Julio 17, 2022

Boric en el límite de la legalidad. Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Los mayores problemas de Boric se relacionan con la percepción de la realidad, como también de sus propias capacidades para incidir en ella. Tuvo la oportunidad de asumir una posición de Estado frente al plebiscito, como garante de una campaña ordenada y respetuosa, sin intervencionismo gubernamental.


Es posible que en los últimos días hayamos conocido un poco más a Gabriel Boric como político, y ello no lo favorece. Estuvo dispuesto a ser el vocero de una maniobra ideada por Fernando Atria y Giorgio Jackson para modificar el curso de derrota que lleva la opción Apruebo. Declaró en Chilevisión que, si ganaba el Rechazo en el plebiscito, “lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar el proceso por un año y medio más, donde se va a tener que discutir todo desde cero”.

Luego, afirmó que eso implicaba elegir otra Convención. Lo medular no era, como pareció a primera vista, que reconociera la inminencia del triunfo del Rechazo, sino el intento de asociar el Rechazo con la prolongación de la incertidumbre, que ya tiene cansados a los chilenos.

Es grave que el mandatario haya estado dispuesto a jugar con cartas marcadas, porque eso es exactamente su interpretación de que el plebiscito de entrada, en octubre de 2020, supuso un mandato indefinido para elaborar una nueva Constitución al margen del Congreso. En los hechos, desprecia la legitimidad del actual Congreso, que asumió en marzo de este año, igual que él.

Boric no improvisó. Poco después de sus declaraciones, Fernando Atria aportó la base “ideológica” de la maniobra: “El mandato del pueblo en el plebiscito de entrada: que la NC sea hecha por una CC elegida, es final y vinculante. Nada de comisión de expertos o reformas parlamentarias. Pero si gana el rechazo la continuación dependerá de quienes siempre defendieron la Constitución del 80, incluso, como dice el Presidente, negando la realidad (…). Las opciones son el Apruebo el 4/9 o entrar a un camino largo e incierto que puede tener un costo altísimo para todos”.

Es despampanante la soltura de cuerpo. Atria habla como si la Convención no hubiera dado el espectáculo que dio durante un año, y como si no conociéramos sus frutos. Y, además, lanza la amenaza del “costo altísimo” que pagaríamos si no votamos como él indica. Se confirma que, detrás de la aventura constituyente que partió en noviembre de 2019, ha estado siempre el chantaje del castigo al que nos exponemos si no nos dejamos conducir por los iluminados.

La maniobra parte del supuesto de que el país es un laboratorio en el que se puede experimentar uno o dos años más, o hasta que resulte, con tal de conseguir algo parecido al diseño refundacional armado por los abogados de las izquierdas unidas. Penosamente, Boric actuó como si participara en juegos de guerra, moviendo piezas aquí y allá, sin considerar las consecuencias institucionales, económicas y de seguridad pública que tendría prolongar la inestabilidad en un país ya cansado de tantos disparates y tanto infantilismo.

El mandatario no puede saltarse la legalidad dentro de la cual fue elegido. De ello depende su supervivencia. El artículo 142 de la Constitución vigente dice: “Si la cuestión planteada en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Eso es lo establecido, y debe respetarse. Si él lo desconoce, equivale a desconocer la legitimidad de su propia investidura.

Los mayores problemas de Boric se relacionan con la percepción de la realidad, como también de sus propias capacidades para incidir en ella. Tuvo la oportunidad de asumir una posición de Estado frente al plebiscito, como garante de una campaña ordenada y respetuosa, sin intervencionismo gubernamental.

Era lo que correspondía a las buenas prácticas políticas en nuestro país, donde el gobernante y sus colaboradores no pueden abusar de los cargos ni de los fondos públicos para hacer proselitismo. Si hubiera actuado así, habría protegido su propio mandato. Pero, no lo hizo y, en cambio, se sumó al arrebato militante, que lo lleva ahora a maniobrar de modo turbio.

Si gana el Rechazo, el país seguirá funcionando tal como lo hace hoy, dentro del Estado de Derecho. Boric no puede sugerir nada distinto. De partida, no puede hacer como si el Congreso no existiera. Carece de atribuciones para adoptar unilateralmente una iniciativa que rompa lo establecido en la Constitución. Cualquier nueva propuesta en materia constitucional debe ser discutida en el Congreso. Un hipotético nuevo proceso constituyente exigiría una nueva reforma constitucional.

Es indispensable que el país avance en paz hacia el plebiscito. Hay que cuidar que el proceso electoral se desarrolle correctamente en todas sus fases, de modo que sus resultados sean inobjetables y se conozcan en la misma noche del 4 de septiembre. Todas las fuerzas políticas deben colaborar para que así sea, Del mismo modo, todas deben reafirmar su compromiso con el Estado de Derecho.

En el debate de este período, han abundado las alusiones funerarias sobre la Constitución vigente. Lo extraño es que nadie vincula eso con la institucionalidad que tenemos, o sea, con las garantías individuales, el ejercicio de las libertades, la separación de poderes, las elecciones libres y competitivas, el Parlamento bicameral, el Poder Judicial independiente, las FF.AA. profesionales, el Banco Central autónomo, etc. Los cambios que vengan deben mejorar lo que tenemos, no llevarlo a la crisis.

Chile tiene, por desgracia, un gobierno precario. En su seno, pugnan fuerzas sobre las cuales hay fundadas dudas de su lealtad hacia el régimen democrático. En este cuadro, no cesa de crecer la inquietud sobre la estatura del liderazgo presidencial y los riegos para la estabilidad y la gobernabilidad. Por todo esto, sobran las razones para decir: ¡menos mal que la Constitución está vigente!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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