El Segundo Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero de US$3.200 millones de Collahuasi y ordenó retrotraer su tramitación para revisar cuestionamientos sobre impactos humanos y marinos, en medio de la ofensiva del Gobierno para destrabar inversiones. Fuentes de la industria dicen que la empresa ya ha ejecutado cerca del 90% de la inversión estimada. La firma anunció que se encuentra evaluando acciones legales.
Qué observar. En medio del impulso del Ejecutivo a la ley miscelánea que —entre otras cosas— busca destrabar la denominada “permisología”, el Segundo Tribunal Ambiental anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi, que fue aprobado a fines de 2021.
- El objetivo de la iniciativa, cuya inversión alcanza los US$3.200 millones, es extender por 20 años la continuidad operacional de Collahuasi —propiedad de Anglo American (44%), Glencore (44%), y Japan Collahuasi B.V (12%)—.
- La sentencia ocurre luego de que el tribunal —integrada por los ministros Marcela Godoy Flores, Cristián López Montecinos y el exministro Cristián Delpiano Lira— acogiera una reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta Chanavaya y Aymara de Caleta Chanavaya.
- “Se deja sin efecto resolución reclamada y la RCA del proyecto, debiendo retrotraerse la evaluación ambiental del proyecto hasta antes de la dictación del Informe Consolidado de Evaluación (‘ICE’), con el objeto que se elabore un nuevo ICSARA”, se lee en el dictamen.
- La resolución además pide al titular que aborde las observaciones vinculadas con “la línea de base del medio humano, incluyendo el uso del maritorio en la zona de Punta Patache y el Sector Puerto Collahuasi por parte de las asociaciones indígenas reclamantes”.
- Asimismo, se le solicita que subsane “las observaciones relacionadas con los impactos en el medio marino”.
- La decisión judicial representa un nuevo revés para uno de los proyectos mineros más relevantes en ejecución en el país, y reabre el debate sobre la tensión entre inversión y tramitación.
La tramitación. La iniciativa fue aprobada en 2021 y buscaba extender la operación por dos décadas, aumentar la producción y reducir el uso de agua continental mediante una planta desaladora.
- Pero desde su origen presentó objeciones. Comunidades indígenas y organizaciones cuestionaron la forma en que se evaluaron los impactos sociales y ambientales del proyecto, especialmente en el borde costero y en sectores vinculados a actividades tradicionales.
- En 2023, el Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric rechazó esas reclamaciones y mantuvo vigente la RCA. El conflicto, entonces, escaló al Segundo Tribunal Ambiental.
- El fallo no acogió todos los cuestionamientos contra la iniciativa, pero sí identificó un problema de fondo: que la autoridad ambiental no resolvió adecuadamente la solicitud de invalidación vinculada al componente humano de la evaluación, según consignó Radio Biobío.
- En términos simples, el tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes para descartar potenciales afectaciones sobre comunidades indígenas y actividades desarrolladas en el borde costero.
Avance del proyecto. Tras obtener la RCA del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”, Collahuasi avanzó en la construcción de su primera planta desaladora, componente clave del proyecto C20+, con el que busca prolongar la vida útil del yacimiento.
- Según el último reporte de sustentabilidad de 2024, la compañía detalló que la construcción de la planta registraba un avance superior al 86%. La infraestructura contempla una capacidad de 1.050 litros por segundo y apunta a asegurar el suministro hídrico para la operación minera.
- La planta desaladora estaba construida y se esperaba que entrara en operación durante 2026, consolidándose como uno de los principales hitos para la continuidad operacional de Collahuasi.
- Por otra parte, la empresa Techint E&C ya entregó con éxito el sistema de impulsión de agua que preparó para el proyecto C20+, que consiste en cinco estaciones de bombeo, seis estaciones de drenaje, una estación de transferencia y un ducto de 194 kms. Esto, con el fin de trasladar agua desalada desde Punta Patache en la costa del Pacífico hasta las faenas mineras, a más de 4.400 metros de altura en la Cordillera de los Andes, permitiendo abastecer el 100% del consumo de agua de Collahuasi y extender su vida útil por 20 años.
La respuesta de Collahuasi. Tras conocerse el dictamen, Collahuasi informó que se encuentra evaluando las acciones legales a seguir. La compañía enfatizó que la resolución “ordena al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retrotraer el proceso de evaluación ambiental para realizar un nuevo análisis acotado a observaciones vinculadas al medio humano y al medio marino”.
- Asimismo, defendió la tramitación ambiental del proyecto y sostuvo que esta “se desarrolló en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente”, criterio que —según la minera— fue ratificado en agosto de 2023 por el Comité de Ministros, cuando rechazó reclamaciones presentadas por las mismas comunidades que ahora obtuvieron un fallo favorable.
- La firma también subrayó que el proyecto “cuenta con una RCA favorable obtenida hace cinco años, considera una inversión ejecutada de aproximadamente US$3.200 millones y su planta desaladora se encuentra en etapa final de construcción”.
- Fuentes de la industria plantean que Collahuasi ya habría ejecutado cerca del 90% de la inversión total estimada, considerando que la iniciativa fue aprobada hace casi cinco años. Además, advierten que, dado el nivel de avance de las obras, el veredicto introduce un escenario de alta incertidumbre regulatoria para el desarrollo y continuidad del diseño.
- En ese contexto, señalan que si el caso escala a la Corte Suprema esperan que el máximo tribunal revierta la decisión del Segundo Tribunal Ambiental y respalde la continuidad de la iniciativa. A juicio de actores del sector, una paralización o reversión de un proyecto en una etapa tan avanzada de ejecución constituiría una señal de “descriterio” regulatorio para futuras inversiones de gran escala.
El plan de Reconstrucción. El caso de Collahuasi tiene se enmarca en la discusión del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, que justamente apunta a entregar certeza jurídica para grandes inversiones y reducir las trabas que actualmente genera la “permisología”.
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