¿Reforma de Pensiones o la batalla por el control del mercado de capitales? Por Jorge Schaulsohn

Ex presidente de la Cámara de Diputados
Imagen: Agencia Uno.

El oficialismo comprendió que la clave estaba en el control del mercado de capitales. Es decir, incidir  en el manejo de los más de 220 mil millones de dólares, equivalente al 83% PIB que hoy administran los privados a través de las AFP. Este es el “botín” que el Estado busca capturar, aunque sea parcialmente toda vez que la presión ciudadana le está impidiendo tomar el control total. La reforma de pensiones es el instrumento escogido, ya que para cambiarlo basta con modificar el Decreto 3.500 que lo estableció.


Un objetivo estratégico. El gobierno del Presidente Boric llegó al poder con un programa que prometía el fin del modelo basado en el principio de la subsidiaridad del Estado y desde que asumió su cargo no ha cesado en tratar de cumplir su promesa. Si no ha tenido éxito no se puede decir que sea por falta de empeño.

  • La primera gran ofensiva la vivimos en la Convención Constitucional, cuya propuesta implicaba un cambio radical otorgando al Estado un rol protagónico en la economía, promoviendo la creación de empresas estatales, el cuasi monopolio en la provisión de los derechos sociales y la degradación paulatina del sistema de pensiones contributivo basado la capitalización individual. Propuestas que fueron rechazadas por la abrumadora mayoría de la población.
  • A raíz de la derrota, el gobierno cambió su discurso, pero no abandonó sus objetivos estratégicos. Descubrió que con la actual Constitución tenía herramientas suficientes para hacer cambios estructurales, fortalecer el protagonismo estatal en el manejo de la economía, y producir un ajuste en las relaciones de poder entre el sector privado y el público.
  • Comprendió que la clave estaba en el control del mercado de capitales. Es decir, incidir  en el manejo de los más de 220 mil millones de dólares, equivalente al 83% PIB que hoy manejan los privados a través de las AFP, encargadas por ley de gestionar el dinero que ahorran todos los chilenos.

El gran botín. Cuando las AFP comenzaron a funcionar, todas las inversiones se hacían en el sector estatal y financiero en la forma de depósitos a plazo. Posteriormente se abrió la posibilidad de invertir en las empresas mediante la compra de acciones y bonos, tanto en chile como en el extranjero.

  • En la actualidad los fondos de pensiones son la fuente principal de financiamiento para las empresas y bancos. La compra de bonos a largo plazo financia los créditos hipotecarios que hasta hace muy poco permitieron a los jóvenes y sectores medios acceder a la vivienda propia con créditos a 20 y 30 años.
  • Este es el “botín” que el Estado busca capturar, aunque sea parcialmente toda vez que la presión ciudadana le está impidiendo tomar el control total. La reforma de pensiones es el instrumento escogido, ya que para cambiarlo basta con modificar el Decreto 3.500 que lo estableció.
  • La experiencia internacional demuestra que los sistemas de reparto son una caja de pandora que cada año que pasa requieren más y más recursos por el envejecimiento de la población, creando déficits fiscales que derivan en más impuestos o inflación.
  • Además, si se establece un sistema de reparto la ciudadanía entenderá que subir las pensiones depende exclusivamente de una decisión política del ejecutivo. Así era antes, cuando los jubilados salían a marchar exigiéndole al gobierno de turno un reajuste. Los parlamentarios no tardarían en sumarse, como hicieron con los retiros, con nefastas consecuencias para la economía del país. Los “malos de la película” ya no serán las AFP sino los políticos.
  • En términos del debate público la confrontación se expresa en torno al destino del 6% de contribución adicional, que sería de cargo de los empresarios. Cada punto que vaya a “solidaridad”, es decir a un sistema de reparto, le entrega al estado el manejo de miles de millones de dólares. La capacidad de decidir cómo, cuándo y dónde se invierten esos recursos, a qué empresas se le comprarán acciones, bonos y participar en la designación de directores.
  • Como es evidente, un Estado con control de todo o parte del dinero que alimenta el mercado de capitales es otro animal, con super poderes al que se le abren posibilidades insospechadas de influir y manejar la economía. Todo el poder que gana el Estado lo pierden los privados; lo que en mi opinión es uno de los principales objetivos ideológicos del gobierno.
  • Si lo logra, el gobierno habría sido capaz, en un escenario totalmente adverso, de concretar un cambio paradigmático respecto de rol de lo público en el modelo de desarrollo. Una reforma estructural dando cumplimiento así a una parte trascendental de su programa.

