Hay que reconocer la astucia con que actuó el oficialismo para neutralizar el tsunami de indicaciones opositoras al proyecto de ley de Reconstrucción en la comisión de Hacienda de la Cámara. El recurso de la indicación sustitutiva dejó fuera de foco la maniobra con la que se buscaba empantanar el debate y “hacer sufrir” al gobierno, como habían confesado los cerebros del plan. Al final, el proyecto fue aprobado en la comisión y podría ser votado en la sala en los próximos días.
Si el gobierno consigue ponerse de acuerdo sobre ciertos puntos controvertidos con el PDG y la DC, el proyecto podría convertirse en ley muy pronto, lo cual constituiría un logro político muy trascendente, pues despejaría no pocas dudas y temores sobre la hoja de ruta. Subsisten las preocupaciones respecto de los recortes presupuestarios en diversas áreas, pero allí también La Moneda tendrá que actuar con realismo y flexibilidad.
El gobierno de Kast no alcanzó a gozar del período de instalación en el que, tradicionalmente, las fuerzas opositoras se cuidan de no aparecer en una actitud mezquina o poco constructiva. Su estreno en sociedad fue más agitado de lo que cualquiera pudo haber imaginado, a lo que contribuyó decisivamente el alza de los combustibles. Muy rápido, los debates adquirieron un tono de crispación que determinó que mucha gente temiera el resurgimiento de una atmósfera como la del estallido antisocial. Varios analistas de la TV y la prensa se apresuraron en anunciar una crisis en forma.
En ese cuadro, influyeron por supuesto los errores políticos y comunicacionales del gobierno, los que fueron capitalizados por los opositores irreductibles. Habían transcurrido apenas dos semanas del inicio del gobierno, cuando la senadora Cicardini, del PS, ya le estaba pidiendo la renuncia al ministro de Hacienda. Buena parte de las fuerzas que gobernaron hasta marzo pasado se excitaron con la posibilidad de tomarse desquite de su derrota electoral. Hasta parece que imaginaron repetir la fórmula de acoso aplicada contra Piñera.
De los tira y afloja de estos dos meses quedan varías enseñanzas para Kast y su equipo. Por ejemplo, que los programas de gobierno son solo eso, líneas de trabajo. No constituyen de ninguna manera un manual de instrucciones. Ya en el poder, hay que compatibilizar los diseños con la realidad, las aspiraciones con las posibilidades presupuestarias. Y luego, los proyectos requieren votos suficientes en el Congreso, pero además legitimidad ciudadana y comprensión social, lo que obliga a explicar sus razones y sus implicancias. Una buena idea puede estar mal explicada, y ello causar grandes descalabros.
En ciertos momentos, el gobierno dio la impresión de estar animado de un espíritu parecido al de Javier Milei, con motosierra para cortar aquí y allá, sin medir mucho las consecuencias. Parece haber entendido que ese no es el camino (dicho sea de paso, el experimento anarco-capitalista en Argentina tiene hoy un pésimo aspecto). Es comprensible el esfuerzo del gobierno de Kast por desburocratizar el funcionamiento del Estado y asegurar el buen uso de los recursos públicos, pero eso debe hacerse criteriosamente y considerando los posibles efectos.
En las condiciones creadas por la llegada de un gobierno de derecha a La Moneda, un sector de la oposición ya ha revelado que buscará exacerbar los antagonismos mediante la agitación callejera. Se trata de los partidos que cifran sus mayores expectativas de influencia en la creación de un clima de tensión y conflicto. Y cuando hablan del “movimiento social”, ya sabemos a qué se refieren.
El derecho a expresarse en el espacio público está garantizado en la Constitución y las leyes, pero ello implica respetar el orden democrático que lo hace posible. Y a todos nos consta que tal derecho puede desnaturalizarse y derivar en actos abiertamente antisociales. Lo saben bien los apoderados del Instituto Nacional.
Muchos estudiantes ya han salido a la calle a vivir su propia experiencia de exaltación. Hay que tratar de que no se conviertan en una fuerza de choque, manipulada por los profesionales de la agitación y la violencia, que desearían que los enfrentamientos con las fuerzas policiales se desbordaran para poder acusar gobierno de Kast de violar los derechos humanos. Allí está planteado para La Moneda un gran desafío político, no solo policial. Hay que hablarles a las familias de los estudiantes sobre los riesgos que existen.
El país tiene hoy una real oportunidad de progreso, y su concreción depende ante todo de que el gobierno “haga política”, esto es, que dialogue con todos los sectores dispuestos a ello, con vistas a generar una vigorosa corriente nacional que busque mejorar las cosas. El 1 de junio, Kast entregará su primer mensaje al Congreso, y puede dar un paso muy significativo en cuanto a despejar prejuicios y ofrecer certezas sobre el camino que propone recorrer.
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