Un conflicto de interés derivado de proponer a Alberto Larraín director de una corporación presidida por Orrego y autorizar 21 días después, con la venía del Consejo, el traspaso a ProCultura de $1.683.788.000; la planificación previa del convenio constatada en el grupo de WhatsApp “Correr el cerco” y la irregularidad en la contratación de Gabriel Prado, forman parte de las acusaciones del Ministerio Público contra el gobernador.
Lo nuevo. La Corte de Apelaciones de Santiago podría poner en tabla durante la próxima semana el desafuero al gobernador Claudio Orrego (ex DC) que pidió la fiscalía regional de Antofagasta en la arista metropolitana del caso ProCultura, con miras a pedir medidas cautelares en una formalización de cargos en su contra.
- La audiencia —de concretarse la próxima semana como dijo el presidente del tribunal Fernando Carreño a El Mercurio— ocurriría luego del golpe que recibió el martes la fiscalía.
- Esa noche —tras cuatro jornadas de audiencia— el juez Patricio Álvarez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago criticó la formalización por fraude al fisco del siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín y de otros tres imputados, a los que dejó sólo con arraigo nacional en vez de prisión preventiva o, en subsidio arresto domiciliario, como pedía la fiscalía.
- En este adverso escenario para el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro (que anunció que apelará) es que podría concretarse la audiencia de desafuero de Orrego por fraude al fisco, malversación por aplicación pública diferente y usurpación de funciones.
- La autoridad ha negado haber incurrido en irregularidades en el convenio suscrito en 2022 con ProCultura.
- Éste consistió en el traspaso de $1.683.788.000 —en una sola cuota y sin licitación de por medio— para el programa para prevenir suicidios Quédate.
- De estos quedaron sin ejecutar $1.015.283.548 tras el estallido del caso Convenios en 2023, que la fundación habría destinado para fines distintos a los del convenio, como pagar sueldos de otros proyectos.
- El Gore de Orrego se querelló por esto en mayo de 2024.
Las evidencias. Las evidencias que se espera que esgrima la fiscalía incluyen -a su juicio- el conflicto de interés inicial entre Orrego y su ahijado político en la DC, expuesta en la solicitud de desafuero del 4 de septiembre de 2025.
- Conflicto de interés. En la sesión del 8 de junio de 2022 del Consejo Regional (Core) Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador de nombrar a Larraín director de la Corporación Regional de Turismo presidida por Orrego. Veintiún días después se autorizó la entrega de los fondos a ProCultura para el programa Quédate.
- “Orrego Larraín, al proponer y votar la designación de Alberto Larraín Salas como director de la Corporación, omitió declarar su inhabilidad pese a la existencia de vínculos personales, políticos y laborales previos, infringiendo el deber de abstención y transparencia exigido por la normativa de probidad administrativa, lo que configura una situación objetiva de conflicto de interés”, dijo el escrito.
- Abuso del cargo. “Claudio Orrego Larraín abusó de su cargo de Gobernador Regional Metropolitano y, en consecuencia, de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función y con infracción grave de los deberes del mismo, en la suscripción de convenios y traspasos de fondos a la Fundación ProCultura, sin que esta institución poseyera la capacidad, idoneidad, competencia y experticia para ejecutar los tratos para los cuales había sido contratada”, dijo también el escrito, reiterado en esa parte en la formalización.
Correr el cerco. El documento —que abordó el vínculo que Orrego mantenía hace más de una década con Larraín—, citó párrafos de un grupo de WhatsApp integrado por Larraín llamado “Correr el cerco”.
- “El origen de este programa (Quédate), según los antecedentes recopilados hasta esta etapa de la investigación, puede situarse en el día 08 de agosto de 2021, específicamente en el grupo de mensajería de WhatsApp denominado ‘Correr el cerco’, integrado por Alberto Larraín Salas, Teresa Abusleme Lama (directora de estudios de ProCultura) y Evelyn Magdaleno Gutiérrez (jefa de desarrollo social del Gore)”.
- “Voy a ver si podemos hablar con Orrego la próxima semana”, escribió la última.
- “Posteriormente, el día 16 de septiembre de 2021, en el mismo chat, Alberto Larraín Salas indica: ‘Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes’, ‘para hacer el primer plan regional de salud mental’, ‘pero el quiere ser el primero’, ‘porque no me da para hacer dos ja ja”.
- “Larraín Salas avisa al grupo el día 21 de septiembre de 2021: ‘voy donde Orrego ahora”, “plan regional de salud mental’, “me fue bien’. ‘Le gustó la inter generación (sic)’, ‘y me dijo que quería hacer un programa que hablara contigo para acompañamiento de familia de drogas”.
- “En octubre de 2021, Claudio Orrego Larraín establece como unas de sus propuestas principales e innovadoras la creación de un programa regional de prevención del suicidio, idea que surge de un cabildo de salud mental efectuado en la comuna de Santiago”, dijo el documento.
- “En este contexto, y en ese mismo mes, se instauró la ‘Mesa Regional de Prevención del Suicidio’”, donde asistió Larraín.
El caso de Gabriel Prado. Esos chats también incluyeron una mención a Gabriel Prado, el sicólogo pareja de Abuseleme que “recibió por concepto de remuneraciones con cargo al Programa ‘Quédate’ la suma de $9.866.667, no obstante se encontraba asumiendo funciones como funcionario público y realizando labores para un programa distinto para el cual fue contratado, tal como fue el proyecto ‘Patología Dual’, generando con ello una destinación de fondos públicos a un fin distinto al autorizado por ley, con pleno conocimiento y consentimiento de los funcionarios públicos que habían instado a su contratación, principalmente, el gobernador”.
- Sobre el caso de Prado, el 2 de febrero de 2023 Larraín dijo en el grupo a Magdaleno: “Oye, tú gobernador estaba feliz con la llegada de Gabriel”. Orrego ha dicho que ignoraba su contratación.
Publicaciones relacionadas
