El jueves la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Ocho votos a favor, cinco en contra, una abstención. El proyecto avanza. Pero lo que llama la atención no es el resultado —que era esperable, dada la composición de la comisión—, sino el escenario en que ocurre.
Días antes, el Consejo Fiscal Autónomo había presentado un informe demoledor. El Fondo Monetario Internacional había bajado la proyección de crecimiento del país y advertido que las ganancias del proyecto podrían ser “algo optimistas”. JP Morgan acababa de calificar la propuesta como “atractiva, pero incierta”. Y el gobierno, fiel a su libreto, no se movió un milímetro. Hay algo desconcertante en esa quietud. No la quietud serena de quien tiene certezas, sino la quietud rígida de quien ha decidido que escuchar es debilidad.
El Consejo Fiscal Autónomo, organismo técnico cuya independencia ningún gobierno serio había cuestionado hasta ahora, dijo cosas precisas: déficits fiscales hasta al menos 2031, peak deficitario del 0,71% del PIB en 2030, costos ciertos y predecibles, beneficios inciertos, graduales y condicionales. Nueve riesgos directos, doce recomendaciones concretas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió que necesitaba “analizarlo detenidamente”. Después dijo otra cosa: si la ley no pasa, “vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”. Esa frase, dicha al pasar, es un acto político.
El argumento del gobierno es conocido. Reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, restablecer la integración tributaria, instaurar un crédito al empleo, simplificar la permisología, fijar invariabilidad tributaria por veinticinco años para inversiones sobre cincuenta millones de dólares. Más inversión, más empleo, más crecimiento, y por la vía del crecimiento, más recaudación. La fórmula de la economía de la oferta, llevada a su versión más ambiciosa en años.
JP Morgan, que no es precisamente una institución simpatizante de regímenes redistributivos, lo dijo con elegancia: la lógica económica es sólida, pero el éxito fiscal descansa sobre una premisa “atractiva, pero incierta”. En su escenario pesimista, la reforma sería permanentemente costosa, con un déficit adicional de entre 0,16% y 0,52% del PIB.
El FMI recortó la proyección de crecimiento para 2026 desde el 2,4% al 2,2% y pidió que la brecha fiscal se compense con medidas equivalentes. Sugirió alternativas más focalizadas, como la depreciación acelerada o subsidios acotados a la creación neta de empleo. Sugirió. El gobierno escuchó. Asintió. Siguió.
Y no fueron solo los organismos. La Comisión de Hacienda escuchó durante días a economistas y exautoridades de distintas sensibilidades. Mario Marcel sostuvo que el informe financiero subestima los costos del proyecto y advirtió que las omisiones podrían elevar el impacto fiscal estimado al 2030 en cerca de dos mil millones de dólares.
Andrea Repetto cuestionó el diseño del crédito tributario al empleo y el restablecimiento de la integración. Klaus Schmidt-Hebbel, que difícilmente podría ser acusado de heterodoxia, se sumó a las advertencias. Luis Eduardo Escobar planteó que el proyecto podría elevar el riesgo de recesión sin medidas compensatorias.
La derecha contó con voces favorables —Bettina Horst, Alejandro Weber—, pero el patrón fue inequívoco: incluso quienes apoyaron la dirección general identificaron problemas concretos que requerían correcciones específicas. Nada de eso encontró eco en La Moneda.
La generación de empleos prometida tampoco es evidente. El crédito tributario al empleo cuesta unos 1.400 millones de dólares y JP Morgan advierte lo obvio: su efectividad depende de que cree empleos formales nuevos, no de que termine subsidiando empleos que ya existían. Si el crédito se convierte en una transferencia hacia empresas que iban a contratar de todos modos, el costo fiscal es real y el beneficio dinámico, una ilusión contable.
Y el crecimiento per se depende críticamente del precio del cobre: el propio FMI reconoce que más de la mitad del crecimiento proyectado para 2027-2030, en su escenario favorable, vendría asociado a precios entre 5,5 y 6,0 dólares por libra. La política económica chilena, una vez más, atada al humor de los mercados internacionales.
Lo que llama la atención no es la apuesta —toda política económica lo es— sino la rigidez con que se sostiene. La oposición presentó veintitrés dudas sobre inconsistencias del informe financiero. El gobierno no se movió. El CFA entregó nueve riesgos y doce recomendaciones. El gobierno no se movió. Los expertos identificaron observaciones precisas. El gobierno no se movió.
Y entonces ocurrió lo previsible: la oposición anunció que ingresaría cerca de dos mil indicaciones al proyecto durante la votación en particular. Cuando un Ejecutivo se niega a procesar la crítica técnica por la vía sustantiva, esa crítica reaparece por la vía procesal. La avalancha de indicaciones no es un capricho parlamentario. Es la forma que adopta una conversación que el gobierno decidió no tener.
La Moneda calificó la maniobra de “sabotaje legislativo”. Quizá lo sea. Pero conviene preguntarse cómo se llegó hasta aquí. Si las observaciones del CFA, del FMI, de JP Morgan y de los expertos hubieran sido procesadas con seriedad —no necesariamente aceptadas, sino procesadas—, el espacio para una estrategia de inundación sería mucho más estrecho. La oposición está usando el reglamento como sucedáneo del diálogo que el gobierno no quiso abrir.
El péndulo chileno tiene una constante: cada gobierno cree haber encontrado la fórmula que sus antecesores ignoraron. Boric apostó por una refundación que no pudo sostener. Kast apuesta por un crecimiento que aún no se materializa. Lo extraño no es la advertencia. Lo extraño es la sordera. Y dos mil indicaciones son el sonido que esa sordera produce cuando rebota contra el reglamento.
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