Qué observar. El acuerdo político que abrirá un nuevo proceso constitucional, firmado este lunes 12 de diciembre, contempla los principales ejes de acción sobre los que regirá el nuevo órgano constituyente. Sin embargo, hay detalles que quedaron abiertos y se espera que sean cerrados con la redacción de la reforma que habilite la nueva vía constitucional.
Remuneraciones de expertos. “Hay que decir además que estos expertos no van a recibir remuneración: porque tienen un compromiso incondicional con el país, van a servir a Chile a través de esta instancia”. La frase del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), inició una discusión sobre si deben o no los integrantes de la Comisión Experta del nuevo órgano constituyente, ser remunerados.
El reglamento. En el pasado proceso constitucional se terminó de zanjar tras dos meses y medio el Reglamento General que regiría durante el período de redacción de la nueva Constitución. El precedente preocupa a las fuerzas políticas que firmaron el “Acuerdo por Chile”, que no contempla esta materia.
Participación de expresidentes. Este miércoles la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, sostuvo reuniones con los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, para tantear la posibilidad de que formen parte del grupo de expertos que acompañará el nuevo proceso constitucional.
El rol de universidades y municipios. Dentro de los 98 días de negociación constitucional, en varias ocasiones los rectores de la universidades y distintas asociaciones de municipalidades llegaron hasta el Ex-Congreso de Santiago para reunirse con los entonces presidentes del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y de la Cámara, Raúl Soto (PPD) y exponer sus opiniones respecto del nuevo proceso constitucional.
Tiempos del Servel. “Abril de 2023: Elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio”. Eso se contempla en el “Acuerdo por Chile”. El tema llamó la atención, pues, el Servicio Electoral envió en septiembre de este año un documento a los presidentes del Senado y la Cámara, en donde se solicitaban 140 días para definir el registro electoral, desde que la reforma constitucional que habilite el nuevo proceso sea firmada por el Presidente Boric. Una vez cumplido dicho plazo, se podrían realizar elecciones de los integrantes del Consejo Constitucional.
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