Indignación versus conducción. Por Natalia González

En vez de conducir y colaborar, que es lo esperable del gobierno, reviven un discurso de desprecio y antipatía contra la empresa privada (motor del crecimiento y el empleo), el mismo que antes iniciara la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno. Y está claro, dado el deterioro que nuestro país ha experimentado desde ahí, que ese no es el camino (…) Los ciudadanos ya no queremos más de esa lógica furibunda y activista que en 2019 puso en serio peligro a nuestro país. Buscamos conducción prudente y responsable, en aras del bien común, para salir adelante y progresar.

El gobierno está indignado y a, partir de ahí, nos ofrece atajos ineficaces como respuesta a problemas complejos. ¿Es ello razonable? No, pues es de la mano de la razón, la sensatez y la prudencia que surgen propuestas y soluciones racionales y sostenibles, de mediano plazo y en beneficio de todos.

Lamentablemente, pareciera ser que la dirección que decididamente ha tomado el gobierno, más que orientarse a conducir, sería la de perseguir un objetivo político electoral con miras a las próximas elecciones. Además, buscaría distraer el foco desde los complejos problemas internos que mantiene con el Partido Comunista -nada más y nada menos sobre lo que entiende el gobierno por democracia (y más ahora, que Michelle Bachelet se encumbra en las encuestas y es la candidata favorita del PC)- hacia un propósito que los una, uno que es esencial al viejo ideal socialista centralizador, esto es, hacia la bronca contra el sector privado y el orden espontáneo, característico del mercado.

Lamentablemente, esta conducta nos retrotrae al ambiente vivido durante la Convención Constitucional, que sigue latente. Uno de una realidad infantilizada, en la que sólo caben las alabanzas a lo estatal y la condena a todo lo restante, considerado abusivo e injusto, por lo que debe ser demolido y reemplazado.

La historia no se repite, pero rima. No más AFP, clamaba el octubrismo, slogan que lamentablemente la cartera de Trabajo y Previsión Social ha hecho suyo. Su titular nos dice que “no puede ser que este país esté secuestrado por un grupo económico”, que “si no hay una reforma, las AFP van a ser principalmente las responsables” y que “andan de víctimas con su minutita” (aunque eso de andar de víctima es más propio del partido en el que la ministra milita, en que se acusa que hay persecución política contra el alcalde Jadue).

Todo ello con miras a la demolición y el reemplazo del sistema de pensiones, que requiere reformas para reforzar el pilar contributivo y no la introducción de un reparto solapado bajo la fórmula de un “seguro social”, que perjudica a los más jóvenes. A ese discurso, alentado por el gobierno, hoy se suman diputados oficialistas que piden la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de AFP.

Si el proyecto de pensiones no ha logrado mayores avances es porque el Ejecutivo no ha podido convencer a los legisladores, que toman las decisiones. Demás está decir que en ese debate puede participar cualquier persona, incluidos los incumbentes, para intentar persuadir con argumentos. Pero la racionalidad se echa a un lado y el gobierno, llamado a conducir, elige el camino de la confrontación y lo más increíble es que la estrategia les genera réditos, logrando que la oposición dé algunos pasos hacia la aprobación de una reforma sobre la que persisten gruesas y múltiples inquietudes. Incomprensible.

No se ha quedado atrás el ministro de Economía. A propósito del cierre de Huachipato, responsabilizó exclusivamente a las empresas, sindicándolas de irresponsables por haberles fallado al país. En realidad, las sobre tasas impuestas por los miembros del gobierno de la comisión anti-distorsiones fueron la falla, al hacer caso omiso de la realidad y al distorsionarla, imponiendo costos a la comunidad toda, tal y como posiblemente lo hará el plan para producir acero en Chile que propuso el ministro.

Y a propósito de los prolongados apagones causados por un fenómeno meteorológico sin precedentes, tampoco podía ser menos el ministro de Energía y el propio presidente que, indignadamente, anunciaron el inicio de un proceso para caducar la concesión de Enel. El ministro ha deslizado también que debería tomar la posta una empresa estatal chilena y en ello es secundando por el fiel escudero Winter que, cuando se trata de remedios peores que la enfermedad, no duda en subirse al carro.

Nuevamente, ante la molestia justificada de la ciudadanía para con la compañía eléctrica, la que tiene responsabilidades sobre todo por su deficiente atención e información a sus clientes, el gobierno optó por la lógica de apuntar hacia un enemigo, la empresa, obviando las importantes responsabilidades que al propio Estado le caben en tanto regulador y fiscalizador.

Lo cierto es que, si queremos una red eléctrica más resiliente ante fenómenos climáticos complejos, y medidores inteligentes, la normativa debe ponerse al día para dar con el estándar de servicio que requerimos y éste debe reflejarse en precios porque no hay algo así como un almuerzo gratis. Tampoco hay algo así como una empresa estatal que nos salga gratis y sea eficiente.

No está demás decir que, si el gobierno caduca la concesión, el problema no se resuelve pues la regulación y los incentivos no habrán cambiado y no mejorará la situación de los clientes. Y si la “empresa modelo” es una estatal, los problemas solo aumentarán pues el Estado chileno no tiene recursos para hacerse cargo de la red.

Además, basta ver cómo responde a las urgencias en salud y educación para hacerse un panorama. Más aún si la autoridad convoca a no pagar la cuenta (“no habría cara para pedirles a los consumidores que paguen la cuenta de la luz si la empresa ha sido indolente e incompetente”, dijo el ministro) dando, además, pábulo a la segura vorágine de malas soluciones parlamentarias que estas situaciones gatillan.

En vez de conducir y colaborar, que es lo esperable del gobierno, reviven un discurso de desprecio y antipatía contra la empresa privada (motor del crecimiento y el empleo), mismo que antes iniciara la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno. Y está claro, dado el deterioro que nuestro país ha experimentado desde ahí, que ese no es el camino.

Aun cuando la indignación fluye naturalmente en los miembros de Apruebo Dignidad -así forjaron su carrera política-, los ciudadanos ya no queremos más de esa lógica furibunda y activista que en 2019 puso en serio peligro a nuestro país. Buscamos conducción prudente y responsable, en aras del bien común, para salir adelante y progresar.

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