Una derecha confundida. Políticamente lo anterior sería un enorme fracaso para una derecha que aparece confundida y que en el último tiempo ha cometido muchos errores. El más grande de todos fue farrearse la oportunidad de resolver este tema en la Constitución. Los republicanos se empecinaron en consagrar una agenda valórica reaccionaria que no interpretó a la mayoría de los chilenos. La Constitución se cayó y le dejó la puerta abierta al gobierno para avanzar con su reforma de pensiones.

  • El gobierno lleva ventaja. Comunicacionalmente su promesa de mejorar las pensiones actuales conecta con una sentida aspiración de la población. Desde un punto de vista jurídico el principal argumento de la derecha contra la solidaridad (con mi plata NO) es débil.
  • El 6%, a diferencia de las cotizaciones que se descuentan del sueldo, no generan un derecho de propiedad sobre esos recursos.  Es un aporte a la seguridad social financiado por un tercero, el empresario y la ley lo puede destinar a un fondo solidario si esa es la voluntad del legislador.
  • Es cierto que las bajas pensiones tienen que ver con que la cotización del 10% es totalmente insuficiente; y que si el 6% fuera íntegro a las cuentas individuales las pensiones futuras alcanzarían, para quienes coticen durante 30 o 40 años una tasa de reemplazo a nivel de los países OCDE.
  • También es cierto que hoy con la creación de la Pensión Garantizada Universal  hay un componente solidario potente. De hecho, para los que la están recibiendo sus jubilaciones ya alcanzan una tasa de reemplazo cercana el 70% del ultimo sueldo.  La pensión sigue siendo insuficiente pero ninguna jubilación puede ser mejor que el sueldo en actividad.
  • Es decir, con la PGU ya se está atendiendo a los que están jubilados de manera adecuada; y se hace con cargo a impuestos generales “liberando” el 6% adicional para garantizar una importante mejora de las pensiones futuras.

Paralelo con la Estrategia Nacional del Litio. Pero el tema es que el gobierno necesita que exista un componente de reparto al que puedan ingresar recursos frescos y permanentes provenientes del 3% de la cotización adicional, para tener control del mercado de capitales. Incrementar el poder y el rol del Estado en la economía es la prioridad.

  • Algo parecido a la “estrategia nacional del litio” mediante la cual el Estado incursiona en una nueva actividad empresarial y pasa de concesionario a socio mayoritario de SQM.
  • Así las cosas, la derecha está en una especie de jaque mate. Es muy difícil explicar por qué ahora se opone a votar a favor de una idea planteada por el expresidente Piñera en su gobierno y que fue aprobada en la Cámara, 3% para reparto y otro 3% para cuenta individual.  Lo que significa que en un momento estuvo dispuesta a crear y financiar un sistema de reparto, el mismo que hoy repudia.
  • Esta claro que existen buenos argumentos técnicos para insistir que el 6% vaya íntegro a las cuentas individuales, más allá de si es o no “propiedad” del trabajador. Pero ese es el debate que hay que tener durante la tramitación del proyecto.
  • Rechazar la idea de legislar es una pésima idea. Paralizaría toda posibilidad de discutir el tema por un año, y dado que estamos a mitad de mandato quedaría para un próximo gobierno. La derecha aparecería como obstruccionista, permitiendo la victimización del gobierno. La opinión pública no comprendería que se trata del ejercicio legítimo de un mecanismo parlamentario; ni que alguien se niegue a debatir.

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