La iniciativa determina la pérdida del cargo si se comprueba el consumo de drogas. El proyecto lo presentó Kast este lunes, a 4 días de la salida del subsecretario de Hacienda por ese motivo. El texto no menciona que la divulgación de los resultados debe ocurrir solo tras una contramuestra (solo así se puede probar si hubo consumo). Ese vacío -clave en la dimisión de Rodríguez- queda pendiente para el debate del texto legal.
Lo nuevo. Este lunes, el Presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de reforma constitucional, que espera ingresar la próxima semana al Congreso, que fija la obligación a una serie de autoridades de someterse a tests para detectar el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas y una nueva causal de cesación para quienes tengan resultados positivos.
- “En esto tenemos que ser inflexibles, no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. Lo hemos visto en otras naciones que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo”, expresó el Presidente en la firma del texto legal.
- La iniciativa —deslizada por Kast durante su campaña— fue presentada cuatro días después de que el Mandatario resolviera remover al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, por haber dado positivo en un examen de consumo de drogas realizado en julio pasado.
- Rodríguez debió salir de su cargo antes de que se realizara una contramuestra. Los expertos señalan que solo con los resultados de ese último procedimiento es posible tener certeza de que existió consumo.
Qué dice la reforma. Según plantean desde el Gobierno, el proyecto busca hacer frente a la dispersión legal que existe en la materia y fijar, como principio en la Constitución, la obligación general de realizarse el test de drogas.
- Por ejemplo, la obligación de que ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicios sean examinadas está establecida en la ley de reajuste del sector público de este año, y la regulación sobre el Presidente de la República está fijada en las partidas de Presidencia de la ley de Presupuesto.
- En el caso de los parlamentarios, la realización de tests está dispuesta en su reglamento.
- La reforma constitucional que propone el Ejecutivo agrega un inciso al final del artículo 8 de la Carta Fundamental, que consagra el principio de probidad en el ejercicio de las funciones públicas.
- La iniciativa establece que ministros, subsecretarios, diputados, senadores, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales tendrá que hacer los tests de droga al asumir sus funciones y periodicamene durante su ejercicio.
- “Los resultados de dichos exámenes serán públicos. La detección del consumo de las referidas sustancias constituirá causal de cesación en el cargo, la que se hará efectiva en la forma que prescriban esta Constitución y la ley”, agrega.
¿Y las contramuestras? En La Moneda señalan que la iniciativa no aborda si los tests deben ser divulgados solo tras una contramuestra, ya que se limita a fijar el principio general y encargar a una ley futura su regulación. Lo mismo ocurre en el caso de la forma en que se concretaría la cesación de la autoridad.
