Por qué las leyes contra el negacionismo son una mala idea. Por Jorge Schaulsohn

El escándalo que se armó porque Luis Silva se refiere a Pinochet como “estadista” hizo que algunas personas de izquierda tocaran las campanas a rebato, llamado a penalizar el negacionismo, lo que es un ejemplo de cómo se podría utilizar una ley de ese tipo para cancelar opiniones que simplemente no nos gustan. Las fuerzas que apoyan al gobierno no deben instrumentalizar el trauma de la dictadura para recuperar el terreno perdido en el campo electoral. Sería inmoral además de contraproducente.

A propósito de unas declaraciones del abogado y jefe de la bancada de los consejeros republicanos sobre Pinochet, revivió la idea de penalizar el “negacionismo” que en nuestro caso se refiere a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.

Ciertamente yo no comparto las declaraciones del señor Silva, pero no veo por donde puedan ser calificadas como negacionistas: “Fue un hombre (Pinochet) que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas” y agregó  que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas eran “mancha en el legado de Pinochet”.

El escándalo que se armó porque Silva se refiere a Pinochet como “estadista” hizo que algunas personas de izquierda tocaran las campanas a rebato, llamado a penalizar el negacionismo, lo que es un ejemplo de cómo se podría utilizar una ley de ese tipo para cancelar opiniones que simplemente no nos gustan.

Este debate se da en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe cuando las sensibilidades están a flor de piel. Con el tiempo se ha ido generando un consenso muy mayoritario, casi unánime diría, respecto de que se cometieron gravísimos abusos a los derechos humanos con Pinochet.

Por algo el Congreso fue legislando medidas de reparación aprobadas por la unanimidad para las víctimas. El “negacionismo” en Chile hoy en día es totalmente marginal.

Las fuerzas que apoyan al gobierno no deben sucumbir a la tentación de instrumentalizar el trauma de la dictadura para recuperar el terreno perdido en el campo electoral. Hacerlo sería inmoral, además de contraproducente.

Nunca habrá una mirada común respecto de los hechos acaecidos entre 1970 y el 11 de septiembre de 1973 que culminaron en el quiebre democrático.

Esto es algo que debemos aceptar y resignarnos a vivir con ello, pues es inútil pretender imponer una “verdad oficial” sobre acontecimientos políticos opinables, algo que ni siquiera existe dentro de la propia izquierda que estaba confrontada contra sí misma durante la Unidad Popular.

Un porcentaje muy importante de chilenos apoyó el golpe y eso no los hace necesariamente cómplices de lo que ocurrió después. Algunos le reconocen a la dictadura algunos logros y eso no los hace negacionistas de las violaciones a los derechos humanos.

La tipificación del delito (negacionismo) es un asunto altamente complejo. ¿Qué pasa con quienes no niegan la existencia de las violaciones a los derechos humanos, pero las justifican, explican o ponen en duda su magnitud; ¿dónde estaría la frontera entre quienes valoran algunos aspectos del gobierno militar y el negacionismo?

Preservar la verdad histórica es algo fundamental pero las leyes contra el negacionismo son una amenaza a la libertad de expresión, un bien jurídico que debe ser protegido, pues es uno de los derechos fundamentales de la persona humana.

La negación de los hechos históricos, como el holocausto o las violaciones a los derechos humanos es, sin duda, una posición abominable y repugnante. Sin embargo, imponer leyes de negacionismo no es la solución adecuada para combatir esas ideas perniciosas. Aunque el objetivo de estas leyes es noble hay que tener mucho cuidado con socavar uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas.

La libertad de expresión garantiza la diversidad de opiniones y el libre flujo de las ideas. Al imponer leyes de negacionismo estamos restringiendo esta libertad estableciendo un precedente peligroso en el que el Estado puede determinar qué ideas son aceptables y cuáles no.

Incluso, si estamos en desacuerdo con los negacionistas debemos permitir que se expresen, siempre y cuando no inciten al odio o la violencia directamente. La mejor manera de combatir estas ideas es a través del debate, la educación y la presentación de hechos y pruebas sólidas.

Las leyes negacionistas también pueden resultar contraproducentes. Al convertir a los negacionistas en “mártires de la libertad de expresión” les entregamos una plataforma adicional y más atención. Como ocurre en Alemania, donde hay leyes contra el negacionismo, estos grupos se fortalecen y atraen personas que buscan desafiar a la autoridad y las normas establecidas.

En vez de ocultar sus creencias estas leyes pueden llevar a la propagación subterránea del negacionismo en comunidades o redes sociales, pues vivimos en el mundo de la “posverdad”.

Las leyes de negacionismo son una forma de censura selectiva pues se centran en un hecho histórico específico, como las violaciones a los derechos humanos en Chile o el Holocausto, mientras que otros eventos igualmente atroces quedan sin regulación, como por ejemplo genocidios en Ruanda o Camboya; o las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia o China que algunos de los proponentes de la legislación apoyan o niegan.

Las leyes no pueden cambiar las creencias y opiniones de las personas. Aunque se prohíba la negación de un hecho histórico, los negacionistas seguirán sosteniéndolas en sus círculos y difundiéndolas en las redes sociales que el Estado no controla. En la era digital, de las fake news y de las teorías conspirativas estas leyes solo fortalecerían las convicciones de los negacionistas al percibirse como víctimas de la represión gubernamental, del “deep state”, del establishment.

¿Si abrimos la puerta a este tipo de leyes, quién nos garantiza que no se pueda considerar como negacionismo a la transexualidad? Después de todo, el sexo de nacimiento es un hecho indesmentible.

Esto no es especulación; es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, como por ejemplo en Florida, que está adoptando leyes en contra de la comunidad LBGTQ como la ley denominada “don´t say gay”; hace unos meses el presidente de Hungría hablo en una reunión del Partido Republicano asegurando que en su país “solo se reconoce al hombre y a las mujer y punto”, haciéndose acreedor a una ovación del público.

Elevar a la categoría de negacionismo a las diversidades sexuales es parte de la “guerra cultural”, uno de los caballos de batalla de la extrema derecha a nivel mundial.

El repertorio temático del negacionismo es muy extenso y trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos. Hay negacionismos que ponen el peligro la subsistencia misma de la humanidad como el negacionismo climático, o de la salud como es el caso de los movimientos antivacunas. ¿Si optamos por el camino de criminalizar el negacionismo, qué razón habría para no incluirlos en el listado?

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