Luego de que el Gobierno aceptara reformar la actual Ley Antiterrorista, en la conversación por un acuerdo transversal en seguridad, las dudas sobre cómo accionarlo se han tomado parte de las conversaciones.
Boric ya informó, en entrevista con el Diario Financiero, que esperaba dar a conocer antes de que termine el año 2022 las conclusiones del acuerdo de seguridad, lo que para algunos parece difícil de cumplir.
La mesa que lidera la ministra Carolina Tohá ha trabajado en las últimas semanas con todas las fuerzas políticas, del PC al Partido Republicano. Y una de las principales exigencias de la oposición, desde el inicio de la discusión, es incluir una nueva Ley Antiterrorista o cambios a la ya existente.
En este sentido, los resultados de un informe elaborado el 13 de octubre de 2014 han tomado fuerza como alternativa para actualizar la vigente Ley Antiterrorista.
Se trata del documento de 43 páginas redactado por la Comisión de Expertos sobre la Regulación Jurídica de las Conductas Terroristas, un grupo armado bajo el segundo mandato de la ex Presidenta Bachelet y conformado por un grupo de abogados especialistas en la materia.
Entre sus miembros, estuvieron Javier Couso, Enrique Aldunate, Juan Pablo Hermosilla, Juan Pablo Cox, Héctor Hernández, María Inés Horvitz, Juan Pablo Mañalich y José Ignacio Núñez.
“La propuesta de la comisión adopta un modelo regulativo de la criminalidad terrorista que la identifica con una forma especialmente grave de criminalidad organizada, cuya regulación ha de quedar establecida en el Código Penal. Bajo este modelo, la asociación criminal terrorista constituye, propiamente, un hecho punible autónomo, cuyo específica lesividad resulta de la combinación de la lesividad genéricamente predicable de toda forma de asociación criminal, por un lado, y la lesividad específicamente predicable de una organización criminal que cuenta como terrorista, por otro”, indicaba el texto.
Integrantes de la mesa de negociación, del PS a la UDI, ven con buenos ojos el discutir la propuesta que emanó del informe de 2014. La idea también agrada en el Ejecutivo. El subsecretario Manuel Monsalve dijo lo siguiente: “En el último gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se constituyó una comisión de expertos, de donde recogería algunas ideas (…). Me parece que se necesita un catastro de delitos base para que aplique la Ley Antiterrorista y en eso tenemos que seguir trabajando”.
Solo queda saber cómo sería utilizada la propuesta de la Comisión de Expertos sobre la Regulación Jurídica de las Conductas Terroristas. Para ello, dicen personeros que están en la mesa de seguridad, existen tres alternativas.
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