La desconocida historia de las pensiones de gracia: Cuál fue el rol del PC, Piñera, Boric, Monsalve y el INDH

Las pensiones de gracia vitalicias del 18-O tuvieron su origen en una indicación del senador Daniel Núñez (PC) en noviembre de 2020, pero la administración Piñera se resistió en principio a echarla a andar para no reconocer tácitamente que existían violaciones a los DDHH. El INDH puso presión, se abrieron conversaciones con el Ejecutivo y en septiembre de 2021 se aprobó la glosa en el presupuesto. En enero de 2022, antes de que Piñera abandonara el gobierno, se dictó una resolución que exigía entregar antecedentes médicos, no así penales, para otorgar beneficios. Al llegar a La Moneda, en su primer Cuenta Pública, Boric anunció que las pensiones se aumentarían, como ocurrió después con condenados por delitos previos al estallido. A continuación la trama de lo ocurrido en estos 3 años y 2 meses.

La indicación del senador PC Daniel Núñez. El 19 de noviembre de 2020, durante la discusión de la ley de presupuesto, se aprobó una indicación del entonces diputado -actual senador- Daniel Núñez (PC) que “establece una pensión para víctimas de violaciones a los DD.HH. que sean acreditadas por el INDH, para personas que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 octubre de 2019 en adelante”.

• Para entonces, la administración Piñera consideró que otorgar una pensión de gracia en esas condiciones era reconocer tácitamente que existían víctimas de violaciones de los derechos humanos, un asunto que complicaba al ex Presidente y que terminó en denuncias contra él en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La presión del INDH. De acuerdo a quienes participaron de cerca de estas tratativas lo que siguió fue lo siguiente.

• A mediados de 2021 estalló una controversia porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no había otorgado pensiones de gracia para víctimas de violaciones a los derechos humanos, pese a que había una glosa presupuestaria que lo habilitaba para aquello.
• Según lo informado por la entidad en su página web, en 2020, durante la tramitación del Presupuesto de 2021, el Congreso instauró la Glosa 12, correspondiente a Jubilaciones, Pensiones y Montepíos. En dicha sección del Tesoro Público se estableció: “Se podrá considerar como beneficiarios a las víctimas de violaciones a derechos humanos acreditadas por el INDH que a causa de sus lesiones sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”.
• “Esta compensación, que agrega una nueva categoría a los beneficios que por gracia concede el Presidente de la República, dista mucho de ser una política pública de reparación integral, como la que ha solicitado el INDH desde diciembre de 2019. Dicha normativa debiera cumplir con estándares de integralidad, permanencia y suficiencia de recursos. Hasta hoy no se ha avanzado en esta  línea”, indicó el instituto.
• En este contexto el gobierno de Piñera inició una conversación con el INDH.
• La anterior administración pidió a la institución que fijara un procedimiento para recopilar antecedentes antes de entregar los beneficios.

La resolución que desmintió a Monsalve. En septiembre de 2021, al comenzar la discusión del presupuesto del año siguiente, se aprobaron 2 glosas.

• La primera reafirmaba lo expuesto sobre la materia en el presupuesto de 2021. La segunda glosa, sin embargo, establecía: “Se podrá considerar como beneficiarios, a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, conforme a lo establecido en la ley N°18.056 (Establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República)”.
• Una resolución del 14 de enero de 2022 del Ministerio del Interior requirió 5 pasos antes de la entrega de pensiones de gracia: El presentar una ficha de solicitud, un consentimiento informado y antecedentes legales, además de un “certificado de acreditación del afectado en el contexto de manifestaciones realizadas en el mes de octubre de 2019, firmados por la autoridad que representa a la institución que lo postula”.
• También requirió “antecedentes médicos del solicitante, tales como: datos de atención de urgencia, información del servicio médico, u otros que permitan acreditar la calidad del afectado”.
• Vale decir, sí era un requisito entregar antecedentes médicos, pese a que Monsalve planteó en principio lo contrario.
• La resolución de la administración Piñera, de todas formas, no impedía el otorgar pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales previos.
• Pese a estar en la glosa 2, no se entregaron pensiones de gracia a los afectados de la revuelta, como los comerciantes del sector de Plaza Baquedano.

La intervención de Boric. El monto fijado originalmente para los beneficiarios osciló entre 0,3 y 1 ingreso mínimo mensual no remuneracional.

• Pero en su primera cuenta pública ante el Congreso Pública, el 1 de junio de 2022, el Presidente Boric indicó: “Hemos presentado una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social, la cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
• Efectivamente, las pensiones de gracia aumentaron, con firmas de los ministros Tohá y Marcel.
• Se trata, por ejemplo, del caso de Andrés Fuica, condenado por robar un supermercado saqueado durante el estallido social. El 22 de febrero de 2023, Interior timbró el aumento de su beneficio de 0,7 a 1,7 ingresos mínimos no remuneracionales, equivalentes a $504.069.

El rol de la comisión asesora presidencial. Hasta ahora el gobierno se ha referido tangencialmente al rol de la Comisión Especial Asesora Presidencial en Materia de Pensiones de Gracia, el órgano encargado de recomendar cuáles solicitudes de pensiones de gracia deben ser aprobadas o rechazadas. A su entonces presidente, Daniel Jara, se le atribuye cercanía con el subsecretario Monsalve. También participó una representante de Irina Karamanos, dado que en la comisión asesora -desde 2000- incluyó a “un representante designado a propuesta del o la cónyuge del Presidente de la República”. Karamanos no fue su cónyuge, pero como representante del “Gabinete de la Primera Dama” participó Javiera Pizarro Conte (Convergencia Social).

Falta de revisión de antecedentes médicos: Monsalve apunta al INDH. Si el jueves había dicho que el reglamento establecido en el gobierno de Piñera no incluía la entrega de antecedentes médicos, este viernes Monsalve indicó que “los antecedentes médicos los solicita el INDH”. En organismo respaldó 9 casos; de los otros 10 proporcionó antecedentes a la Contraloría el 5 de enero.

• Al contrario de Interior, el instituto ha señalado que no se le encargó acreditar la magnitud de las lesiones, y que el beneficio estaba radicado en el ministerio.
• Como sea, el informe de Contraloría describe graves fallas en el proceso de validación a cargo del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior.
• El informe de Contraloría cuestionó, entre otros puntos, la falta de revisión de los antecedentes de los pensionados, planteando que el DAE se limitó a tener a la vista informes del INDH, además de aumentos de pensiones sin justificación, la no verificación de documentos por parte de la Tesorería General de la República y decretos sin notificación.

Las cifras. Según el subsecretario Monsalve, la administración Boric otorgó 48 pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, uno de ellos, como se mencionó anteriormente, con antecedentes de producción de pornografía infantil. Piñera entregó 21, uno de ellos por abuso sexual a un menor. Las cifras contrastan con las que entregó en septiembre en el Congreso, que las situó en 40 casos, pero, según él, cambiaron a 69 luego de chequear sus extractos de filiación en el Registro Civil.

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