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El dilema no es únicamente fiscal. Se trata de definir si el sistema escolar chileno respetará la diversidad de proyectos educativos y la libertad de elección de las familias, o si seguirá penalizando, vía financiamiento, a los colegios que concentran la mayor parte de sus preferencias. Si la calidad y la equidad son realmente el objetivo, se debe avanzar hacia un financiamiento que trate de manera justa a estudiantes en condiciones similares, independientemente del tipo de establecimiento al que asistan.
Un estudio reciente de Acción Educar muestra que, por cada estudiante matriculado, un colegio del Servicio Local de Educación Pública recibe un 27,6% más de recursos que un particular subvencionado, aun cuando ambos atienden a estudiantes de características socioeconómicas similares. Esta brecha de financiamiento no es anecdótica ni reciente. Hace una década, las diferencias en el financiamiento por alumno eran prácticamente inexistentes. Hoy, en cambio, la sola condición de ser un establecimiento fiscal asegura miles de pesos adicionales por estudiante cada mes.
¿Qué hay detrás de esta brecha? En primer lugar, una fuerte reducción de los recursos privados que reciben los colegios particulares subvencionados. En 10 años, los ingresos privados pasaron a representar un 14% de los ingresos totales a sólo un 7,9%. El fin del financiamiento compartido limitó severamente la capacidad de estos establecimientos para complementar la subvención estatal, los cuales, a diferencia de los establecimientos fiscales, no cuentan con otros mecanismos para compensar esa pérdida.
En segundo término, se observa un aumento sostenido de los recursos fiscales destinados a los establecimientos públicos. La Ley de Carrera Docente se aplicó de manera automática en estos colegios, generando incrementos relevantes en los recursos transferidos. Este factor explica cerca de la mitad de la brecha observada en 2024 entre colegios públicos y particulares subvencionados.
A esto se le suma el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que ha canalizado recursos adicionales hacia los establecimientos fiscales. Desde 2024, estos fondos dejaron de estar sujetos a los mecanismos de rendición ante la Superintendencia de Educación, lo que sugiere que la brecha de financiamiento a favor de los establecimientos fiscales está subestimada.
Lo más relevante es que esta diferencia persiste incluso cuando se comparan establecimientos con características similares. Al controlar por ruralidad, región, y nivel de vulnerabilidad, sólo por el hecho de ser un establecimiento fiscal recibe, cerca de $50 mil adicionales por estudiante al mes. Es decir, el trato fiscal distinto no responde a las necesidades reales de los alumnos, sino al tipo de colegio al cual pertenecen.
Esta brecha es profundamente perniciosa para el sistema educativo en su conjunto. No solo contradice el principio de trato igualitario entre estudiantes en condiciones similares, sino que también erosiona la calidad de la educación. Menos recursos implican menor capacidad de inversión en infraestructura, docencia y materiales educativos. Esta realidad afecta sobre todo a aquellos estudiantes vulnerables que, según lo que señala la evidencia, necesitan un mayor desembolso de recursos para poder alcanzar un mínimo de competencias y habilidades que les permitan desarrollarse.
Cerrar completamente esta brecha le costaría al Fisco cerca de mil millones de dólares al año. Pero el dilema no es únicamente fiscal. Se trata de definir si el sistema escolar chileno respetará la diversidad de proyectos educativos y la libertad de elección de las familias, o si seguirá penalizando, vía financiamiento, a los colegios que concentran la mayor parte de sus preferencias.
Si la calidad y la equidad son realmente el objetivo, se debe avanzar hacia un financiamiento que trate de manera justa a estudiantes en condiciones similares, independientemente del tipo de establecimiento al que asistan.
