Susana Jiménez (CPC) y su respaldo al plan económico de Kast: “Ordenar las cuentas fiscales es una tarea urgente”

La presidenta de la CPC respalda el paquete económico presentado por el gobierno este fin de semana y afirma que combina medidas de corto plazo para enfrentar el estrés fiscal con reformas orientadas a impulsar la inversión. Advierte que el crecimiento este año podría ubicarse más cerca del 2,5% que del 3%.

-El fin de semana el gobierno presentó el plan de Reconstrucción Nacional, ¿Cómo evalúa las medidas económicas anunciadas por el gobierno?

-Hay medidas muy necesarias dado el contexto actual. Tenemos una situación de bajo ritmo de crecimiento económico, una debilidad ya bastante estructural en el mercado laboral —llevamos tres años con más de 8% de desempleo— y un estrés fiscal que resultó más severo incluso de lo que se había anticipado.

En ese sentido, veo que hay medidas de corto plazo y otras de largo plazo, pero el objetivo que hay detrás, y que compartimos, es redinamizar el crecimiento económico, generar más empleo formal y volver a una convergencia fiscal. Ordenar las cuentas fiscales y reactivar la inversión son tareas urgentes. Estas medidas van al corazón de generar condiciones habilitantes.

-¿Cuáles serían esas medidas más inmediatas?

-En el corto plazo hay una urgencia por ordenar las cuentas fiscales. Ahí están las medidas de reducción del gasto que alcanzan cerca de US$4.000 millones en un escenario donde tenemos un déficit importante y problemas de caja como los que se han conocido en estos días.

También entran la revisión de cómo está funcionando el MEPCO, el acotar gastos en educación superior -por ejemplo, el límite de edad para la gratuidad- y la generación de ingresos de corto plazo, como la reducción del impuesto a las donaciones o los incentivos para la repatriación de capitales. 

-El proyecto incluye rebaja del impuesto corporativo, reintegración tributaria y eliminación de algunos gravámenes. ¿Son señales suficientes para reactivar la economía?

-Precisamente por eso hacía la distinción entre medidas de corto y de largo plazo. Las que inciden realmente en las decisiones de inversión y contratación de empleo formal son las de largo plazo. Ahí están la rebaja del impuesto corporativo, la eliminación de impuestos a las ganancias de capital para fortalecer el mercado de capitales, la facilitación regulatoria para obtener permisos con mayor certeza jurídica y plazos más acotados, y eventualmente mayor flexibilidad laboral.

Todas esas medidas apuntan al corazón de generar condiciones habilitantes para redinamizar la economía y crear empleo. 

-Pero en el corto plazo las rebajas de impuestos pueden significar menor recaudación. ¿No existe el riesgo de que aumente el déficit fiscal?

-En el corto plazo hay un esfuerzo tanto de reducción del gasto como de generación de ingresos. Cuando se habla de incentivar donaciones mediante tasas transitoriamente más bajas o de repatriación de capitales, o de frenar ciertos gastos que hoy están generando una merma importante de los ingresos fiscales, como el hecho de que no se esté cobrando adecuadamente el CAE, se está buscando equilibrar las cuentas.

Además, la reducción del impuesto corporativo probablemente será gradual. Y puede generar una redinamización de la economía que tenga un impacto menor o incluso positivo en las arcas fiscales.

No hay que olvidar que la Comisión Marfán señaló que en los últimos 20 años, producto de las alzas de impuestos corporativos, Chile habría perdido cerca de ocho puntos del PIB. Por lo tanto, no necesariamente hay una relación directa entre bajar impuestos y recaudar menos. Un mayor dinamismo económico puede generar justamente el efecto contrario.

Hay estudios que muestran que por cada punto de reducción del impuesto corporativo se puede generar un impacto positivo de 0,65 puntos del PIB en un plazo de diez años.

-Las medidas sobre gratuidad y el fortalecimiento del cobro del CAE podrían reactivar el conflicto estudiantil. ¿El gobierno debería seguir adelante igual con estos ajustes?

-Hoy existe una conciencia bastante amplia de que la situación fiscal es muy compleja. Si no se toman medidas, se pone en riesgo el acceso al financiamiento para todos: el Estado, las empresas y las personas. Y cada vez aumenta más el pago de intereses de esa deuda.

Las medidas anunciadas en educación superior apuntan a fortalecer el cobro de una deuda pendiente y a limitar los beneficiarios de gratuidad. En muchos países europeos que tienen gratuidad en educación superior el límite de edad es menor. Estamos hablando de personas que a los 30 años llevan más de una década fuera de la enseñanza media.

Son medidas necesarias. Cuánta oposición encuentren o cuán conflictivas resulten será parte del debate democrático, pero existe un consenso bastante extendido en que hay que tomar decisiones para controlar el gasto.

-El gobierno también anunció medidas para destrabar proyectos de inversión. ¿Es la reforma que se necesitaba?

-Aquí hay varios caminos que seguir. Lo más inmediato es destrabar proyectos que ya tienen resolución de calificación ambiental favorable pero que siguen detenidos por decisiones administrativas. Estamos hablando de cerca de US$16.000 millones. Que se revisen los plazos y ver qué proyectos ya cumplieron todas las etapas y que no queden paralizados por burocracia es una muy buena noticia.

Pero también se requieren medidas más profundas. Hay que revisar los permisos sectoriales y también el sistema ambiental. Durante los últimos años se han incorporado muchas exigencias mediante instrumentos infralegales, como guías o documentos de criterio, que no están contemplados en la ley y que han encarecido y ralentizado los proyectos. 

-Las empresas también han enfrentado aumentos de costos laborales. ¿Esperan cambios en esta materia?

-Sí. En el caso de la Dirección del Trabajo ocurre algo similar a lo que mencionaba antes respecto de los criterios ambientales. Se han emitido dictámenes con interpretaciones que van más allá de las competencias de la institución. Esperamos que haya una revisión de cómo se está implementando la ley de 40 horas y eventualmente propuestas que permitan mayor flexibilidad.

Las grandes empresas pueden ajustarse con mayor facilidad, pero muchas empresas más pequeñas han enfrentado dificultades con la suma de medidas laborales: reducción de jornada, alza del salario mínimo, aumento de cotizaciones previsionales. Todo eso ha impactado su capacidad para mantener y crear empleo.

-Varios habían mencionado que la economía podía crecer más rápido. ¿Cómo ve el escenario económico cuando vemos que hay incertidumbre externa?

-Más allá de las expectativas internas, el escenario internacional se ha vuelto bastante más complejo. El alza que hemos visto en el precio del petróleo es significativa y puede tener efectos inflacionarios y de costos para la producción. Si eso ocurre, la posibilidad de que el Banco Central continúe reduciendo la tasa de política monetaria se vuelve más acotada.

Además, el primer trimestre ha sido relativamente débil. Por eso creemos que el crecimiento este año estará más cerca del 2,5% que del 3%, dentro del rango de 2% a 3% que proyectó el Banco Central.

Sin perjuicio de eso, esperamos que las medidas que impulse el gobierno permitan que el crecimiento supere el 3% en los próximos años. Si los últimos cuatro años promediaron menos de 2%, ojalá los próximos cuatro estén muy por encima del 3%.

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