguiente:
“Le agradezco mucho la Asociación de Gobernadores porque el poder dotar de autonomía presupuestaria, de que ya la glosa presupuestaria no dependa del Ministerio del Interior, sino que sea una glosa aparte de los Gobiernos Regionales y de flexibilidad para su ejecución, es algo que puede sonar muy administrativo, puede sonar algo como de manual de derecho medio árido, sin embargo, va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que cada uno de nosotros representamos”.
“Estamos llevando a cabo este proceso de transferencia de competencias de manera responsable, con diálogo, haciendo pilotajes, partiendo por determinadas regiones a solicitud también de los Gobernadores”.
“Hoy día, estamos, gracias a este foro, gracias a los Gobernadores y Gobernadoras Regionales, avanzando de manera muy concreta para que instrumentos de fomento productivo que hasta hoy se decidían de manera centralizada, sean diseñados con pertinencia territorial”.
Con el caso Convenios en la agenda, un artículo de La Segunda planteó que Martínez bajó la “vara” a las fundaciones y que, en medio del debate por la Ley de Presupuesto de 2023, se eliminó el requisito de 2 años que debían tener las fundaciones sin fines de lucro para adjudicarse fondos, entre otras cosas.
Actualmente existen varias gobernaciones que están siendo indagadas por fiscalías regionales a partir de una decena de convenios con fundaciones sin fines de lucro.
En la Dipres, en tanto, señalaron lo siguiente: “Los cambios a la Ley de Presupuestos 2023 se realizaron para fortalecer la capacidad ejecutora propia de los Gobiernos Regionales, de manera de que ellos mismos puedan llevar a cabo programas, además de facilitar la transferencia a entidades públicas”.
“Según los antecedentes públicos manejados, los convenios de Gobiernos Regionales investigados en Fiscalía que hemos analizado corresponden a recursos de la Ley de Presupuestos 2022. Los cambios en las glosas que aparecen en las notas de prensa corresponden a la Ley de Presupuesto 2023. Por lo tanto, los problemas en los convenios no pueden obedecer a cambios que se implementaron en un año posterior”.
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