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La permisología es, y seguirá siendo, compleja en todas partes del mundo. Pero la diferencia entre avanzar o estancarse está en la voluntad de encontrar soluciones y en la capacidad de cada actor de asumir su importante rol.
En Chile, la permisología se ha convertido en sinónimo de freno al desarrollo. Sin embargo, las estadísticas muestran que es posible mirarla con una perspectiva diferente, como un ecosistema multifactorial que involucre a las empresas y al Estado. Cada actor puede cumplir un rol irremplazable para impulsar la inversión sostenible, con actitudes proactivas, reformas legales y cambios institucionales.
Los proyectos de inversión deben atravesar el engorroso Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Allí son evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental y otras instituciones con competencia en temas medioambientales, para obtener la necesaria Resolución de Calificación Ambiental (RCA), indispensable para desarrollarlos. Sin embargo, el problema no se acaba allí, debido a la creciente judicialización que enfrentan, aún con una RCA favorable.
Contrario a lo que se podría pensar, los proyectos presentan altas tasas de aprobación tanto en el SEIA como en las posteriores impugnaciones, sean administrativas o judiciales. En el SEIA alcanzan al 94%, en general, y al 97% en el caso del sector minero, de acuerdo a información recogida en Perpromin, el primer Workshop de Permisos para Proyectos Mineros organizado recientemente por B2B Media Group. En cuanto a las impugnaciones, un estudio de Pivotes señala que de los 614 proyectos que ingresaron un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al SEIA desde el año 2013 al presente, 106 fueron impugnados, al menos ante el Comité de Ministros. De ellos, solo en siete se anuló o revirtió una RCA favorable.
Así, el problema principal no está en la aprobación de los proyectos, sino en los tiempos y costos que retrasan la materialización de la inversión.
Si se visualiza la permisología como un ecosistema multifactorial, es posible enfrentarla, al menos, en tres ámbitos: legal, empresarial e institucional. En el legal, ya se aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, destinada a reducir tiempos de tramitación en un 30%. Es un paso importante, que simplifica y moderniza los procesos. Sin embargo, tendrá más efecto en los permisos de menor complejidad, que en aquellos más críticos.
En el ámbito empresarial, hay gran espacio de mejora. De acuerdo a lo levantado en Perpromin, los proyectos deben ser preparados de forma comprensible para los funcionarios a cargo de su evaluación, independiente de la sofisticación técnica que tengan. Por otra parte, es importante mantener sólidas prácticas en la ejecución, porque un buen historial abre puertas para el siguiente proyecto. Las compañías que entienden el sistema como un todo y no solo como un trámite aislado suelen tener mejores resultados. Establecer relaciones profesionales y de confianza con las autoridades fiscalizadoras, cuidando los riesgos de informalidad y corrupción, es fundamental.
Y por el ámbito institucional, sería positivo contar con un cambio cultural de parte de los funcionarios del Estado, además de la existencia de accountability, esto es, la posibilidad de evaluar sus resultados. Recientemente, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público presentó medidas para permitir ahorros fiscales. Una de ellas es la modificación del Estatuto Administrativo, de manera de contar con un sistema con mérito en el ingreso, progresión por desempeño, entre otros. Si bien no tiene un efecto directo en reducción del gasto público, permitiría mitigar sus presiones y va en la línea de obtener mejores resultados de parte de los funcionarios del Estado, con los consiguientes positivos efectos en la inversión.
Dicho cambio cultural en el sistema público también se relaciona con entender que las guías que acompañan a la regulación deberían ser orientaciones con la finalidad de mejorar los proyectos. Por el contrario, muchas veces significan un derecho paralelo, que atenta contra la seguridad jurídica, al ir más allá de ella.
Al considerar las impugnaciones, el mencionado estudio de Pivotes indica que un proyecto puede quedar detenido más de cuatro años después de haber obtenido una RCA favorable, sin agregar mayor valor en términos de riesgos ambientales. Una reclamación ante el Comité de Ministros tarda en promedio un año y siete meses. Si escala a los Tribunales Ambientales, se suma otro año y tres meses. Y si llega a la Corte Suprema, el promedio es un año y dos meses adicionales.
Así, la lógica indica que debería ser el mismo evaluador del proyecto, esto es, el Estado, quien asuma los costos de las impugnaciones y no su titular. Es lo que ocurre en otros ámbitos, como las expropiaciones de Obras Públicas, donde es el Estado quien responde, evitando el peregrinaje judicial que agota recursos y tiempo para las empresas, que son las llamadas a movilizar la inversión. Simultáneamente, se generan desincentivos al uso de las impugnaciones solo para obstaculizar proyectos, aliviando, de paso, la carga del poder judicial.
En definitiva, es posible generar un círculo virtuoso en el ecosistema multifactorial de la permisología. El camino de las soluciones requiere combinar tres ingredientes, que son marcos normativos claros, actitud constructiva de las empresas y un Estado que acompañe el cumplimiento de la regulación, en lugar de obstaculizar.
La permisología es, y seguirá siendo, compleja en todas partes del mundo. Pero la diferencia entre avanzar o estancarse está en la voluntad de encontrar soluciones y en la capacidad de cada actor de asumir su importante rol.
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