Estado de excepción ahora: hay que aceptarlo, Carabineros no se la puede solo. Por Jorge Schaulsohn

Desgraciadamente, tenemos que hacernos la idea de que para terminar con la delincuencia desatada, hemos de sacrificar algunos derechos temporalmente. Si no lo hace un Estado democrático utilizando las herramientas que le confiere la Constitución y la Ley en circunstancias extraordinarias se corre el riesgo de que la población se incline por caudillos personalistas, con muy poco apego a la democracia representativa. Si no actuamos a tiempo no es imposible que surja un clon chileno de Nayib Bukele.

Hace tiempo que el tema de la delincuencia se instaló como la principal preocupación de la población y el gobierno tiene razón cuando argumenta que esto no comenzó con ellos. Por algo el lema de la última campaña de Piñera era que a los delincuentes “se les acabó la fiesta”.

En la campaña presidencial de 1999 Joaquín Lavín hizo del tema de la delincuencia uno de los ejes de su programa poniendo contra las cuerdas al favorito de entonces Ricardo Lagos, que apenas gano la primera vuelta por menos de un voto por mesa.

Recuerdo acalorados debates en el comité político de Lagos  sobre cómo combatir la percepción de que la izquierda era “blanda” tolerante y débil a la hora de combatir a los delincuentes. Teníamos plena consciencia de que en ello se jugaba la elección. En esa ocasión la concertación estaba dividida entre sus dos almas, auto flagelantes y autocomplacientes. Algo no tan distinto a lo que pasa en el seno del gobierno actual.

Lavín lo emplazaba a aprobar el proyecto de “La Tercera es la Vencida” que establecía 15 años de cárcel para los delincuentes reincidentes por tercera vez. En el cierre de su campaña en Osorno el abanderado opositor criticó el “fallido combate a la delincuencia poniendo como ejemplo el asesinato del suboficial de carabineros Guillermo Ortiz quien fue baleado por un reincidente en un procedimiento policial.

¿Qué espera Lagos para ponerse firme reclamaba Lavín, que le asalten la Moneda? Asegurando que lo único que quieren los ciudadanos es “mano dura”. Han asaltado todo, al ejército, a artistas, a personas conocidas y desconocidas, a chileno comunes y corrientes y a la esposa del ministro de Relaciones Exteriores. “Los chilenos están hasta más arriba de la coronilla con los delitos y lo único que quieren es mano dura”.

Hace décadas que venimos discutiendo lo mismo, aunque la delincuencia de entonces era “made in Chile” y muy diferente. Más ingenua y primitiva, mucho menos agresiva y violenta y sin embargo el Estado era incapaz de controlarla

Pero ahora todo ha cambiado y la cosa es muchísimo más grave.  Tenemos una delincuencia importada ejercida por inmigrantes ilegales que ingresan por el norte, cuyas identidades desconocemos. Hay miles de sujetos delinquiendo en el país imposible de identificar porque están clandestinos y sin papeles. Individuos agrupados en bandas, sin prontuario policial e inubicables para las policías.

Gente que ha traído delitos desconocidos como el secuestro y el sicariato, además de armamento más letal, etc. Todos perpetrados con una violencia inusitada donde se dispara sin preguntar y siempre la vida de la víctima está en grave peligro.

Organizan tomas masivas de terrenos cuyos  títulos truchos de dominio se venden en Caracas antes de iniciar el viaje, de modo que el inmigrante ilegal en muchos casos llega con su terreno en el bolsillo y encuentra “trabajo” incorporándose rápidamente a bandas delictuales, algunas de poca monta, pero muy violentas, manejadas por sus compatriotas.

Estamos en una situación totalmente anormal en la que el Estado de Derecho esta sobrepasado y es incapaz de controlar el problema con los métodos tradicionales.

No hay ninguna policía en el mundo que sea capaz de lidiar con el ingreso de más de un millón de personas indocumentadas, una parte de ellas que viene a delinquir, con contactos preestablecidos y complejas redes de protección. No estoy hablando solo de grandes bandas de narcotraficantes y carteles internacionales, que también los hay, sino de bandas de poca monta, pero igualmente asesinas como la que mató al Suboficial Daniel Palma que andaba dedicada a cobrar el arriendo atrasado de una pieza en un cité y robando relojes en las terrazas de los restaurantes de Nueva Costanera.

Se requiere un Estado de Emergencia Constitucional que necesariamente afectaría temporalmente algunas garantías constitucionales que nos son muy caras, que le permita a las policías y militares junto con el Ministerio público actuar con poderes extraordinarios, para allanar, incautar , detener y deportar.

El presidente de la junta de vecinos del sector Matta Sur donde se asesinó al carabinero denunció con toda precisión cuales son los cuatro edificios tomados en distintos puntos estratégicos del barrio que sirven de centro de operaciones a los delincuentes, que son conocidos por Carabineros y la PDI. Eso ocurre en todos los barrios y poblaciones, pero la gente está silenciada por el miedo y la absoluta desconfianza en la eficacia de sus denuncias.

En el caso del asesinato del policía, la fiscalía simplemente no sabe, a ciencia cierta si el imputado es o no el autor   material de los disparos. Fue algo absolutamente insólito que el Fiscal a cargo del caso haya dicho en la audiencia de formalización que “entendemos que se acreditará la existencia del delito y la participación del imputado”. Al parecer las evidencias recolectadas son insuficientes y hay individuos prófugos. Un fiscal no puede “entender” sino que debe tener convicción de que su imputado es el culpable del delito que se le imputa.

Hoy en Chile es la democracia, no un gobierno, la que está puesta a prueba.

Desgraciadamente, tenemos que hacernos la idea de que para terminar con la delincuencia desatada hemos de sacrificar algunos derechos temporalmente. Que si no lo hace un estado democrático utilizando las herramientas que le confiere la constitución y la ley en circunstancias extraordinarias se corre el riesgo de que la población se incline por caudillos personalistas, con muy poco apego a la democracia representativa.

Si no actuamos a tiempo no es imposible que surja un clon de Nayib Bukele, ex militante del Frente Farabundo Martí, el partido de izquierdas más grande de El Salvador del que fue expulsado, que desde la alcaldía de la ciudad de Nuevo Cuscatlán el 2012 fue electo presidente democrático y redujo los homicidios en más de un 70% terminando con las Maras.

Bukele no es un populista que promete lo que no se puede cumplir, sino un autócrata que “delivers” es decir que cumple   lo prometido y por eso es tan peligroso.

Bukele no respeta los DDHH, ni el debido proceso legal, coarta la libertad de prensa y libre expresión, se tomó el parlamento ingresando con militares, controla el poder judicial y la justicia constitucional y ahora logró modificar la constitución para ser reelecto indefinidamente. Sin embargo, cuenta con el decidido apoyo de casi el 90% de los salvadoreños que han optado por sacrificar una democracia que no fue capaz de garantizar su bien más preciado; su seguridad e integridad física y la de sus familias.

Hoy en Chile no se avizora quien podría jugar ese papel; pero la historia enseña que la necesidad crea el órgano y que si no actuamos con decisión y coraje podemos terminar con un Bukele Chilensis.

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