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Chile puede seguir optimizando un modelo agotado o atreverse a rediseñar el sistema operativo del país. Gobernar como siempre es políticamente cómodo. Gobernar para el futuro requiere coraje institucional. El 2026 no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones que asuman que el mundo cambió, y que Chile todavía está a tiempo de cambiar con él.
Si Chile quiere tomarse en serio el 2026, necesita asumir algo incómodo, y es que el mundo ya entró en una lógica de abundancia tecnológica, mientras nosotros seguimos administrando escasez. La brecha no es solo económica, es mental y política.
Hay cinco decisiones radicales, pero perfectamente plausibles, que podrían redefinir el rol del Estado chileno en la próxima década.
La primera es declarar a Chile un sandbox país permanente. No un piloto aislado ni una excepción regulatoria, sino una regla, donde toda tecnología emergente, inteligencia artificial, biotecnología, nuevos modelos energéticos o financieros, puede probarse en el país bajo marcos temporales, con regulación ex post basada en evidencia real.
Hoy regulamos lo que no entendemos, antes de observarlo. El resultado es innovación que se va, talento que migra y reguladores que aprenden demasiado tarde. Un sandbox nacional invierte la lógica, para experimentar primero, aprender rápido y regular mejor. Países pequeños como el nuestro, no compiten por escala; compiten por velocidad de aprendizaje.
La segunda decisión es reconocer que los datos asociados a nuestros recursos naturales son un activo estratégico nacional. Chile cobra royalty por el cobre, pero regala el valor digital que se genera al extraerlo. Sensores mineros, imágenes forestales, datos hídricos, genómica agrícola, todo eso alimenta modelos de inteligencia artificial que hoy se entrenan fuera del país y capturan valor afuera.
Un Data Commons chileno, anonimizado, seguro y abierto para startups, universidades y pymes, permitiría que el conocimiento derivado de nuestra naturaleza se quede y escale desde Chile. Jugadores internacionales podrían acceder, sí, pero pagando. No es nacionalismo de datos, es política industrial del siglo XXI.
La tercera es redefinir el rol del Estado como primer cliente de tecnologías profundas. El sector público chileno compra barato, probado y tarde. Así no se crean campeones tecnológicos. Un porcentaje explícito del gasto público debería destinarse a comprar riesgo. Soluciones que aún no funcionan del todo, pero que podrían cambiar industrias completas. Si fallan, se documenta y se aprende. Si funcionan, el Estado captura parte del upside vía equity, royalties o propiedad intelectual compartida. Corea del Sur, Estados Unidos e Israel no crearon ecosistemas innovadores subsidiando startups, sino comprándoles cuando nadie más se atrevía.
La cuarta decisión es usar nuestra ventaja comparativa en energía renovable abundante y barata. Chile puede ofrecer electricidad a costo marginal cercano a cero para industrias estratégicas como cómputo intensivo en IA, desalinización, hidrógeno verde, nuevos materiales. Esto no es un subsidio, es una apuesta de posicionamiento global. En un mundo donde el cuello de botella es energía y cooling, Chile puede transformarse en infraestructura crítica para la economía digital y climática. No atraeremos centros de datos o fábricas del futuro por bajos costos, sino por abundancia energética sostenible.
La quinta decisión es dejar de ver la crisis climática como un pasivo y convertirla en una plataforma exportadora de soluciones. Chile podría liderar un mercado global de servicios ecosistémicos medidos, verificados y transables. Captura de carbono real, biodiversidad monitoreada por sensores e inteligencia artificial, regeneración de suelos certificada.
El mundo necesita desesperadamente estos servicios. Chile tiene territorio, diversidad climática y capacidad tecnológica para ofrecerlos con credibilidad científica. No se trata solo de proteger la naturaleza, sino de sistematizar su cuidado y convertirlo en desarrollo económico.
Estas cinco ideas comparten una lógica común, y es que el Estado deja de ser un administrador lento de reglas y pasa a ser un arquitecto de futuros posibles. No elige ganadores, pero sí diseña los campos donde vale la pena jugar. No controla cada paso, pero aprende más rápido que los problemas que intenta resolver.
Habrá objeciones. Riesgo fiscal, captura regulatoria, fallas de mercado, desigualdad. Todas válidas. Pero el mayor riesgo hoy no es equivocarse rápido, sino acertar demasiado tarde. Chile ya perdió trenes tecnológicos antes por exceso de prudencia y déficit de visión.
Chile puede seguir optimizando un modelo agotado o atreverse a rediseñar el sistema operativo del país. Gobernar como siempre es políticamente cómodo. Gobernar para el futuro requiere coraje institucional.
El 2026 no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones que asuman que el mundo cambió, y que Chile todavía está a tiempo de cambiar con él.
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Inteligencia artificial (IA): cuando el riesgo macro nace dentro de la empresa. Por Christian Larraín. https://t.co/7LhuyjWM9B
— Ex-Ante (@exantecl) January 15, 2026
