El gobierno del presidente Gabriel Boric entra al séptimo mes de su mandato con números totalmente rojos. La mal llamada “violencia rural” que no da tregua en el sur ahora se expande a la zona centro del país con quema de camiones en la Región de O’Higgins y en la Metropolitana, en la comuna más poblada del país (Puente Alto).
A la “violencia rural” ahora hay que sumarle la “violencia urbana” que asola a todas las ciudades del país generando un clima de inseguridad nunca antes visto en Chile. La ciudadanía vive aterrada de que la puedan asaltar, golpear y hasta matar en el living de sus casas, para robarle un auto o un celular cuando va al trabajo o a dejar a sus hijos a la escuela, a cualquier hora del día, o ser asaltados en la vía pública, en el bus o en el metro; obligados a salir corriendo mientras encapuchados le prenden fuego a su micro.
Todos los días en Santiago hay manifestaciones muy violentas por estudiantes que interrumpen el tránsito, destruyen la propiedad pública y privada, impiden el normal desarrollo de las actividades económicas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.
Desde marzo hasta la fecha se han quemado 50 buses del Transantiago, la mayoría mientras circulaban con pasajeros, se levantan barricadas, se lanzan desde el interior de los colegios bombas motolovs y acelerantes para quemar vehículos, se ataca reiteradamente un recinto militar que debe defenderse con mangueras de los objetos contundentes y bombas incendiarias que les arrojan desde el INBA.
Todo ello transcurre en la más absoluta impunidad; hasta hoy no hay ningún estudiante sancionado por estas conductas delictuales, a pesar de estar identificados. Un juez de garantía tuvo la osadía de tomar como medida cautelar para unos estudiantes del INBA arresto domiciliario con permiso para asistir a clases. Ni el ministro de educación ni la alcaldesa de Santiago han sido capaces de adoptar ninguna medida para sancionar los hechos de violencia.
Aun cuando sea difícil de creer, el gobierno tiene calificados a los estudiantes violentos como “grupos vulnerables”, por lo que Carabineros debe dirigir el chorro de agua sobre la altura de cuerpo o al suelo”
Esta parece ser la “nueva normalidad” con la que los chilenos tenemos que acostumbrarnos a convivir, gracias a un gobierno “buenista” alérgico al uso de la fuerza pública y la represión. ¿En qué país del mundo un grupo de estudiantes se puede dar el lujo de atacar reiteradamente un recinto militar sin que les pase nada; sin que éstos se puedan defender? ¿Cómo es posible que la ministra de Defensa no haya dispuesto la custodia del recinto por militares que impidan acercarse al edificio con el equipamiento necesario?
Hace unos días en Alameda se atacó un vehículo policial que tuvo que virar contra el tránsito para huir como si fueran los delincuentes y en Alto Hospicio a una pareja de Carabineros unos vecinos les dieron una paliza por intentar detener un delincuente. Hechos como éstos son muy comunes y cabe preguntarse por qué la policía se inhibe de hacer uso de sus armas de servicio para defender su integridad física. Desgraciadamente, los carabineros están inhibidos por la falta de respaldo de las autoridades y temen ser acusados de violar los DDHH de sus atacantes, prefiriendo la humillación y arriesgar su vida.
En el ámbito político y económico estos siete meses han sido los más improductivos de que se tenga recuerdo desde el regreso de la democracia. Un proceso constituyente mal llevado terminó en un rotundo fracaso sin antes generar una incertidumbre jurídica de tal magnitud que provocó la paralización de la inversión nacional y extranjera.
La falta del liderazgo del presidente Boric fue la principal causa del desaguisado, pues no entendió nunca que lo que estaba ocurriendo en la convención llevaría al desastre. El presidente se inhibió de intervenir políticamente a través de los partidos que conforman su coalición, que tenían votos suficientes para haber cambiado en curso de los acontecimientos. Todo lo contrario, se matriculó con el texto propuesto por la convención y actuó como jefe de campaña del apruebo al filo de la legalidad.
Por suerte, los chilenos votaron abrumadoramente por el rechazo, también como forma de expresar su repudio y descontento con el presidente y su gobierno. Pero el daño está hecho y hoy, en vez de atender los problemas urgentes que afectan a la población, nos vemos forzados a seguir en un debate constitucional que consume todas las energías, manteniendo la incertidumbre que destruye la economía.
El presidente ni siquiera reconoce su derrota ideológica, atribuyendo el resultado a la falta de comprensión del pueblo de las virtudes de la propuesta, y busca aprovechar una eventual nueva convención para resucitar, hasta donde pueda, su programa de gobierno refundacional.
Chile será el único país de Latinoamérica que no crecerá económicamente en los próximos años, lo que demuestra que las causas del “infarto” que sufre nuestra economía son internas. El mejor ejemplo es el papelón que estamos haciendo buscando pretextos para no firmar el TPP11. Junto con el Sultanato de Brunéi somos el único país que no lo ratifica.
La causa es la intoxicación ideológica que se apoderó del gobierno que quiere cambiar el modelo económico, reviviendo una política de industrialización con fondos del Estado que podría verse inhibida por los tratados de libre comercio; que en su día promovía la Cepal en los años 60 y 70.
Hoy, a siete meses de su instalación en La Moneda el presidente Boric es el peor evaluado por la ciudadanía desde 1990, lo que avala la tesis de que el rechazo no solo fue a un texto, sino que a la ideología que encarna el gobierno.
La encuesta Criteria publicada el miércoles recién pasado es un botón de muestra; solo el 33% cree que es un buen representante de la gente, un 30% lo considera con las habilidades necesarias para el cargo, un 32% piensa que es capaz de hacer crecer la economía, un 31% que puede garantizar la estabilidad del país, un 26% que puede garantizar la seguridad del país y solo un 20% que sabe como enfrentar la delincuencia. Cifras que incluso están por debajo del 38% del apruebo.
Al presidente aún le queda mucho tiempo para rectificar y salir del hoyo en que se encuentra y debería partir por asumir que el 4 de septiembre él sufrió una derrota política de gran envergadura, que no puede seguir transitando por la vida como si no hubiese sucedido nada, que aspectos centrales de su programa de gobierno ya no son viables y que la población rechazó su proyecto político.
En una de estas le vendría bien bien estudiar la capacidad de adaptación de Piñera tras el Estallido Social, lo que le permitió terminar su mandato con dignidad.
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