Con un estreno marcado por los errores no forzados, el presidente de la República congregó a sus colaboradores para tratar de ordenar la casa. Lo primero que se intentó en el evento fue arropar a su ministra del Interior, la “primus inter pares” la llamó Boric, sumándose con ello al esfuerzo coordinado que el PS había desplegado para apuntalar a la ministra, cuyos más ácidos contradictores -y no es casualidad- están en el PC.
La reunión se dio en una semana propicia. Al menos en lo interno, la jugada Marcel-Tellier para contener el 4º retiro había generado fricciones, pero también alineamientos que, hasta entonces, no había producido la agenda política del Gobierno. Incluso el presidente del PC se sumó al coro de respaldo a Siches esta semana y en medio de todo ese entusiasmo, el presidente Boric decretó el fin del período de instalación.
Con esa declaración como marco, la intención del Gobierno es, al parecer, dar vuelta la página del cúmulo de errores, desencuentros y descoordinaciones que han marcado los primeros días de mandato y de ella se desprende que, ya que los desaciertos estarían dentro de una especie de ensayo general (la instalación), los actos que le siguen ahora van “en serio”.
Pero en los tiempos que corren las declaraciones grandilocuentes suelen chocar de frente con la realidad y al mirar ésta, a la luz de los factores estructurales del desorden oficialista, la voluntad del primer mandatario parece insuficiente para conseguir “crear realidad” como gusta decir a los cultores de las metodologías de autoayuda.
En frecuencia alta, el principal factor de tensión oficialista es la inorgánica relación de las dos coaliciones oficialistas que, en sus polos, tienen al PS y al PC en abierta oposición y desconfianza entre si y al Frente Amplio como los amigos de una pareja en pleno proceso de divorcio (no civilizado).
Al no resolver ese nudo, el Gobierno difícilmente mejorará su coordinación interna y su performance legislativa, toda vez que, incluso si se tratara de un matrimonio bien avenido, las dos coaliciones no son suficientes para dotar de mayoría al gobierno en una diversidad de materias.
Esa tarea es, sin duda, una de las primeras que debería resolver el equipo político y de manera muy particular la ministra del interior. Sin embargo, a la fecha no se ve mucho más que dinámicas de grupo a cargo del Presidente, que sobra decir que no son un espacio que se pueda usar seguido para poner orden en la sala.
Es posible que, como pasa de facto en otras materias que han quedado vacantes, una parte o toda esa responsabilidad recaiga en el subsecretario Monsalve, pero el Estado tiene sus complejidades y por talentoso que sea un subsecretario -aunque suene obvio- no es el ministro.
En frecuencia más baja, los problemas de organización del Gobierno y su toma de posesión del aparato estatal parecen aún lejos de haber concluido. Las movilizaciones de camioneros de los últimos días han mostrado una disparidad de criterios (y rendimiento) a nivel regional, en dónde hay delegados presidenciales con vocería y agenda y otros que parecen enterarse de los “ultimátum” por la prensa.
En materias más pedestres, no son pocas las reparticiones públicas que no cuentan con la cantidad de fotos oficiales del Presidente para colgar en sus oficinas y han debido privilegiar las de más alto rango, dejando clavos vacantes en muchos muros.
Así las cosas, la promesa de poner fin a la instalación por decreto parece hacer agua “por arriba” y “por abajo”, además de tener el potencial de incubar una nueva crisis en la administración. Si en las semanas que vienen, la esperada agenda legislativa del Gobierno comienza a naufragar en el Congreso y los partidos toman posiciones antagónicas y desafiantes -como ya han anticipado en los prolegómenos-; si los conflictos de carácter nacional siguen teniendo tantos voceros como localidades y si siguen sin llegar las fotos del Presidente, ya no quedará funcionario o asesor al que culpar, ni período de instalación que cerrar. En este caso, las palabras si habrán generado realidad y ésta no será una muy grata.
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El abogado Gabriel Osorio (PS) integró la Comisión Experta, que acaba de entregar su propuesta, que será un insumo para el Consejo Constitucional. “Yo no tengo ningún prejuicio con el Partido Republicano ni con ningún partido político. Yo más bien tengo el deseo de que se dé una buena discusión. Nada más”, dice.
La Contraloría actualmente está revisando el decreto complementario de la ley sobre control de armas. Diversas asociaciones de armas han ingresado alrededor de 10 mil denuncias al ente contralor, argumentando que el decreto “contiene ilegalidades, transgresiones y omisiones que comprometen no solo la legalidad e integridad de reglamento complementario, sino su aplicación en la práctica”.
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