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Una Cuenta Pública es un acto de rendición de cuentas, y esta llenó el discurso con su lenguaje. El gesto es valioso y la dirección, correcta. La credibilidad de un Estado que se audita a sí mismo se leerá, sin embargo, en una sola métrica: cuántos de los hallazgos de 2026 se transforman en dinero recuperado y sanciones en 2027. Devolverle credibilidad a las cifras fiscales, algo que el propio Gobierno se propuso como meta se consigue cerrando casos. El diagnóstico ya está hecho. Lo que viene es la parte difícil, y es la única que cuenta.
La Cuenta Pública es la rendición de cuentas más vista del país, y la de este lunes recurrió, como pocas veces, al lenguaje del control financiero. Plan de Inspección Total, mil auditores, inteligencia artificial rastreando patrones anómalos, hallazgos cifrados en dólares. Escuchar a un Presidente describir el gasto público con el vocabulario de una auditoría operativa fue, cuando menos, inusual.
Los hallazgos son serios. Más de US$3.000 millones en pagos por sobre lo habitual. Cerca de 10.000 pymes esperando US$250 millones. En la Junaeb, pagos por raciones no entregadas y modificaciones contractuales irregulares. Casi 30 mil licencias médicas cuestionadas. Como diagnóstico, es contundente, y se entrega sobre un cuadro fiscal con déficit estructural en torno a 3,7% del PIB, más del doble de lo comprometido.
Pero la disciplina enseña que el hallazgo es solo la primera parte. La prueba de una auditoría llega después: se mide en pesos recuperados y en sanciones aplicadas. El propio Presidente fijó esa vara cuando reconoció que instruir un sumario no basta. Exacto. Un hallazgo sin solución ni consecuencia es costo hundido. La Fuerza de Tarea Legal para cerrar sumarios, y el compromiso de metas mensuales con encargados que rindan cuenta, son el estándar que él mismo levantó. Ahora corresponde verificar si ese estándar se cumple.
El ciclo de control tiene cuatro eslabones, detectar, investigar, sancionar y recuperar, y en Chile tiende a romperse en los dos últimos. Las licencias médicas lo muestran con claridad: la propia Cuenta Pública habla de 25 mil sumarios instruidos por casos detectados hace más de un año. Pero lo que la ciudadanía espera saber es cuántas destituciones quedaron firmes y cuántos pesos volvieron a las arcas fiscales. La inteligencia artificial acelera la detección; no mueve por sí sola ninguno de los eslabones siguientes. El riesgo es acumular hallazgos que envejecen en un expediente mientras la responsabilidad prescribe. Cerrar esos eslabones es, en rigor, bastante más difícil que abrirlos.
El telón de fondo agrava la exigencia. Chile venía de una de las señales más graves que puede emitir un sistema de control: la abstención de opinión de la Contraloría sobre 73 entidades públicas, por $15,9 billones del período 2020-2024. Sobre ese piso se anuncia institucionalizar el Servicio de Auditoría Interna como colaborador de la Contraloría. Bienvenido, con una condición técnica conocida: la auditoría interna agrega valor solo con independencia, mandato definido y capacidad efectiva de incidir en la corrección de los problemas detectados.
De esos tres atributos, el más frágil es la independencia. El modelo aceptado internacionalmente, el de las tres líneas de defensa, reserva a la auditoría interna la tercera y exige que reporte de manera funcional a la máxima autoridad de la organización, no a los servicios cuyo gasto debe revisar. Una unidad que depende, en los hechos, de las mismas jefaturas que fiscaliza no es tercera línea: es primera línea con otro nombre. Aquí la independencia es la condición mínima para que una auditoría sea creíble y no solo decorativa.
El discurso ofrece, además, un principio de disciplina presupuestaria que merece atención: cada peso debería responder si ayuda a quien más lo necesita, si hace a Chile más seguro y si contribuye efectivamente al desarrollo del país. Como criterio, es sano. Como práctica, exige justamente lo que el diagnóstico echa de menos: evaluación de impacto, trazabilidad del gasto y consecuencias reales para el programa que no rinde. La idea que cruza toda la Cuenta Pública, que el Estado tenía los recursos y lo que falló fue la gestión, solo se sostiene si esa gestión empieza a medirse y a responder. De lo contrario, vuelve a ser un diagnóstico sin tratamiento.
Una Cuenta Pública es, por definición, un acto de rendición de cuentas, y esta llenó el discurso con su lenguaje. El gesto es valioso y la dirección, correcta. La credibilidad de un Estado que se audita a sí mismo se leerá, sin embargo, en una sola métrica: cuántos de los hallazgos de 2026 se transforman en dinero recuperado y sanciones en 2027. Devolverle credibilidad a las cifras fiscales, algo que el propio Gobierno se propuso como meta se consigue cerrando casos. El diagnóstico ya está hecho. Lo que viene es la parte difícil, y es la única que cuenta.
Collahuasi y las falencias de la ley ambiental. Por José Antonio Valenzuela. https://t.co/2ttm2XlOjV
— Ex-Ante (@exantecl) June 4, 2026
