Quién es el abogado cercano al FA detrás de la demanda de comunidades indígenas por 620 mil hectáreas de territorio marítimo

Felipe Guerra es un conocido abogado defensor de comunidades indígenas. Según diversas fuentes, es cercano a Matías Meza-Lopehandía, ex jefe de gabinete de Boric. Las apelaciones en tribunales sobre la definición de espacios costeros para los pueblos originarios se ha convertido en un foco de incertidumbre para los actores privados en la implementación de la Ley Lafkenche.

Lo nuevo. Hace unos días, se abrió un nuevo capítulo judicial en la trama por las dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) en la región de Aysén, denominadas Islas Huichas y Cisnes, las cuales suman 621 mil hectáreas de territorio marítimo.

• Las comunidades indígenas solicitantes, Antunen Rain y Pu Wapi, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique acusando que el rechazo a su solicitud fue arbitrario e ilegal por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén en la sesión del 02 de marzo de 2026.
• Con la nueva arremetida, las comunidades piden que se vote nuevamente las peticiones de espacio costero, y se aprueben total o parcialmente.
• La Comisión está conformada por autoridades públicas, representantes del sector privado y las propias comunidades indígenas.
• El ECMPO de Cisnes fue ingresado en 2016, mientras que el de Islas Huichas en 2017.

Foco de incertidumbre. Las ECMPO de Aysén ya habían sido rechazadas en febrero de 2024. Pero, un fallo de la Corte Suprema, dictado en noviembre de 2025, ordenó retrotraer el proceso para que se votara nuevamente en la CRUBC, tal como solicitaron las comunidades.

• En diciembre de 2025, se rechazó nuevamente por la instancia técnica. Disconformes con el resultado, los pueblos indígenas presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones y la Suprema, pero, ambas acciones fueron rechazadas.
• La impugnación en tribunales de las decisiones tomadas en la CRUBC se ha convertido en un foco de incertidumbre para los actores del sector privado en la implementación de la Ley Lafkenche.
• Esto, porque estas acciones terminan dificultando que las resoluciones se cumplan y dilata las “paralizaciones” producto de los procesos de los espacios costeros solicitados.

Quién es. En sus ofensivas legales, las comunidades son representadas desde 2024 por el abogado de la Universidad Austral (UACh), Felipe Guerra Schleef.

• Guerra también representó a las comunidades indígenas opositoras al proyecto denominado “Central Hidroeléctrica Los Lagos” impulsada por Statkraft.
• La compañía estatal noruega tuvo que enfrentar una Consulta Indígena que se mandató por la Corte Suprema en 2021, pero que recién comenzó a ejecutarse en 2023, tras el hallazgo de restos arqueológicos en el sitio de la construcción.
• Durante la tramitación de la consulta, las comunidades se tomaron un receso de tres meses, argumentando “motivos culturales”.
• Fuentes ligadas a la compañía noruega indicaron que ha sido permanente la estrategia de las comunidades indígenas de presentar recursos judiciales ante la Corte de Apelaciones y la Suprema con el fin de dilatar o frenar la entrada en operación de la central hidroeléctrica.

Financiamiento extranjero. El abogado es coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, dedicado a defender a los pueblos indígenas.

• Esta organización no gubernamental (ONG) está detrás de los procesos legales contra el proyecto de Statkraft en la región de Los Lagos y de la ofensiva de las comunidades por el espacio costero en Aysén.
• Según su sitio web, el organismo ha recibido financiamiento de las embajadas de Noruega, Australia y Canadá.
• Fuentes consultadas dijeron que, Guerra es la “mano derecha” de José Aylwin, cofundador de la ONG e hijo del expresidente Patricio Aylwin.

Cercano a ex jefe de gabinete de Boric. Entre mediados de 2022 y julio de 2023, Guerra fue jefe de gabinete de Nancy Yáñez, mientras era presidenta del Tribunal Constitucional tras ser nombrada por la administración de Boric.

• Yáñez es cofundadora del Observatorio Ciudadano y, en 2009, fue la profesora guía de la tesis de grado del ex jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, titulada “Territorio y autonomía de los pueblos originarios en Chile. Una mirada desde el ordenamiento jurídico chileno y la urgencia del reconocimiento”.
• Tras egresar de Derecho, Meza-Lopehandía -militante del Frente Amplio- trabajó como abogado en el Observatorio Ciudadano.
• Fuentes consultadas detallaron a Ex-Ante que Guerra es una “persona cercana” al ex jefe de gabinete de Boric.
• En 2020, ambos fueron abogados del historiador del pueblo mapuche, Martín Correa, cuando el Estado le solicitó devolver el dinero de la adjudicación de una beca de doctorado en Chile por “incumplimiento”.
• Durante la administración de Boric, Guerra también fue director suplente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la región de Los Ríos.

Organizaciones ambientalistas. Según documentos del Tercer Tribunal Ambiental, en distintas oportunidades, Guerra ha defendido a comunidades indígenas y, paralelamente, la ONG llamada Fiscalía Medio Ambiental (FIMA) también se suma a las causas defendiendo a personas particulares.

• Uno de los casos fue la ofensiva contra el proyecto de la central hidroeléctrica Llancalil, que recibió su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en 2019.
• Tras los reclamos por las comunidades indígenas, el tribunal ambiental ordenó en 2022 revocar la aprobación ambiental de la iniciativa, que se instalaría en Pucón.
• El director ejecutivo de FIMA es el abogado Ezio Costa, cercano al Frente Amplio y el cerebro detrás de la fallida Constitución ecológica.