En una apelación de 110 páginas, la fiscalía buscó refutar que Alberto Larraín careciera de la calidad de funcionario público cuando se suscribió el convenio con el Gore en 2022. La fiscalía insistió también en que hubo un concierto previo entre el gobernador Orrego y Larraín —quien es considerado su ahijado político en la DC— para realizar el traspaso.
Lo nuevo. El fiscal de Antofagasta Cristián Aguilar ingresó este lunes en la Corte de Apelaciones de Santiago la apelación a la resolución del juez Patricio Álvarez que el martes 3 dio un golpe al Ministerio Público.
- Esa noche, Álvarez rechazó dejar en prisión preventiva —o en subsidio con arresto domiciliario— al siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín, en la principal causa del caso Convenios.
- En un documento de 110 páginas al que tuvo acceso este medio, Aguilar buscó refutar que Larraín careciera de la calidad de funcionario público cuando se suscribió el convenio cuestionado, en agosto 2022. Esa calidad es un requisito para configurar el delito de fraude al fisco por el que se formalizaron cargos en su contra.
- Ese año, el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano encabezado por el gobernador Claudio Orrego (ex DC) traspasó $1.683.788.000 a ProCultura —en una sola cuota y sin licitación de por medio— para el programa para prevenir suicidios ‘Quédate’.
- Este traspaso fue autorizado 21 días después de que el 8 de junio de 2022 el Consejo Regional (Core) aprobara la propuesta de Orrego de nombrar a Larraín director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo que dirigía el gobernador.
- En la apelación, el fiscal insistió en que hubo un concierto previo entre el gobernador y Larraín —quien es considerado el ahijado político de Orrego en la DC— para realizar el traspaso.
- Entre los antecedentes que mencionó estuvo la eliminación de mensajes entre ambos, lo que a su juicio mostraría un ánimo de ocultamiento.
- “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo”, escribió Orrego a Larraín por Telegram el 7 de julio de 2023, tras el estallido del caso Convenios.
- Larraín quedó con arraigo nacional, al igual que la representante legal Constanza Gómez, la directora de estudios Teresa Abusleme y su contraparte en el Gore Evelyn Magdaleno.
- El gobernador ha rechazado haber cometido alguna irregularidad.
Por qué importa. La decisión que tome la Corte es vista por cercanos al caso como crucial para el futuro de la investigación, considerada la principal del caso convenios por involucrar a seis gobernadores oficialistas al momento de firmarse los convenios. Estos son Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Chillán, Concepción y Magallanes.
- Esta resolución podría marcar el pulso también de la solicitud de desafuero de Orrego, cuya vista —programada para esta semana— la fiscalía pidió postergar, consignó La Tercera.
- El futuro de ProCultura es también sensible para el Ministerio Público por tratarse de un caso por el que han pasado tres fiscales regionales: el exfiscal Carlos Palma de Aysén; el fiscal de Coquimbo Patricio Cooper y Juan Castro de Antofagasta, a cargo actualmente de la indagación.
Los detalles de la apelación. “No se comparte lo resuelto por el tribunal puesto que de los antecedentes reunidos puede entenderse como justificado los presupuestos materiales y necesidad de cautela”, dijo el escrito.
- Concierto previo. “El concierto previo entre el Sr. Gobernador don Claudio Orrego y el imputado Alberto Larraín, como de este último con las restantes imputadas, puede colegirse de los antecedentes que justificaron la solicitud de prisión preventiva de este interviniente, especialmente por una parte los relativos al vínculo laboral, político y de amistad previo entre el primero con el imputado”.
- Grupo de WhatsApp. “A lo anterior se agregan las conversaciones contendidas en el grupo de WhatsApp denominado ‘Correr el cerco’ entre el imputado Larraín y las imputadas María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, que resultan previas, coetáneas y posteriores a la suscripción del convenio”.
- Mensajes borrados. “Asimismo, con la comunicación que se pudo obtener del teléfono celular de Alberto Larraín con el Gobernador Sr. Orrego, por Telegram, que dan cuenta de la existencia de comunicaciones por WhatsApp que no fue posible recuperar, lo que denota el deseo que no pudiere accederse a su contenido”.
- Funcionario público. “No puede compartirse lo aseverado por el tribunal respecto a que Alberto Larraín no era funcionario público por ser director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la región Metropolitana, por cuanto se trataba de una corporación de derecho privado, similar a las corporaciones municipales”.
- Fiscalizadas por Contraloría. Argumentó que “las corporaciones deberán rendir anualmente cuenta al Gore sobre sus actividades y el uso de los recursos (…) (Y) esta clase de corporaciones están sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República”.
¿Cambio de delito? Uno de los aspectos que a conocedores de la causa llamó la atención de la apelación fue la mención a un cambio del delito base, en caso de que el tribunal discrepara de la fiscalía.
- “En el hipotético evento que esta I. Corte no comparta la calificación jurídica postulada por este interviniente de los hechos formalizados, vengo en solicitar en subsidio (…) se tenga por justificado (…) el delito de apropiación indebida”, dijo el punto 5p de la apelación.
Ojo con. En el punto 87, la fiscalía mencionó la solicitud de desafuero de Orrego, escrito que incluía un antecedente que le trajo problemas en la formalización.
- Esto fue la incorrecta mención de la representante legal Constanza Gómez como contraparte de Alberto Larraín en un audio para describir el “modus operandi” de la fundación. Su defensor Alejandro Alegría destacó que la voz correspondía a la jefa de estudios Teresa Abusleme.
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