El estreno del gobierno de José Antonio Kast ha estado marcado por el complejo tránsito desde la lógica de la campaña electoral hacia los desafíos de la conducción del Estado.
El presidente electo, que construyó su éxito en las urnas con una retórica de confrontación y promesas de cambio radical, hoy enfrenta la necesidad de moderar su discurso y tender puentes para construir gobernabilidad en un escenario político fragmentado.
Las primeras señales de alerta surgieron desde las encuestas. El índice de aprobación presidencial debutó bajo el 40%, demostrando que el malestar ciudadano que Kast supo capitalizar en campaña ahora golpeaba a las puertas de La Moneda.
La luna de miel con la opinión pública fue efímera, y pronto quedó claro que la lógica del candidato disruptivo no es la misma que la del estadista que debe conducir un país.
En el frente de la seguridad, uno de los ejes centrales de su campaña, el gobierno debió matizar su promesa de “mano dura” contra la delincuencia tras una serie de denuncias por abusos policiales.
La realidad mostró rápidamente las complejidades de equilibrar el orden público con el respeto irrestricto a los derechos ciudadanos, una ecuación que requiere mucho más que consignas simplistas.
Pero los mayores desafíos han surgido en el plano económico y social. El estrecho margen fiscal heredado de la administración anterior obligó al gobierno a moderar los ambiciosos recortes de impuestos prometidos en campaña y buscar nuevos equilibrios para mantener la responsabilidad en las cuentas públicas sin descuidar las urgentes demandas sociales.
Así, mientras el equipo económico anunciaba ajustes en los presupuestos de diversos ministerios, se exceptuaron de los recortes carteras clave como Salud, Educación, Vivienda y el propio Ministerio de Seguridad.
El gobierno optó por reducir gastos operacionales para evitar afectar programas sociales prioritarios.
En paralelo, se negociaban a contrarreloj nuevas protecciones sociales con los municipios y la poderosa Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). Este movimiento refleja una apuesta por la descentralización como una vía más eficaz para responder a las necesidades territoriales en tiempos de crisis.
Las negociaciones entre el gobierno central y los alcaldes dieron como fruto un paquete de medidas para fortalecer la red de apoyo a familias vulnerables a través de los gobiernos locales.
Se acordó un aumento significativo del 10% en el Fondo Común Municipal, recursos que las autoridades comunales podrán destinar flexiblemente a programas de empleo de emergencia, apoyo directo a las pymes y el fortalecimiento de las ollas comunes que han proliferado en los barrios más golpeados por la crisis económica. El registro social de hogares será el instrumento fundamental para detectar a los sectores carenciados.
Adicionalmente, se pactó un ambicioso plan de inversión en infraestructura local para reactivar las alicaídas economías regionales. Este plan contempla la aceleración de proyectos de conectividad vial, mejoramiento de espacios públicos y construcción de equipamiento comunitario, con el doble objetivo de generar empleos y mejorar la calidad de vida en las comunas más postergadas.
Pero no todo ha sido moderación. En la Subsecretaría de Derechos Humanos, el gobierno protagonizó un polémico remezón al desvincular a gran parte de los profesionales ligados al programa de búsqueda de detenidos desaparecidos.
El hecho generó críticas desde las agrupaciones de familiares y puso en duda el compromiso de la nueva administración con una política muy sentida por las agrupaciones de derechos humanos. No agitan la calle pero tienen un peso simbólico innegable.
En paralelo a estas tensiones, el gobierno también extendió una mano a otros sectores golpeados por la crisis. La pesca artesanal, uno de los grupos más movilizados durante el estallido social, recibió una ayuda directa de $90 mil millones, incluyendo subsidios al combustible, condonación de deudas y apoyo a la reconversión productiva hacia modelos más sustentables. Una señal de que el gobierno busca apaciguar los focos de conflicto social con medidas concretas y no solo con retórica.
Otro flanco sensible que el gobierno debió abordar fue la deuda estudiantil. Tras tiras y aflojas, el ministro de Hacienda anunció cambios en el Crédito con Aval del Estado (CAE). Se reducirá la tasa de interés del 2% al 1% para todos los deudores al día. Pero la medida más polémica fue el reinicio de los cobros judiciales a los 110 mil deudores morosos, que acumulan impagos por $1,5 billones.
El gobierno espera recaudar unos $600 millones en el primer año, recursos que, según el ministro, se destinarán a financiar nuevas becas y apoyos para estudiantes vulnerables. Una apuesta arriesgada que busca equilibrar la necesidad de recaudación con la de dar respuesta a una de las demandas más sentidas del movimiento estudiantil.
Mientras el gobierno de Kast navega estos difíciles equilibrios, en la vereda opositora toma fuerza la candidatura de Michelle Bachelet para volver a encabezar la ONU. La ex-mandataria ha concitado crecientes apoyos tanto a nivel nacional como internacional, perfilándose como una figura de estatura global en un momento en que el multilateralismo parece en retirada. Su candidatura emerge como un contrapunto político al gobierno de Kast, un recordatorio de que hay un mundo más allá de las turbulencias locales.
Los gestos de apertura y moderación de Kast se suceden, pero no despejan del todo el escepticismo de quienes cuestionan la profundidad de este viraje. ¿Asistimos a un cambio estratégico gatillado por las urgencias de la coyuntura o a una transformación más profunda en la comprensión del rol presidencial? Es pronto para saberlo con certeza.
El complejo inicio de las primeras semanas de gobierno ha dejado una lección clara: la lógica simplificadora de la campaña permanente, con su énfasis en la confrontación y la promesa de soluciones instantáneas, no es una hoja de ruta efectiva para la difícil tarea de gobernar un país fracturado.
Es la hora de la política con mayúsculas, de tender puentes, construir acuerdos y recuperar la capacidad de diálogo democrático. Esa es la curva de aprendizaje que hoy enfrenta José Antonio Kast. La metamorfosis recién comienza, y su éxito definirá el legado de su presidencia.
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La riesgosa apuesta del gobierno frente a la crisis. Por (@pepe_auth). https://t.co/CvNBPLqI3G
— Ex-Ante (@exantecl) April 1, 2026
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