Reducción de la jornada de trabajo: ¿Es el momento? Por Rubén Soto

La reducción de la jornada de trabajo en un contexto de crisis económica global, con alta inflación y con un desempleo que no cede, donde además se plantea una reforma tributaria y previsional, puede en el corto y mediano plazo implicar serias desventajas para el mercado laboral.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha impulsado concretar durante el primer semestre de 2023 el proyecto de ley -actualmente en el Senado- que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, transformándose en una prioridad de su agenda legislativa, introduciendo modificaciones respecto al texto aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas en 2019. Pata este efecto, se han recogido parte de las recomendaciones de la Mesa Técnica convocada por el Ministerio del Trabajo donde participaron más de 200 organizaciones, tanto sindicales como empresariales.

Esta reforma al Código del Trabajo, que se tramita desde el 2017, ha generado expectativas entre los trabajadores, así como justas dudas y resquemores en los empleadores.

Reducir la jornada de trabajo sin duda puede tener grandes beneficios para ambas partes. Ayuda a trabajadores a compatibilizar mejor su vida laboral y personal, lo que puede optimizar su bienestar en el trabajo, reducir el ausentismo y licencias médicas por estrés laboral, así como evitar una excesiva rotación de su personal, todo lo cual  incide en la eficiencia y rentabilidad a largo plazo de las empresas.

Por eso algunas empresas ya comenzaron voluntariamente a flexibilizar y reducir las horas de trabajo, de forma paulatina. Se han adelantado a la futura legislación -obteniendo interesantes resultados- adhiriéndose al sello “40 Horas” propiciado por el Ministerio del Trabajo.

Pero no todas las empresas ni mercados son iguales. Y el escenario de 2019, previo al estallido y la pandemia, dista del que enfrentamos en 2022. La reducción de la jornada de trabajo en un contexto de crisis económica global, con alta inflación y con un desempleo que no cede, donde además se plantea una reforma tributaria y previsional, puede en el corto y mediano plazo implicar serias desventajas para el mercado laboral al aumentar el costo del trabajo y la competitividad de las empresas.

Es una buena noticia para todos que el Gobierno y el Congreso se abran a una discusión intersectorial, dependiendo del tipo de industria y no sólo respecto al tamaño de las empresas para implementa esta reforma en forma gradual. Como también para el mercado laboral, el terminar con la rigidez absoluta del Código Laboral y comenzar a contemplar diversas fórmulas, dependiendo de las distintas realidades de los sectores, asegurando así la competitividad.

Una discusión necesaria es la competitividad de nuestras empresas. Precisamente, durante su paso por el Senado se ha contemplado una medida, aunque limitada a PYMES, que va en el sentido correcto. Mediante el SENCE se generarán programas con el objetivo de favorecer el proceso de implementación de la reducción de jornada, se dispondrá de capacitaciones relativas a la gestión eficiente del tiempo y sobre avances tecnológicos.

Por otro lado, sería deseable también que se implemente un modelo de fomento y facilitación al teletrabajo que -a propósito de la pandemia- ha permitido mayor conciliación de la vida laboral y familiar, reducción de costes personales y empresariales e, incluso, aumento de la productividad, pero con una sobre regulación que impiden practicas modelos utilizadas ampliamente en el mundo, como es “BYOD”, esto es Bring Your Own Device, lo que es una tendencia cada vez más generalizada en la que las empresas permiten a los trabajadores llevar y usar sus dispositivos portátiles personales para desarrollar a cabo tareas del trabajo y conectarse a la red y recursos corporativos.

No se debe obviar por nuestros legisladores que la disminución o estancamiento de la productividad tiene repercusiones directas en la calidad de vida de las personas. Esto se demuestra al ver que aquellos países con altos niveles productivos poseen un mejor acceso a bienes y servicios, los que se traduce en mayores salarios y empleos de calidad.

En un informe solicitado por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera relativo a las posibles consecuencias de reducir legalmente la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales, la Comisión Nacional de Productividad señaló en 2020 que sin planes para mantener o mejorar la productividad, un cambio de este tipo implicaría una caída en los salarios y reducción en el crecimiento del PIB. Sería interesante actualizar dichos estudios y no pecar de voluntarismo y creer que una ley de esta envergadura tendrá cero implicancias en el mercado laboral y la competitividad de nuestras empresas.

En el último Estudio Económico de Chile de la OCDE, junto con valorar el avance de importantes reformas que se están llevando a cabo desde principios de 2022, también deben priorizarse las medidas dirigidas a aumentar la productividad, mejorar la competitividad y conseguir que un mayor número de chilenos accedan a puestos de trabajo de calidad.