Antecedentes a tener en cuenta. El 1 de octubre del 2021 comenzó a funcionar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez. El organismo tiene la responsabilidad de la protección especializada a la niñez y adolescencia, con dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde septiembre de este año está a cargo del ministro Giorgio Jackson. La misión es restituir derechos y reparar el daño de los niños, niñas y adolescentes (NNA) gravemente amenazados y vulnerados, quitándole esta responsabilidad al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Una frustrada licitación. El 21 de octubre de este año, Mejor Niñez adjudicó a instituciones especializadas 206 programas destinados a las intervenciones ambulatorias de reparación, diagnóstico clínico especializado y seguimientos de casos y pericias en favor de NNA gravemente vulnerados en sus derechos. La calificación legal de “gravemente vulnerados en sus derechos” aplica para niños, niñas y adolescentes expuestos al peligro o daño contra su integridad física y sicológica por negligencia de sus padres o guardadores, maltrato de cualquier tipo o abuso sexual.
Graves consecuencias. Lo sucedido con Mejor Niñez significa que las listas de espera de NNA vulnerados llegarán a unos 40 mil en el marzo, con graves consecuencias para su futuro tratamiento. Francisco Gorzilia, vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados de Mejor Niñez, que agrupa a 55 organismos acreditados en el servicio, advirtió que ello significa que muchos procedimientos de recuperación de estos menores de edad deberán interrumpirse por un problema administrativo y no terapéutico.
Defensoría de la Niñez interviene. En septiembre, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago ante 14 mil casos que en ese momento estaban en lista de espera. Pero el 13 de octubre la misma directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, informó a la Corte que esta lista creció a 25.875 casos, de los cuales el 62,4% son programas ambulatorios, y el 31% son programas de diagnósticos.
Incumplimiento al tribunal. El abogado experto en temas de infancia, Carlos Alvear, actual miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Sename (COSOC), calificó lo ocurrido como una crisis. Porque los NNA que están con diagnóstico ambulatoria (DAM), son aquellos que son enviados por los tribunales a estos programas para evaluar el daño sufrido por la vulneración. Y el resultado puede usarse como medio de prueba, en caso de existir delitos en su contra. Si no hay atención, se incumple la medida judicial.
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