Las buenas políticas públicas en salud tienen efectos concretos en la vida de las personas. Según la OCDE, al 2025, Chile alcanzó una esperanza de vida de 81,6 años. En apenas tres décadas, las personas ganaron más de diez años de vida. En materia sanitaria, este es un logro extraordinario. Una victoria de la medicina, del desarrollo y del esfuerzo de millones de familias.
Pero toda victoria revela una nueva frontera. Arrastra nuevos desafíos.
Porque ese mismo informe que celebra la extensión de la vida muestra una verdad incómoda: 151 chilenos por cada 100.000 habitantes mueren por causas que la medicina moderna sabe y, lo que es peor, puede evitar. Estas personas no mueren porque la ciencia no brinde soluciones a esos males. Mueren por falta de oportunidades o acceso a esas soluciones.
Mueren esperando.
Mueren esperando una consulta, un diagnóstico o un tratamiento que existe, pero no llega a tiempo. Mueren esperando un medicamento que puede cambiar su historia, pero que no está disponible cuando lo necesitan. En los últimos cinco años, el gasto del Estado en sentencias judiciales contra FONASA por tratamientos de alto costo se multiplicó más de siete veces, superando los $90 mil millones anuales. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una urgencia que no pudo esperar al sistema.
Esta presión latente en el actual sistema de salud solo va a crecer. La OCDE advierte que actualmente el 30,7% de los adultos en Chile vive con obesidad, una de las tasas más altas entre los países desarrollados. Esta realidad que exige campañas de prevención y educación anticipa, en caso de no tomar medidas, un aumento sostenido de enfermedades crónicas, que exigirán más atención, más recursos y, sobre todo, más presión ante el sistema sanitario.
Entonces, el desafío ya no es solo extender los años de vida. Es llegar a tiempo a las necesidades que requiere este nuevo escenario.
Los sistemas de salud de países que han enfrentado exitosamente desafíos similares se sostienen bajo los siguientes pilares: un sistema que se organiza en torno a las necesidades de las personas, y no de las instituciones. Para que esto ocurra, el ingrediente fundamental es la transparencia.
Las personas deben saber dónde pueden acceder a una mejor atención, más rápida y de calidad. Esa información transforma al paciente en ciudadano con libertad para escoger y decidir.
Esto implica garantizar el acceso a la salud sin barreras arbitrarias. La atención no puede depender de filtros discrecionales. Todos deben tener las mismas oportunidades reales.
Por otro lado, se debe asegurar que el nivel de ingreso no determine la oportunidad de vivir. Ninguna persona debería quedar atrapada en una lista de espera porque no puede pagar, ni verse obligada a recurrir a un tribunal para acceder a un tratamiento que la medicina ya ofrece.
Y exige un cambio clave: que el financiamiento siga a la persona; que los recursos públicos acompañen al paciente y no queden atrapados en la estructura y que cada persona pueda atenderse con el prestador acreditado que le ofrezca la solución más oportuna, sea público o privado.
Cuando los prestadores reciben recursos porque resuelven problemas, el sistema mejora. La calidad aumenta. Los tiempos de espera bajan. La dignidad del paciente se recupera.
Nada de esto debilita al Estado. Por el contrario. Lo fortalece al cumplir su rol de garantizar salud de calidad, equidad y que nadie quede excluido.
Chile demostró que puede extender la vida. Ahora debe demostrar que puede cuidarla.
La verdadera equidad no es que todos estén en la misma fila.
Es romperlas.
Y que nadie tenga que esperar cuando su vida depende de ello. Porque un sistema centrado en las personas no pregunta por el entorno económico del paciente.
Pregunta qué necesita.
Y responde a tiempo.
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