De a poco han ido apareciendo más antecedentes de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella, la denominada primera clínica municipal del país que propuso la alcaldesa Irací Hassler. Al lapidario informe de Contraloría se sumó una investigación penal, donde la PDI requisó información de correos electrónicos y computadores, para acreditar o descartar algún ilícito como posible fraude al fisco. Asimismo, la Fiscalía que investiga este caso habría indicado que la Directora de Salud del Municipio habría estado al tanto de que se estaba pagando una suma excesiva y que superaba los avalúos y tasaciones previas.
Todo esto, además de las iniciativas legales que la empresa vendedora iniciará para hacer cumplir el contrato en el cual, según dicen, se habría involucrado personalmente la alcaldesa para su cierre. Un caso que parece cada día enredarse más pero en el cual, básicamente lo que se investiga, es la posibilidad de un frustrado pago de un sobreprecio donde alguien (vendedores, compradores, un tercero, todos los anteriores), se hiciera la “pasada” con recursos públicos.
El caso de Sierra Bella, lamentablemente, no es único. El aprovechamiento de recursos públicos a través de cobrar más y “recortar” por esto, es más habitual de lo que uno esperaría. De hecho, en la Intendencia de Coquimbo, desoyendo y rebelándose contra Contraloría se pagó un sobreprecio en la compra de unos terrenos en La Serena, en lo que se ha denominado el “Papaya Gate”.
El programa Alimentos para Chile, en plena pandemia, desarrollado a través de la entrega de cajas también tuvo casos de sobreprecios de hasta un 44% según un estudio desarrollado por el ente contralor, gatillando una investigación penal en la región de Tarapacá con formalizaciones para el ex Intendente y delegado presidencial, así como otros funcionarios de dicha entidad.
Como se ha indicado por Transparencia Internacional, la pandemia y otras emergencias son las ocasiones perfectas para este tipo de “pasadas” por la cantidad de recursos que fluyen y la rapidez con que se busca dar respuesta.
Sin duda que hay que valorar el rol de Contraloría en todo este asunto, respondiendo a denuncias que recibió y haciendo uso de su facultad de impartir instrucciones a los servicios, paralizó la compraventa hasta tener claro todos los antecedentes, evitando un perjuicio importante al Fisco. Recordemos que Contraloría no toma razón de las compras y licitaciones de municipios, algo que ha sido sumamente criticado para altas sumas o servicios públicos clave, precisamente por este tipo de situaciones.
Sin duda los municipios -y quienes los lideran- tienen autonomía respecto del gobierno de turno, del Congreso y otras entidades públicas para realizar su gestión, sin embargo, no podemos asimilar dicha autonomía con una falta de control que, como se ha visto, ha incidido en que más de la mitad de las municipalidades tengan alguna investigación penal por posibles casos de corrupción.
Por todo esto, cuesta entender qué está detrás de este sobreprecio frustrado. La pregunta que aún queda por responder, es por qué se decidió comprar ese inmueble pudiendo haber afectado, como señala el dictamen de Contraloría “la integridad del patrimonio del servicio” por una gestión que atenta contra el uso racional de los recursos al no estar “dando estricto cumplimiento a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la Administración”. Por esto, cortar el hilo por lo más delgado, desvinculando a quienes mal asesoran a la edil no será suficiente para dar por cerrado este caso.
Serán clave, entonces, las investigaciones en curso para entender si se trata de un caso de desidia y negligencia para concretar rápidamente un proyecto que responde a necesidades ciudadanas y subir la valoración de las autoridades edilicias o bien, si hubo dolo y alguien se quiso llevar recursos del Estado para la casa. Lo clave serán las investigaciones del Ministerio Público y la colaboración de las autoridades y funcionarios en éstas, para despejar las dudas rápidamente.
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