Julio 16, 2022

Siete nudos a tener en cuenta en tiempos de naufragios constitucionales. Por Bernardo Solís

Ex-Ante
Oscar Landerretche

El libro de Landerretche – escrito antes que se redactara el texto final de la propuesta constitucional – puede leerse como el necesario baño de realidad que le faltó a la Convención y que llevo al autor a inclinarse por el Rechazo.


“El poder comparte los atributos de la farmacéutica: es veneno y necesidad”, escribe Óscar Landerretche casi al comienzo de Siete Nudos. Las tensiones económicas del proceso constituyente (Paidós, Colección Hoja de ruta, 2022, 120 páginas). Y enseguida precisa: “la solución constitucional para ello también se emparentó con la del boticario: prescribir dosis con cuidado; si muy poca, no habrá efectividad en la acción pública; se demasiada, se corre un riesgo mortal”.

Escrito cuando todavía no alcanzaban a imprimirse los primeros borradores del borrador del borrador de la primera versión de la propuesta que se plebiscitará en septiembre, Siete Nudos se concentra en un grupo de temas que el autor, en ese entonces, confiaba o soñaba que la recientemente desaparecida Convención tratara a fondo. Estos nudos eran subsidiariedad, propiedad, solidaridad, descentralización, autonomía técnica, iniciativa presupuestaria y gestión pública.

El libro transita por esos nudos, y Landerretche va presentando los problemas, sus consecuencias y posibles soluciones, todas sensatas. Especialmente interesantes son las que vienen de la gestión del economista a la cabeza de Codelco, que recuerdan que el que escribe es un economista pero también alguien que estuvo en metido en la cocina de la principal empresa del país y que, como recuerda en este libro (y en otros), debió reforzar las medidas asépticas para mantener la autonomía de la cuprífera y a los políticos de todo color y calaña lejos.

Hay en el libro buena fe a lo que por entonces se estaba trabajando en los salones del Congreso de Santiago. Y una idea que cruza el libro es precisamente la esperanza de una discusión racional de los temas (“en simple: para crear poder, tenemos que limitarlo”, dice). Para que el trabajo de la Convención no sea un desperdicio.

Hoy, cuando hasta el presidente se prepara para la posibilidad de un rechazo a lo escrito por los 154 convencionales, el libro de Landerretche podría servir para orientar la parte de la discusión más técnica que debe darse. Y aunque eso no pasara: ahora mismo el libro sirve para ver los vacíos que dejó la discusión constitucional que terminó recién en el texto a aprobar o rechazar en seis domingos más.

El libro también enseña otra cosa, que hasta podría ser un octavo nudo no previsto por el autor: en qué medida el problema se concentra en los actores del sistema, porque cada solución técnica sobre la que reflexiona Landerretche en el libro, como la posibilidad de un Estado empresario pero con sólidos gobiernos corporativos, choca con la realidad.

Así como el libro puede leerse como el necesario baño de realidad que le faltó a la Convención en su momento, también puede ocurrir con algunas de las soluciones que se presentan, que puede que ya no se encuentren con convencionales disfrazados de dinosaurios pero sí con diputadas bailando a lo Naruto en la Cámara luego de aprobar el primer retiro de fondos de las AFP como vimos hace no poco.

Por ejemplo, dice Landerretche cuando habla de la iniciativa presupuestaria y el parlamentarismo de facto: “En ese contexto, muchos se cuestionan legítimamente si tiene sentido hacer transitar a Chile hacia un régimen político en que el Parlamento juega un mayor rol. Se preguntan: ¿parlamentarismo con este Parlamento? ¿semipresidencialismo con este Congreso? (…) Mi respuesta es… sí, pero no. Sí, más atribuciones para el Parlamento. Sí, un proceso político más adaptable y flexible. No, a este tipo de comportamientos y política de baja calidad”.

El libro tiene la lógica de la advertencia. Landerretche expone cada uno de los nudos que detecta, los describe y luego señala las probables consecuencias que tendrán, así como la forma racional de enfrentarlos.

Eso ocurre cuando comienza a hablar de los derechos, en el nudo de la solidaridad, que presenta como el necesario balance de lo que llama “trinidad republicana”, la triplete francesa de libertad, igualdad y fraternidad.

Importa destacarlo porque los derechos presentados en la propuesta descansan precisamente sobre un sistema político sobre el que Landerretche tiene una serie de temores. El principal, que termine en la judicialización de la política social, un proceso que teníamos desatado desde antes de los sucesos de octubre de 2019. Esa, dice, es “una de las expresiones más elocuentes de la descomposición institucional de nuestro país”.

Por eso se entiende este deseo suyo sobre la propuesta que se redactaba: “Sería deseable que el nuevo texto constitucional definiera, con mucha mayor claridad, esta separación de funciones y radicara la definición de políticas sociales en el ámbito democrático. Pero, para eso, se necesita definir con claridad cuáles son esos derechos y delimitar nítidamente cómo se determinará su provisión”.

La sola formulación de los derechos sociales en la Constitución, dice Landerretche, no es suficiente para garantizarlos, y por eso recuerda los casos en las políticas sociales constitucionalizadas no se cumplen. El derecho al trabajo, en la carta italiana, por ejemplo, que lo mueve a escribir que “no hay ninguna evidencia de que escribir el derecho al trabajo en la Constitución haya invocado el fin del desempleo ni la materialización del trabajo decente. Más bien, esa declaración es una manifestación de principios. Ya lo hemos dicho anteriormente: las constituciones no son, solamente, un manual de reglas de la política; pueden ser, también, un documento declarativo sobre la voluntad colectiva de una comunidad nacional”.

Y acá viene la advertencia sobre lo que puede pasar, que en este caso, es el activismo judicial en un país en que sus ciudadanos podrían empezar a judicializar la demanda literal de los derechos consagrados en la Constitución, de forma que las políticas públicas pudieran terminar en manos de los jueces, que no han sido electos por el pueblo.

Dice sobre esto: “Además, este activismo genera una economía política que terminaría por destruir lo que quede de independencia judicial, generando un fuerte incentivo para que el poder económico y político concentre sus esfuerzos e influencia en afectar el proceso de designación y ascenso de fiscales y jueces. En el corto plazo, algunos activistas encontrarán satisfacción en ciertos fallos; en el largo plazo, se enfrentarán a un poder judicial cooptado por el poder y la plata”.

Para cerrar el punto, Landerretche plantea un ejercicio intelectual que reconoce absurdo: imaginarse que se impusiera a los jueces que cada vez que fallen entregando un nuevo beneficio deban decir específicamente de qué glosa presupuestaria se va a sacar el financiamiento de lo que acaban de fallar. Por absurdo que sea el ejemplo, sí ronda en lo que Landerretche propone en todo el libro y que ruega al trabajo de la Convención: responsabilidad.

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