La historia del Chile post 90 solía leerse como política de grandes bloques, una estructura que otorgaba espesor y previsibilidad a la hora de abordar cómo serían las dinámicas políticas. Sin embargo, los dos últimos Gobiernos en nuestro país han ido contra toda lógica y se han sostenido sobre una “no-coalición”.
Lo que en el mandato de Gabriel Boric comenzó como un experimento de los anillos concéntricos de poder terminó en la fractura de las “dos almas”; hoy, con José Antonio Kast, este fenómeno no solo se ha consolidado, sino que se ha institucionalizado a la hora de ejercer el poder. Esto desafía la historia nacional y también la vasta literatura sobre el presidencialismo.
Estamos ante una apuesta por la identidad pura frente a la gestión de la diversidad. Sin una hoja de ruta que sea colectiva, la probabilidad de naufragio es alta, aumenta el espacio donde crecen la necesidad de diferenciarse, y los costos de este tipo de comportamientos bajan considerablemente.
Para entender la gravedad de este giro, es imperativo recordar para qué sirve, en esencia, una coalición de gobierno. En sistemas presidenciales con Congresos fragmentados como el nuestro, una coalición actúa como el indispensable “piso de gobernabilidad”. No es solo un acuerdo electoral para sumar votos; es una estructura de coalescencia que permite procesar conflictos internos antes de que lleguen al debate público.
Una coalición sólida provee al Ejecutivo de disciplina legislativa para aprobar reformas y ofrece una base de cuadros técnicos y políticos que otorgan musculatura al Estado. Sin ella, está el descampado, un lugar donde el presidente no tiene un grupo cohesionado que encabezar, y su autoridad podría ser rápidamente cuestionada, quedando a merced de los vientos de las encuestas semanales. Ese terreno no solo es aprovechado por díscolos quienes buscan marcar diferencias con la política oficial, también otorga espacios para que los leales encapsulen al presidente. Algo de eso vimos en el cuatrienio pasado.
Los riesgos de no tener una coalición de gobierno son profundos y, a menudo, irreversibles. El principal peligro es la ralentización en la agenda legislativa.
Un gobierno sin coalición se obliga a si mismo a exponerse a negociaciones legislativas más complejas, sufriendo de un desgaste de capital en transacciones que pueden resultar menores. Otro riesgo, es el inevitable aislamiento institucional, donde el Ejecutivo pierde su rol de colegislador para convertirse en un espectador de la agendas individuales de los congresistas.
Además, la ausencia de una coalición elimina los “amortiguadores” políticos: ante cualquier crisis, el impacto golpea directamente la figura del presidente, sin partidos que asuman el costo o defiendan la gestión en el territorio. La Moneda, por lo tanto, ya no es más el lugar donde se manejan las diferencias y busca el diálogo entre los suyos, sus ministros políticos pierden fuerza y autoridad, comienza a superponerse la ley del más fuerte.
A este escenario se suma la erosión de la mediación política. Al prescindir de una estructura orgánica, el Ejecutivo queda prisionero de una “ilusión de mayoría” que solo existe en el número. Sin una coalición que actúe como puente entre la ideología y la realidad posible, el gobierno se transforma en un ente que tiene importantes dificultades a la hora de articular, al menos entre quienes pertenecen a su Gobierno. En última instancia, el riesgo es la irrelevancia: un gobierno que, por querer ser “puro”, termina siendo impotente ante una realidad que le exige, por definición, la construcción de mayorías.
Sin un ethos mínimo, no existe una coherencia política básica, se convierte por lo tanto en una cuestión meramente estética. Gobernar desde esta orfandad despoja al Ejecutivo de su musculatura política. Esta “no-coalición” no es una estrategia de mando, sino el síntoma de una política que ha renunciado al ejercicio de hacer política, y ha convertido al gobernar en una mera administración.
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