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Para que el país tenga paz y seguridad, para que la legalidad sirva a los fines de la convivencia democrática, para que retrocedan el temor y la incertidumbre, para que la economía agarre vuelo y se materialicen las expectativas de progreso, hay que dar esta batalla con todo el cuerpo. Es el problema número uno. Hay que golpear juntos.
Son demasiadas las evidencias de que el crimen organizado ha ganado mucho terreno en nuestro país. Los casos de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea comprometidos en operaciones de narcotráfico son, probablemente, solo botones de muestra del proceso de penetración criminal de las instituciones. ¿Qué otras cosas están ocurriendo que ignoramos por completo? ¿Cómo no pensar que la insólita liberación de un sicario venezolano, imputado por asesinato, supone complicidades judiciales o carcelarias ya consolidadas?
Está a la vista que las empresas transnacionales del crimen supieron aprovechar las flaquezas de Chile en un terreno en el que, por largo tiempo, el sentir mayoritario de la población era que nuestro país no estaba amenazado por la criminalidad en gran escala, que casos como los de México, Colombia y otras naciones estaban lejos de nuestra realidad. Tal percepción es cosa del pasado. La experiencia de los últimos años, con secuestros, ajustes de cuentas entre bandas, asesinatos a la luz del día y otros crímenes, han modificado dramáticamente la situación.
Estamos ante un problema que afecta directamente a la seguridad nacional. El país ha llegado a un punto en el que, o enfrenta a este adversario con todas las fuerzas disponibles, o pronto será demasiado tarde, y el crimen organizado habrá reclutado jueces, policías, gendarmes, parlamentarios, militares, alcaldes, empresarios, periodistas, abogados, etc. para que sirvan sus intereses en las más diversas formas.
El Estado está amenazado vitalmente, y corresponde que el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial asuman su responsabilidad. Ha sido enorme el perjuicio de no contar con un sistema de inteligencia y contrainteligencia digno de estos tiempos, y carecer de una política estatal que identifique a tiempo las amenazas e integre a las Fuerzas Armadas y las policías en una estrategia eficaz.
Surgen muchas preguntas respecto de lo que no hicieron los últimos gobiernos. Pero no cuesta identificar el momento del mayor retroceso de las capacidades defensivas del país: se trata, por supuesto, de octubre de 2019. La agresión a mansalva a nuestra convivencia que se consumó entonces, llevada a cabo por fuerzas político/delictuales con apoyo extranjero, consiguió crear una situación de caos que, además de causar inmensos daños, debilitó la legalidad y la capacidad del Estado de proteger a la población.
Uno de los principales objetivos de las bandas criminales fue golpear a Carabineros de un modo de empujar a esa institución a una crisis irreversible. Colaboraron con tal objetivo los parlamentarios PC y del FA que fueron entusiastas voceros de la consigna de refundar Carabineros. En aquellos días, los militantes de la insurrección y los grupos de delincuentes se asociaron para imponer la ley de la selva y hundir a Chile.
A estas alturas, está claro que los grupos más agresivos de la ofensiva antisocial cumplieron la tarea de desgastar a Carabineros, mediante el recurso de crear muchos focos de confrontación al mismo tiempo. Ello sirvió para que las mafias conquistaran nuevos territorios y aprovecharan el campo libre para efectuar grandes operaciones ilegales y consolidar posiciones.
¿Cómo no juzgar duramente a quiénes vistieron de “social” todas las demasías de 2019? ¿Cómo no recordar que las fuerzas que gobiernan con Boric alentaron la barbarie y se frotaron las manos ante la posibilidad de que cayera el gobierno constitucional? ¿Alguien alcanza a imaginar en qué situación estaríamos si se hubiera aprobado la Constitución que proponía desarticular el Estado unitario y crear “autonomías indígenas”?
No hemos olvidado que el gobierno de Boric partió indultando delincuentes con los cuales parecía estar en deuda. Fue la más clara señal de la actitud vacilante que luego predominó en La Moneda respecto del desafío planteado por delincuentes y extremistas, los que habían demostrado ser una misma cosa en la Macrozona Sur. La larga discusión parlamentaria respecto de las reglas del uso de la fuerza es una muestra palpable de los obstáculos “progresistas” puestos en estos años al reforzamiento de la capacidad operativa de las fuerzas policiales y militares para proteger a la comunidad.
Un asunto cardinal de los debates de la campaña electoral debería ser la respuesta de carácter nacional que corresponde dar al crimen organizado. Es valioso que ya se levanten voces, incluidas las de militares en retiro, que sugieren cursos de acción concretos. Lo que se requiere es una política de Estado, que ponga el interés nacional por encima de cualquier consideración partidista y que, por lo tanto, trascienda los cambios de gobierno.
Lo sensato es recoger la experiencia de los países más avanzados en este campo, coordinar esfuerzos con las naciones de la región y definir las tareas específicas que deben cumplir las diversas reparticiones del Estado, en estrecha relación con las organizaciones de la sociedad civil. Si las bandas están operando en el sistema bancario, la pregunta es ¿qué hacen tanto el Estado como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras?
Para que el país tenga paz y seguridad, para que la legalidad sirva a los fines de la convivencia democrática, para que retrocedan el temor y la incertidumbre, para que la economía agarre vuelo y se materialicen las expectativas de progreso, hay que dar esta batalla con todo el cuerpo. Es el problema número uno. Hay que golpear juntos.
Pusilánimes, negacionistas. Por Kenneth Bunker (@kennethbunker).
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