El cuestionado sistema de nombramiento de jueces. Por Francisca Werth Wainer

Sea lo que sea que se haga, debemos avanzar en lograr un sistema más transparente, pero también en mecanismos de control posterior que sancionen duramente a quienes ejerzan su labor movidos por sus intereses particulares, favores debidos o que hayan llegado a sus cargos por gestiones espurias que comprometan su independencia.

A estas alturas no creo equivocarme si aseguro que, ni siquiera quienes seguimos de cerca el devenir y aristas que ha traído el conocido caso audios, no estamos algo perdidos entre tanto mensaje de WhatsApp, pantallazos ofreciendo doctorados y la mensajería de textos pidiendo y ofreciendo apoyos para ser nombrados en importantes cargos a los que creímos se llegaba por mérito.

Probablemente también, como hubiese dicho el presidente Lagos, a la señora Juanita que se le inundó su casa en el sur no les interese mucho esta polémica, que a ratos parece de baja entidad y poco decorosa. Pero, tras todo este lío, hay varios temas de fondo que sobre los que si hay que reflexionar.

El primero de ellos es por qué esto es importante para nuestro estado de derecho. La labor que realizan los tribunales de justicia es fundamental porque es ahí donde como sociedad hemos decidido que se resuelvan los conflictos que podemos tener en cualquier ámbito de nuestra vida en común.

Si tenemos un problema con los arrendatarios de nuestra casa y no llegamos a un acuerdo, vamos a tribunales y presentamos una demanda. Si un padre o una madre no pagan la pensión de alimentos de sus hijo/as, recurriremos a un juez de familia, quien mandatara a quien corresponda a realizar el pago. O si somos víctimas de un delito, tendremos al menos, algo de reparación si sabemos que un fiscal investigará y llevará a juicio a quien ilegítimamente nos agredió.

Y así podemos seguir con muchos otros ejemplos. Pero en cada caso, al final de cada una de estas historias, es probable que exista un juez que resuelva y tenga el imperio para hacer cumplir la ley en el caso concreto. Y después del juez de instancia, cada parte podrá recurrir a una de las cortes de apelaciones y después a la Corte Suprema, para plantear sus reparos con lo resuelto y buscar una solución a sus problemas.

En todos los ejemplos, quienes busquen esta resolución judicial tienen el derecho de exigir que el juez y tribunal que conozca de su problema y vaya a fallar, sea independiente de todo conflicto de interés y no se guíe por ningún otro criterio más que el que sea legal y técnicamente idóneo. Esos dos factores -independencia e idoneidad- son los que se ponen en riesgo cuando el que llega a un cargo tan importante como el de ser juez, no puede garantizarlos de manera induditable.

Son tan amplios los poderes que la Constitución le entrega a los tribunales que alcanzan a la facultad exclusiva de conocer, resolver y ejecutar lo decidido en los asuntos civiles y criminales que deban conocer, pudiendo dar ordenes a la fuerza pública y asegurando que ninguna autoridad, ni el presidente de la República, pueda entrar a calificar el fundamento, oportunidad, la justicia ni la legalidad de lo decidido por nuestros jueces. Más vale entonces que nos importe que esos jueces sean probos, independientes e idóneos para ejercer estas facultades que la Constitución les entrega.

¿Qué hacer entonces, cuando lo único que vemos es que cada vez surgen más antecedentes, que más parecen la punta del iceberg que una visión del glaciar completo, de que nuestro sistema de nombramiento de autoridades no puede garantizar estas dos características indispensables que deben tener los jueces?

Surgen de inmediato opiniones de expertos, por ejemplo, la propuesta entregada por un grupo integrado entre otros, por la ex presidenta de la Comisión de Expertos del último proceso constituyente, Verónica Undurraga, que con razón plantean reformas al sistema de nombramiento judiciales. En los dos procesos constituyentes que vivió Chile se hicieron sendas propuestas para cambiar este sistema y de gobierno judicial.

En general, todas apuntan a mayor transparencia en los procesos y mayores garantías de que se procederá a nombrar a los mejores. Muchos indican que es necesario eliminar al Senado en los nombramientos, reduciendo así el ámbito de intervención de la política.

Se busca asegurar que se evalúen las capacidades de interpretación y aplicación del derecho en el caso concreto, que exista información transparente y suficiente de los candidatos para quien deba hacer los nombramientos y diversas formas de lograr autonomía. Se proponen desde comisiones de nombramientos que abran la propuesta a técnicos expertos de fuera del Poder Judicial, y acotar el plazo que tiene el presidente para nombrar, de manera de reducir los riesgos de un lobby intenso en favor de un candidato.

Sin embargo, sabemos que nunca existirá un mecanismo perfecto. Todo sistema está expuesto a presiones y todos los que participen de una forma u otra en los procesos tendrán conflictos de interés.

Sea lo que sea que se haga, debemos avanzar en lograr un sistema más transparente, pero también en mecanismos de control posterior que sancionen duramente a quienes ejerzan su labor movidos por sus intereses particulares, favores debidos o que hayan llegado a sus cargos por gestiones espurias que comprometan su independencia.

Por esto nos debe importar este tema, porque cualquiera de nosotros puede necesitar de un juez imparcial e idóneo que resuelva nuestro problema con el arrendatario o persiga a quien cometió un delito y nos hizo daño. La labor de los jueces es trascendental para nuestra vida en sociedad y el funcionamiento adecuado de la democracia. No todo vale para llegar un cargo y quienes postulan a ejercerlo deberían ser los primeros en saberlo y hacerlo valer.

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