Esta semana el gobierno del presidente Boric se atribuyó lo que se podría llamar su primera gran victoria legislativa. Así es, después de 398 días de haber asumido -lo que corresponde a más o menos 28% del total del cuatrienio- la coalición de Apruebo Dignidad se anotó por primera vez un triunfo propio. Así, al menos lo sugiere la sentida conferencia de prensa que dio Camila Vallejo después de la votación, en que se emocionó hasta las lágrimas por la rebaja en el número de horas de trabajo semanal.
La ley llega en buena hora en tanto ningún gobierno puede avanzar por tanto tiempo, como lo ha hecho el actual, sin producir resultados. Pues, si bien no hay ninguna duda que el gobierno efectivamente ha conseguido resultados, tampoco hay alguna duda de que los resultados que ha producido no son intencionales. El mejor ejemplo de esto es la aprobación del TPP-11, que se aprobó y se puso en marcha a regañadientes de la administración de Boric, y, por cierto, de la coalición que (supuestamente) lo apoya en el Congreso.
Lo que hace diferente al proyecto de las 40 horas, sin embargo, es que fue aprobado transversalmente en el Congreso. A diferencia de leyes como la Nain-Retamal, por ejemplo, que se aprobó a pedido del gobierno, pero sin el apoyo de los legisladores del gobierno, la ley de las 40 horas se aprobó por la gran mayoría. En la Cámara Baja, 127 de 155 diputados lo votaron a favor. Esto demuestra que cuando Boric decide negociar con todos los sectores, puede conseguir avances transversalmente destacables.
Obviamente, nada es tan limpio ni tan fácil como parece. La ley de las 40 horas, que se celebra incluso a nivel internacional, ocurre en medio de un alza importante en la tasa del desempleo. Solo este año, el índice se ha revisado dos veces al alza y, sin mediar las singulares cifras que se alcanzaron a raíz de la crisis del Covid, ya está en su nivel más alto desde julio de 2010. Esto sugiere que, a la larga, incluso este éxito se podría relativizar si los indicadores asociados, como el de la tasa de desempleo, siguen empeorando.
Es así como incluso la única victoria del gobierno podría ser pírrica: lo que parece favorable hoy, podría ser considerado desfavorable después. Lo que sí parece ser correcto es que al menos el método que se usó para llegar a este punto es mejor que el anterior, el de “avanzar sin transar” en que no se permitía mover ni una coma del programa. Al menos la idea de negociar los proyectos antes de ponerlos en votación le permite al gobierno evitar bochornos como el de la “sorpresiva” derrota del proyecto de reforma tributaria.
Ahora bien, los acuerdos transversales son necesarios, pero no suficientes. Sí, el gobierno debe salir a negociar antes de probar suerte en el hemiciclo, pero eso no asegura ni una victoria inmediata, ni una victoria en el tiempo. El camino al éxito es más complejo, en tanto involucra no solo acuerdos extra-partidarios (entre coaliciones) que permitan pasar ciertos proyectos de ley, sino que también involucra (primordialmente) acuerdos intra-partidarios (dentro de la coalición). Solo así se pueden conseguir resultados de forma consistente.
Y es en este último punto donde parece estar el problema, entre un Presidente respetuoso con la idea pragmática de ceder para ganar y una bancada legislativa que se resiste a entregarle más poder a quienes por años ha culpado de originar todos los males del país. Es un punto muerto entre realistas e idealistas que no se resolverá fácilmente. Y entendiblemente, pues resolver un problema de suma cero como este naturalmente implica una derrota relevante para uno de los dos bandos.
Si se impone la visión realista que recientemente parece haber adoptado Boric en La Moneda, se podrá avanzar y ganar legislativamente, pero será a costo de todo lo prometido. El Presidente logrará detener el alza de la delincuencia y contener la inmigración ilegal, pero será solo luego de ceder terreno en materias tan fundamentales como la de Derechos Humanos. Boric incluso podría recuperar el control de la economía, pero sería a cambio de abandonar de cuajo la idea de incrementar el tamaño del Estado.
Si se impone la visión idealista que permea entre los senadores y diputados de Apruebo Dignidad en el Congreso, se mantendrá la consistencia ideológica que le permitió a la coalición llegar al poder, pero se hipotecará la posibilidad de proveer una solución real a la crisis de seguridad. La coalición fracasará una y otra vez enviando proyectos de ley como mociones a las mesas de la Cámara y el Senado, pero al menos no dejarán dudas de que su lealtad estuvo donde dijeron que iba estar: “con el pueblo”.
En cualquier caso, es difícil imaginar hasta una conversación honesta en el oficialismo, entre el ejecutivo y el legislativo, que acabe en un acuerdo para poner los intereses de los unos por sobre el de los otros. Es tan improbable ver a los senadores y diputados cederle terreno a la derecha solo para permitirle al Presidente salvar su período, como ver al Presidente volver a la trinchera en que estuvo entre marzo y septiembre de 2022, solo para darle el gusto a los más fanáticos de su coalición.
Esto obliga a pensar en una tercera vía, negociada y acordada entre las dos partes, que les permita a ambos bandos llegar sin las manos vacías a 2025. Así, asoma la idea del “realismo sin renuncia” que adoptó Bachelet en su segundo gobierno, al verse acorralada entre autoflagelantes y autocomplacientes. El problema es que esa idea, descendiente directa del “avanzar en la medida de lo posible”, fue ridiculizada tanto por quienes hoy gobiernan, que la vaciaron de cualquier contenido que ahora les podría resultar políticamente útil.
Por lo mismo, no parece haber una “tercera vía” posible. Más que triunfos planificados, vendrán victorias impredecibles y esporádicas que podrán o no dar réditos en el futuro—como la ley de las 40 horas. A veces, el gobierno se impondrá con el apoyo de los suyos, y a veces lo hará con el apoyo de la derecha. La izquierda del PC y el Frente Amplio, a su vez, se mantendrá con un pie en el gobierno, y otro en la calle; gozando de las regalías del Estado mientras se prepara para hacer una gran autocrítica en su campaña electoral en 2025.
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