El pasado 2024 ha dejado al descubierto profundas grietas del sistema de salud chileno. Las listas de espera, la crisis financiera de las Isapres y la ineficiencia del sistema público han puesto al sector en jaque. Estos problemas se han agudizado y se perfilan como los principales desafíos para el año 2025.
El problema más relevante en el sector público son las listas de espera, que han alcanzado niveles históricamente altos. En patologías no GES, tanto en consultas de especialidades como en exámenes de apoyo diagnóstico, superan los 2,6 millones de personas, y se han postergado cerca de 350.000 cirugías. En el GES, las patologías no resueltas oportunamente han llegado a más de 60.000 en algún momento.
Lo más grave es que más de 30.000 personas han fallecido en las listas de espera, algunas por causas no necesariamente asociadas a la espera. La falta de atención oportuna provoca atrasos en el tratamiento y diagnósticos tardíos, agravando la situación de salud de las personas y empeorando el pronóstico en enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión. Esto aumenta la demanda de servicios y los costos para el sistema, además de deteriorar la calidad de vida de los pacientes.
El país no puede seguir esperando. Se requiere una estrategia coordinada y efectiva para reducir las listas de espera, ya sea mediante una mayor producción y/o compra de servicios y, sobre todo, con una gestión oportuna de estas.
Por otro lado, tenemos el desafío de la eficiencia y productividad del sistema. Un estudio del Instituto de Salud Pública UNAB reveló que, a pesar de que el país ha incrementado el financiamiento en un 82% en términos reales en los últimos 10 años, la eficiencia y productividad han disminuido en un 3,8% promedio anual. Esto implica que más del 40% del mayor aporte fiscal se ha consumido por pérdida de eficiencia. Esto contribuye a la crisis financiera de los hospitales y no se resolverá sin una clara decisión política.
Como si fuera poco, el sector privado también ha sorteado una gran crisis durante 2024. La crisis financiera del sistema, provocada por su modelo de negocio y el alza en los costos; los dictámenes de la Corte Suprema; el tardío y mal manejo de la crisis por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia, y la mala ley corta de Isapres aprobada por el parlamento, genera un escenario incierto para el 2025.
Los malos incentivos introducidos en la Ley corta han estimulado la desafiliación de la población de bajo riesgo y concentrando a la población de alto riesgo en las Isapres, presionando al alza los costos y precios, profundizando la crisis. Actualmente, hay Isapres con deudas impagables y nuevas Isapres surgiendo con el mismo marco regulatorio antiguo que facilitó la crisis actual, y sin un ambiente político para reformar el sector.
Otro reto importante para este año será la implementación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, la cual busca otorgar cobertura a sus afiliados a través de seguros complementarios ofrecidos por compañías de seguros. Esta modalidad iniciará su implementación en 2025 con una licitación en el primer semestre del año, en la que FONASA espera contar con suficientes oferentes y precios cercanos a los prometidos de $30.000 por persona.
Desafío que requerirá grandes adaptaciones de FONASA para gestionar con éxito esta nueva modalidad en un seguro regulado por la CMF, con una lógica de seguro de corto plazo, voluntario e individual. No obstante, en un entorno de millones de beneficiarios en lista de espera, se introducen incentivos para la selección adversa, difíciles de contrarrestar a un precio razonable en el corto plazo.
Por último, pero no menos relevante, las autoridades deberán hacerse cargo en forma efectiva de los principales indicadores epidemiológicos que no han mejorado y en algunos casos han empeorado. El sector debe asumir el gran desafío de frenar el deterioro de la salud de la población, manifestado gravemente en cáncer, obesidad y problemas de salud mental.
El 2025, siendo un año electoral, estará inevitablemente marcado por los problemas no resueltos de los últimos tres años. Estos desafíos no solo agudizarán el debate público, sino que también empeorarán la percepción de la calidad del sistema de salud entre la población. Según nuestras encuestas anuales, esta percepción se ha mantenido estancada en una nota de 4.0 en una escala de 1 a 7 durante los últimos 14 años. Es imperativo que se tomen medidas decisivas para cambiar esta realidad y mejorar la confianza de los ciudadanos en su sistema de salud.
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